Mientras los brotes activos y los positivos no paran de crecer en territorio andaluz, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) se prepara para una posible segunda oleada de covid en la comunidad autónoma con la vacuna infalible de la propaganda para esconder carencias o mala gestión política. Mientras la Junta de Andalucía acaba de poner en circulación sus campañas propagandísticas de playas seguras y de vuelta al cole segura, para contrarrestar las denuncias por contrataciones exprés de dudosa legalidad y la indignación creciente de la comunidad educativa por una previsión de regreso a las aulas más que deficiente, la Consejería de Presidencia, que controlan los hombres fuertes del Ejecutivo autonómico que comparten PP y Cs, los populares Elías Bendodo (titular de la citada consejería) y Antonio Sanz (viceconsejero), ha publicado el pliego de condiciones para la licitación de un contrato multimillonario en publicidad institucional.
Un reparto de dinero público que gestionará una agencia de medios intermediaria que resulte adjudicataria durante un año y que está valorado en 13 millones de euros. Dividida en tres lotes, “la presente contratación tiene por objeto la planificación estratégica y compra de espacios publicitarios en los medios de prensa (tanto impresa como digital), radio, televisión, exterior y cine, así como la ejecución y seguimiento de las acciones de comunicación y de las campañas informativas y divulgativas que la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía quiera llevar a cabo en el marco de las competencias que tiene atribuidas”.
La agencia que resulte adjudicataria, una vez más, hará de intermediaria entre Presidencia y las empresas de comunicación o soportes publicitarios agraciados, aunque las directrices de reparto volverán a estar en manos políticas con total opacidad (no se hace público a nivel a andaluz a cuánto asciende el reparto por cada empresa).
En el pliego de condiciones se establece un reparto de los 13 millones divididos en 6,5 millones de euros para prensa digital e impresa (4,5 millones para lo que queda de 2020 y 2 millones para 2021); 5,2 millones para radio y televisión (3,6 millones para lo que resta de año y 1,6 para el que viene); y 1,3 millones para publicidad exterior y cine (900.000 euros en 2020 y 400.000 en 2021). La convocatoria de licitación, según reza en el documento de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se publicó el pasado 31 de julio, estando prevista la adjudicación en la primera quincena del próximo mes de septiembre.
Sanz, a la izquierda en la imagen, y Bendodo, en un acto reciente. FOTO: JUNTA
En pleno estado de alarma, en abril pasado, El País hizo público que la Junta de Andalucía pagaba por artículos elogiosos de su gestión de la crisis del coronavirus. Algo que, según las prescripciones técnicas de este nuevo pliego, el Ejecutivo de Moreno Bonilla tiene pensado seguir haciendo: habrá “compras puntuales de espacios promocionados en determinados soportes, u otras acciones concretas fuera de campañas institucionales”. Pero la maquinaria propagandística no ha parado casi desde que arrancó la legislatura en enero del año pasado.
En noviembre pasado, lavozdelsur.es publicó que Presidencia había prorrogado los contratos con las agencias de medios del anterior Gobierno del PSOE y destinó en apenas un cuatrimestre 5,2 millones de euros a regar con publicidad institucional a todo tipo de medios impresos, digitales, radios, televisiones y redes sociales. En este apartado no entraba, como sucede en esta nueva licitación la cuenta dependiente de otras consejerías o de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., de la que se ocupa el socio Ciudadanos y que inyecta también ingentes cantidades de dinero público en todo tipo de medios y soportes promocionales.
Convocatoria con la licitación.
El pasado mes de julio, varios miembros de la junta de gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía encabezados por su decana, Eva Navarrete, se reunieron con la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en un primer encuentro tras su nombramiento en 2019. El CPPA, según anunció, reiteró la preocupación por “la falta de transparencia en el gasto en publicidad institucional, sobre todo en referencia a los medios digitales”. Olea, según lo publicado, fue incapaz de explicar qué criterios rigurosos, objetivos y fuera de toda discrecionalidad aplica el actual Gobierno andaluz de PP y Cs. “Nuestra posición es que la publicidad institucional debe usarse siempre con las funciones que están previstas en las normas”, aseguraba en abril pasado a El País la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía.
“Estamos cansados de pedir cómo se hace la distribución de fondos tanto en este Gobierno como en el anterior y no hemos conseguido acceder a esa información ni siquiera yendo al Consejo de Transparencia”, remachaba en las páginas del mencionado rotativo. Sobre este punto, la decana adelantó a la alto cargo del Ejecutivo de PP y Cs que el Colegio ha recurrido ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos la respuesta a su petición de información sobre los medios que durante el último ejercicio recibieron ingresos por publicidad institucional con cargo a la partida presupuestaria que ella gestiona. Desde el CPPA le hemos pedido que se tenga en cuenta el Romda (Registro Oficial de Medios Digitales en Andalucía), en el que está inscrito lavozdelsur.es, o los requisitos de este registro para la inversión publicitaria.
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