El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones sumarias —conocidas como devoluciones en caliente— y que España tiene "mecanismos en frontera" y las "soluciones necesarias en términos de protección oficial", aunque reconoce que se "pueden mejorar".
Durante su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso, para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento, el ministro se ha referido al contenido de la sentencia que se hacía pública la semana pasada para indicar que el país "cuenta con mecanismos suficientes para la asistencia en frontera para las solicitantes de protección internacional".
"Podemos mejorar, pero las tenemos", ha apuntado a continuación el ministro, para señalar que en materia de devoluciones sumarias su departamento "aplica la normativa internacional", así como la española, que "es trasunto" de la Ley protectora de los derechos y libertades funda de todos los ciudadanos. Todos los grupos parlamentarios han interpelado a Grande-Marlaska en esta sesión sobre la sentencia de Estrasburgo y la situación de los migrantes en las vallas de Ceuta y Melilla.
PP y Vox han sido los únicos partidos que no han rechazado la sentencia del TEDH. De hecho, la portavoz de Interior popular, Ana Vázquez Blanco, ha bromeado con el hecho de que al PSOE "le guste más que al PP" hacer devoluciones sumarias. "Y las hacen más a menudo", ha apuntado. Como solución, la diputada ha pedido al ministro un "protocolo" en esta materia para las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en la frontera y, además, le ha pedido que no "mueva" las concertinas.
La portavoz de Justicia de Vox, Macarena Olona, por su parte, ha celebrado la decisión de Grande-Marlaska de elevar las vallas en un 30%, lo que implica que en algunos puntos alcanzará los diez metros. Sí le ha pedido más precisión a la hora de informar sobre las fechas y planes en esta materia.
El discurso del resto de partidos de la oposición ha sido el contrario. Han reprochado al titular de Interior esta práctica y, en algunos casos, le han recordado que la sentencia de Estrasburgo no es de obligatorio cumplimiento. Desde Esquerra Republicana, su portavoz en esta materia, María Carvalho, ha lamentado el "giro peligroso" que supone esta decisión y ha apelado al "coraje político" de Grande-Marlaska para pedirle que "derogue" la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como Ley Mordaza-- que es la que permite esta práctica.
Carvalho también ha criticado la labor de Interior en materia de asilo y ha denunciado la situación de "atasco" que existe en las oficinas de extranjería. Según ha indicado, mientras esperan una cita para solicitar protección internacional, hay muchos migrantes que están durmiendo en la calle, "incluidos niños".
Sobre asilo, también ha hablado el portavoz de EH Bildu en esta comisión, Jon Iñarritu. El diputado, que ha calificado de "disgusto" el texto de Estrasburgo, ha recordado al ministro que, según datos de Acnur, el 80% de las personas que cruzan la frontera española por Ceuta y Melilla "son potenciales solicitantes de protección". Sin embargo, cuando llega se encuentran las oficinas cerradas. En su intervención, Iñarritu apunta a que, en muchos casos, "Marruecos impide la entrada" a estas personas, una actitud que, a su juicio, se les solicita desde España y desde la UE. "No tengo pruebas pero sí indicios", ha señalado.
La CUP, por su parte, acusa al Ejecutivo de hacer una política migratoria basada en "el racismo institucional", en "la privación de la libertad" y en "la persecución". Su representante, Mireia Vehí, ha hecho suyas las denuncias de ONG en frontera que aseguran que en España se "encierra en centros a personas que no han cometido delitos", se deporta a migrantes "sedados" o se hacen "redadas por perfil étnico". Para Vehí, no todas las medidas que están recogidas en la ley y, por tanto, son legales, "amparan los derechos humanos".
Sobre el cumplimiento de estos derechos también se ha interesado el portavoz de PNV, Mikel Legada, y en concreto sobre si el Gobierno va a seguir haciendo devoluciones sumarias "sin individualización". A su juicio, el Ejecutivo debería poder singularizar los casos que llegan a frontera. Su homólogo de JxCat, Sergi Miquel, ha llamado al PSOE a la "coherencia" y a derogar la ley mordaza que ellos mismos enmendaron porque "vulneraba los derechos humanos".
A las críticas de la oposición ha contestado el socialista David Serrada, quien ha alabado la política "proactiva" del Ejecutivo en esta materia. Así, ha señalado que España se ha desplazado para conseguir la cooperación de los países de origen y tránsito y ha iniciado un liderazgo en la UE sobre este tema. AL respecto, Serrada ha criticado la "desidia" del PP durante su mandato en materia migratoria.
Mientras, Unidas Podemos, ahora también en el Gobierno, ha destacado la importancia de una nueva Ley de asilo. El portavoz morado de Interior, el diputado de IU Enrique Santiago, le ha recordado, además, al titular del ramo que el país necesita "vías legales y seguras" para los migrantes.
Durante la comparecencia, tanto ERC, como la CUP y PNV, se han referido al futuro de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España. Mientras los dos primeros reclamaban su cierre definitivo, los nacionalistas vascos han señalado a Grande-Marlaska tres puntos necesarios para conseguir un cambio. A su juicio, el personal actual, la Policía, no está "preparado" para tratar con los migrantes; la arquitectura de estos sitios genera "indefensión" a los internos al ser similar a una cárcel y el sistema necesita más medios.
En este sentido, el ministro ha señalado que su intención es realizar cambios en dicha línea y ha indicado que esta política se podrá ver en el nuevo centro de Algeciras que se está construyendo desde cero y que espera que esté funcionando en unos "tres años o menos".