El Ministerio de Hacienda, en manos de la ministra socialista en funciones María Jesús Montero, ha exigido un plan de ajuste a la comunidad autónoma andaluza y ha cerrado el grifo de la salida a los mercados en 2020 para conseguir financiación. El asunto, que desde el Gobierno andaluz de PP y Cs tildan de "intervención" o de "aplicación del 155" a Andalucía, tiene su miga. No en vano, el argumento que ofrece Hacienda, que ha negado dicha intervención, es que la Junta incumplió el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018. Andalucía superó el objetivo de déficit en apenas once décimas y lo hizo con las cuentas de la propia María Jesús Montero como consejera de Hacienda del Ejecutivo de Susana Díaz. ¿Quién paga los platos rotos el año que viene? Juanma Moreno, el líder del PP andaluz y actual mandatario autonómico. Habrá que ver, de producirse recortes, en qué medida lo pagan los andaluces.
La comunidad valenciana y la murciana triplican el déficit andaluz, pero será la Junta andaluza la que tendrá sus cuentas tuteladas por Hacienda, después de que el gobierno de la derecha de PP y Cs, con el apoyo de Vox, hayan garantizado la legislatura con dos acuerdos presupuestarios en apenas medio año. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha exigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que de manera inmediata dé "marcha atrás" en su intención de "intervenir" a esta comunidad, lo que supone, "sin lugar a dudas, un ataque frontal y directo" a esta tierra y a los andaluces ."Es un atropello que no vamos a consentir", ha sentenciado.
Preguntado sobre si el Gobierno andaluz se verá obligado finalmente a hacer recortes, ha manifestado que no se le pasa por la cabeza que el Gobierno en funciones no dé marcha atrás: "Si no da marcha atrás se va a encontrar con una oposición frontal y directa del Gobierno de Andalucía y de todos los andaluces". Para Moreno, esto no es un "ataque a un partido político o a una posición política, sino a Andalucía y a los andaluces". Ha querido dejar claro que su Gobierno hará todo lo necesario para evitar recortes y se romperán "la cabeza para intentar cuadrar las cuentas".
Hacienda niega la intervención y que se exija un nuevo plan de ajuste
El Ministerio de Hacienda ha negado que exista una "intervención" por su parte de las cuentas públicas de la Junta de Andalucía, así como que le realice "una nueva petición de ajuste" al margen del Plan Económico-Financiero (PEF) que ya se le solicitó a la Administración autonómica el pasado mes de mayo y ésta entregó en julio, y ha sostenido que "es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo".
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del ministerio que dirige en funciones la andaluza María Jesús Montero después de que dicho departamento haya comunicado a la Junta que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclama al Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno que presente un "plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero".
Por parte del Ministerio de Hacienda han agregado a Europa Press, al hilo de esta misiva, que, "desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera —aprobada por el PP—, las comunidades autónomas que incumplen el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o el objetivo de deuda pública deben presentar un Plan Económico-Financiero".
Además, "las comunidades que solicitan su adhesión a algunos de los mecanismos extraordinarios de liquidez aprobados en 2014 tienen la obligación de presentar un plan de ajuste", según abunda el Ministerio de Hacienda, que "entiende que las comunidades autónomas se tienen que ir financiando progresivamente en los mercados", pero "esta salida progresiva debe hacerse en condiciones de seguridad para la sostenibilidad financiera de España". Para ello, "es necesario un ejercicio correcto de la tutela financiera de las comunidades autónomas", según defiende el Ministerio de Hacienda, que en esa línea niega que esto sea algo "discrecional".
Según el Ministerio, "Andalucía cumplía esos requisitos gracias a que, en 2017, último año completo en el que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda —dejó la consejería en junio de 2018—, la comunidad no rebasó el límite de déficit ni el de deuda pública". Sin embargo, "el preceptivo informe publicado el pasado mes de noviembre sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto, reflejó que Andalucía incumplió los tres requisitos en 2018", según aclara el Ministerio, que subraya que "se hace lo que dice la norma, que es que hasta que no se cumplan los requisitos no se pueden autorizar nuevas emisiones de deuda", si bien puntualiza que "esto no afecta a las (emisiones) ya autorizadas".
Esto implica que Andalucía "sale del compartimiento de facilidad financiera y pasa al Fondo de Liquidez Autonómico", según indica el Ministerio, que sostiene que "así lo establece la normativa aprobada en 2014, que exige también que las comunidades incumplidoras presenten un Plan Económico-Financiero", de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
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