El PSOE-A, por boca de su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha denunciado ante el Ministerio Fiscal unos 4.000 enchufes exprés por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Las contrataciones se han hecho sin respetar los principios de libre concurrencia, sin respetar mérito, ni capacidad de los aspirantes a los que solo se les apremiaba a enviar en 24 horas su currículo por correo electrónico.
A juicio de Férriz esta práctica ha sido "un coladero de enchufismo para beneficiar a quienes ellos quieren, usando la pandemia como excusa". En rueda de prensa, la dirigente socialista ha afirmado que "el señor Moreno Bonilla y su gobierno se saltan alegremente la igualdad, la libre concurrencia, la publicidad, el mérito y la capacidad, en el acceso a un puesto de trabajo en la Junta de Andalucía; pisotean la normativa sobre contratación pública y retuercen de manera indigna la situación de extrema gravedad y necesidad causada por la pandemia del coronavirus".
"En el PSOE —ha anunciado— hemos presentado una denuncia ante Fiscalía para que abra una investigación sobre la convocatoria de contratos exprés del señor Moreno Bonilla para determinar si su Gobierno ha cometido uno o varios delitos de prevaricación administrativa. La Fiscalía debe determinar si hay responsabilidad en la manera de proceder del señor Moreno Bonilla y de su Gobierno en la Junta. Planteamos que se investigue la convocatoria de en torno a 4.000 empleos públicos realizados por la vía del contrato exprés, además de otras convocatorias en las que ni tan siquiera se indicaba el número de puestos que se ofertaban".
Por vía contecioso-administrativa, la Junta se ha visto obligada a anular un total de 21 convocatorias de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino realizadas durante el año 2020 tras un sinfín de sentencias judiciales que recriminan a la administración el procedimiento de selección. La elección de los candidatos de los candidatos se basaba en el orden de llegada de correos electrónico sin ningún tipo de control. La Junta, para ello se escudó en que estaba en el "marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el covid". Ahora, el PSOE-A quiere depurar responsabilidades por vía penal ante un posible delito de prevaricación continuada, algo que deberá determinar en el marco de su investigación Fiscalía y un juez que considere que haya que abrir diligencias penales por estas prácticas.
"Los contratos de personal interino para la administración, los contratos exprés, se suman a los 21.000 contratos de emergencia. Son procedimientos para contratar de forma fraudulenta suministros y servicios, y personal. Son procedimientos que el señor Moreno Bonilla hace de manera consciente para perjudicar a quien ellos quieren, perjudicando a empresas andaluzas y a miles de andaluces y andaluzas que no pueden acceder en igualdad de condiciones a un contrato por parte de la administración autonómica", ha señalado Férriz, quien asegura que desde el Ejecutivo andaluz "no han dado explicaciones" sobre estos abusos con la excusa de la pandemia.