El malestar por la subida de la luz es evidente. Las facturas desorbitadas y el encarecimiento del precio por parte del oligopolio eléctrico dejan fuera de juego a numerosas familias que se ven obligadas a poner una lavadora a horas intempestivas. Las que todavía pueden hacerlo. Otras sufren la pobreza energética que asola a Andalucía, sexta comunidad autónoma de España con un mayor porcentaje de población en esta situación.
Según un estudio elaborado entre 2011 y 2017 por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), el 9,2 % de andaluces, más de 770.000, cifra superior a la media española (8,3%). En los últimos meses, los datos siguen la misma dinámica desde que el precio de la electricidad ha alcanzado valores históricos llegando a elevarse a 204,09 euros/MWh, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Las administraciones públicas intentan tomar medidas favorables para los hogares y poner fin a este incremento. Todo un reto cuando el propio Pedro Sánchez asegura que no puede hacer nada para evitar que la luz siga subiendo porque son "unos mercados que trascienden la dinámica nacional y europea".
De momento, para “aportar humildemente nuestro grano de arena”, Adelante Andalucía arranca este jueves una campaña “muy profunda” contra las eléctricas y la subida de la factura de la luz en todas las provincias de forma simultánea. Su objetivo es concienciar de que "hay que cambiar radicalmente la política energética".
“Un sector estratégico como la electricidad tiene que estar en manos públicas”
La calle Algarve de Jerez ha sido testigo de esta protesta con la que los transeúntes se topaban al atravesar la estrecha vía. Allí, frente al Punto de Servicio Endesa la Asamblea de Adelante repartía folletos que reivindican una “energía para todos” mientras entonaban sus lemas. Al grito de “ni gente sin luz, ni casa sin gente” o “energía pública”, la formación se ha reunido para deja claro que “encender un ventilador, un climatizador o un calefactor es un derecho humano”.
La voz de la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, se alza en una mañana gélida para informar a la ciudadanía de la movilización y denunciar el enriquecimiento de las eléctricas. “Un sector estratégico como la electricidad tiene que estar en manos públicas, tiene que ser parte inherente, total y absolutamente de la propiedad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad y del estado español”, señala con el ceño fruncido.
A su lado, el parlamentario andaluz Ricardo Sánchez, y los diputados provinciales de Adelante Cádiz, Lorena Garrón y Alejandro Gutiérrez, se suman a la acción mientras el resto del grupo sujeta banderas para la ocasión. “Energía para todas, limpia y pública” versan las pancartas que agitan al unísono. Uno de ellos da un salto y estampa una pegatina reivindicativa en el letrero de la sede de Endesa. La movilización continúa de forma pacífica al mismo tiempo que, desde el interior, algunos clientes miran a la concentración a través del escaparate.
“La electricidad debe ser socializada frente a lo que está siendo una afrenta y un robo sistemático de grandes empresas eléctricas contra el patrimonio de muchas familias que no pueden en un momento determinado pagar las facturas de la luz”, prosigue Aguilera. Toma aire y denuncia que “estamos asistiendo a un chantaje permanente de las grandes eléctricas que en este momento están obteniendo importantísimos beneficios, más de 6.000 millones, a costa del sufrimiento de muchas familias”.
Para Adelante -que pretende abrir el debate sobre este asunto y servir de “herramienta política”- Andalucía no puede seguir siendo dependiente energéticamente mientras tiene recursos más que suficientes para plantear un plan de eficiencia energética. “Queremos reclamar la necesidad de que haya una energía autosuficiente y endógena”, indica Aguilera que también incluye en su batería de propuestas ampliar la cobertura del bono social, la herramienta de lucha del Gobierno contra la pobreza energética que, desde 2009, ya ha sufrido dos modificaciones.
“Miles de familias no pueden pagar su electricidad, tiene que ampliarse para que todas estas personas tengan energía suficiente en sus casas”. La parlamentaria muestra su indignación ante la política vigente que, según comenta, “es insostenible, estamos hablando de un cambio climático real, va a hacer mucho más calor y mucho más frío”.
“La privatización de sectores públicos trae desgracias”
Durante la protesta, Adelante ha propuesto que Andalucía sea “pionera” en un plan de eficiencia energética de ahorro, de autoconsumo, y ha rechazado la “especulación” de las compañías eléctricas. “Nos parece una verdadera infamia que la Junta de Andalucía esté mirando para otra parte mientras se está afectando a sectores productivos muy importantes en el mundo rural”, manifiesta Aguilera.
Sin la presencia de otros colectivos y la vigilancia de un policía montado en una moto, Adelante comienza esta campaña con ganas de “dar esperanza a la gente”. Para ellos, “es posible un cambio de política” que recupere el control público de un sector cuyo proceso de privatización empezó en 1988, en manos del socialista Felipe González y se constituyó diez años después bajo las directrices de José María Aznar. “La privatización de sectores públicos trae desgracias, precariedad y sufrimiento al pueblo”, dice tajante Aguilera.
Un señor espontáneo que la escuchaba al margen está de acuerdo con sus palabras. “Lo que hacen es robar”, grita refiriéndose a las empresas eléctricas que cazan expolíticos. El retiro soñado de cientos de altos cargos públicos que han acabado en los consejos de administración. La lucha continúa un día en el que el precio de la luz vuelve a subir por cuarta jornada consecutiva -un 11,4%, hasta los 171,91 euros/MWh.