“Apenas me salen las palabras del cuerpo”, decía la exalcaldesa Pilar Sánchez cuando firmó en nombre del Ayuntamiento de Jerez, en 2009, un preacuerdo con la empresa Zahav Automobile Co. Ltd., de capital chino-iraní, para instalar una fábrica de todoterrenos en la Ciudad del Transporte. Meses antes se había desatado una guerra entre poblaciones de la provincia para acoger un proyecto que hasta se rumoreó que podía acabar en Málaga. Pero Jerez fue el destino elegido para una factoría en la que estaba prevista una inversión de 50,7 millones de euros y la creación de, al menos, 540 empleos directos.
Poco antes de sonar la posibilidad de que Zahav se instalara en la provincia, Delphi cerró sus puertas dejando a casi 2.000 trabajadores en la calle, por lo que se hacía necesaria la llegada de nuevas inversiones a una provincia castigada duramente por el desempleo en el inicio de una crisis, entonces, de dimensiones incalculables. Cerca de esos terrenos se podía haber instalado Zahav, según aseguró en su momento el consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, que confirmó la llegada de la empresa a la provincia en 2008.
La maquinaria se puso en marcha. La parcela municipal ubicada en la Ciudad del Transporte pasó de tener uso como equipamiento público a uso para actividades económicas, tras una recalificación y su aprobación en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Zahav mostró su interés en “desarrollar su actividad en la ciudad siendo requisito indispensable para ello la obtención de unos terrenos adecuados para su efectiva implantación”.
La idea inicial era que Zahav empezara a fabricar vehículos todoterreno en apenas dos años —hacia mediados de 2011—, con una previsión que pasaba por ensamblar entre 10.000 y 15.000 todoterrenos cada año, aunque esperaba llegar hasta los 30.000 anuales cuando estuviera a pleno rendimiento. Pero de querer tener la planta lista en dos años, Zahav habló de contar con ella en apenas año y medio, aumentando la inversión desde los 50,7 millones de euros iniciales hasta 92,3 millones.
Fue en 2011 cuando la oposición empezó a criticar ferozmente el proyecto, en vista de que no se materializaba lo prometido por la empresa, que entonces hablaba de apenas 26 empleos —en vez de los más de 500 del principio— y de usar 40.000 metros cuadrados de una parcela que tenía más de 120.000. Los impagos a constructoras y proveedores comenzaron entonces a copar titulares de prensa. De hecho, Zahav mantiene una deuda de casi 2,5 millones de euros con el Grupo Inversor Masol, una empresa de origen jerezano que actualmente reclama esta cantidad en los tribunales.
El Ayuntamiento de Jerez recuperó los terrenos en 2016, tras el proceso judicial iniciado en 2014, con la popular María José García-Pelayo como alcaldesa, cuando la extinta Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) demandó a Zahav por los incumplimientos en los que incurrió la empresa desde la firma del acuerdo con el Consistorio en 2009. “Ha sido un proceso que nos ha llevado más de dos años, pero finalmente el Ayuntamiento puede recuperar unos terrenos que ahora sí podremos poner a disposición de emprendedores y empresarios que realicen una actividad que reporte beneficios a los jerezanos, generando empleo y riqueza”, señalaba entonces el gobierno local, ya con Mamen Sánchez como alcaldesa.
“Desde el primer momento este gobierno no ha querido negociar con la empresa, a pesar de los reiterados intentos de la misma por sentarse con nosotros. No estamos dispuestos a que nadie venga con falsos proyectos y promesas que después no va a cumplir”, dijo la alcaldesa Mamen Sánchez poco antes de materializarse la recuperación de los terrenos, que saldrán a licitación próximamente.
La idea del Ayuntamiento es iniciar un procedimiento para sacar a la venta los terrenos, divididos en tres parcelas, que el gobierno local tasó en un primer momento en más de ocho millones de euros. De momento, está sirviendo para almacenar los contenedores antiguos retirados de las calles de la ciudad tras la llegada de la nueva concesionaria de limpieza viaria, la UTE formada por FCC, Cointer y Equal, y que se analizarán para retirar los defectuosos, y así reforzar eventos con gran afluencia de público o polígonos industriales que lo requieran.
La construcción de la nave que hay en los antiguos terrenos de Zahav corrió a cargo del Grupo Inversor Masol, al que la empresa adeuda más de 2,5 millones de euros, que ahora reclama judicialmente al Ayuntamiento, actual propietario de la parcela donde se ubica. "Se trata de una empresa familiar jerezana que se encuentra en una situación muy grave", apuntan fuentes cercanas a la sociedad a lavozdelsur.es, que apenas ha cobrado 30.000 euros en concepto de limpieza de los 120.000 metros cuadrados que ocupan los terrenos.
"El propietario de la empresa tiene derecho a cobrar, pero es a Zahav a quien le tiene que reclamar la devolución", aseguró al alcaldesa en 2017, unos meses después de que el Ayuntamiento recuperara los terrenos. La sentencia judicial no recogía que el Consistorio tuviera que abonar una indemnización al constructor de la nave, que reclama su derecho a cobrar diez años después de la llegada de Zahav a la ciudad.
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