Andalucía ha perdido peso en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Pero María Jesús Montero lo ha ganado. La sevillana, que actualmente es la número dos del PSOE a nivel nacional, además de mantener el Ministerio de Hacienda, ha sido nombrada vicepresidenta cuarta en el Ejecutivo. Montero llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018 y fue nombrada ministra de Hacienda y portavoz. Tras las primeras elecciones, dejó la portavocía, aunque se mantuvo como una de las personas más fuertes del equipo de Sánchez.
La titular de Hacienda repite y lo hace al frente del mismo ministerio. Sin embargo, en esta ocasión tendrá que sudar más de lo normal para llegar sin daños al final de la legislatura. El acuerdo entre PSOE y Sumar hablan de explorar un nuevo sistema de financiación autonómica después de que el actual lleve nueve año caducados.
Los pactos entre socialistas e independentistas han provocado que el resto de comunidades autónomas de régimen común eleven el tono contra el Gobierno. La peculiaridad de esta legislatura es que la gran parte de estos territorios están en manos del Partido Popular. Tan sólo Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña (además de Euskadi) dependen de otro color político. Esto significa que el PP gobierna en 11 comunidades de régimen común.
Montero ya se ha comprometido en más de una ocasión a revisar este sistema. Se encuentra entre la espada y la pared si añadimos que era la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía cuando el Parlamento de Andalucía aprobó su propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica. Aquello fue en 2018 y, desde entonces, han pasado muchas cosas. Una de ellas es que ni Montero ni el PSOE están en la Junta de Andalucía.
La sevillana que comenzó como consejera de Salud independiente en el Gobierno de Manuel Chaves, continuó en el mismo puesto con José Antonio Griñán y dio el salto a la Consejería de Hacienda con Susana Díaz es la responsable de lo que más importa: el dinero de las arcas del Estado. Es la que dice sí y no a sus compañeros en el Consejo de Ministros. Y también a los presidentes de las Comunidades Autónomas. Conflictos que se pueden solucionar de forma más sencilla si los que dirigen los gobiernos regionales son del mismo partido. En esta ocasión, mayoriatariamente, no se da el caso.
María Jesús Montero se enfrenta en los próximos cuatro años a poner de acuerdo a 15 comunidades autónomas para el reparto del dinero. Andalucía mandó su propuesta hace cinco años para pedir un modelo que tuviera en cuenta la población. En similar situación están la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, de ahí las alianzas estratégicas que se han forjazo en los dos últimos años.
Sin embargo, no es tan sencillo como atender las demandas de las comunidades mencionadas. Otras como Castilla y León o Galicia tienen otros problemas y propuestas mientras que Cataluña, por su parte, denuncia deudas históricas del Estado con la región.
Juanma Moreno ha sido uno de los presidentes que más ha insistido en renovar el sistema de financiación autonómica. Habitualmente recuerda que votó a favor en el Parlamento a pesar de que en Madrid gobernaba su partido. "Antepuse Andalucía al PP", suele recordar el actual presidente de la Junta. En la anterior legislatura mantuvo reuniones con otros líderes como Ximo Puig o Fernando López Miras. Todos tenían los mismos problemas y necesidades. Pero también provocó una reacción. Asturias, Castilla y León y Galicia también unieron fuerzas para preparar una batalla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aún no ha llegado.
Las diferencias son evidentes, el peso poblacional de Andalucía no es comparable al de las comunidades del norte mencionadas. Estas, por su parte, piden que tenga peso la dispersión geográfica o la población envejecida, características comunes de estas regiones. Y todo ello sin mencionar las peticiones que puede hacer Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
La andaluza con más poder del nuevo Ejecutivo será la encargada de intentar contentar a todas las comunidades autónomas, algo que se antoja prácticamente imposible, y, sobre todo, acabar con un sistema injusto para Andalucía donde la región pierde 1.000 millones al año. La propuesta de la Junta es clara y, curiosamente, contó con el respaldo de María Jesús Montero cuando estaba al frente de las arcas andaluzas.