El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya de vuelta de su gira por Egipto a propósito de la COP27, ha reunido este pasado lunes en la misma mesa a patronal y sindicatos. Es la primera vez en la legislatura que se reúne con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y con las las secretarias generales de CCOO y UGT Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente.
Según ha publicado la Junta en un comunicado posterior, el jefe del Ejecutivo andaluz pretende "sentar las bases de un nuevo acuerdo de diálogo social para la reactivación económica y social de Andalucía". Acuerdo que servirá, ha añadido, "como un escudo para dar la mayor protección posible en un escenario tan complicado como el que nos encontramos y que debe ser afrontado con medidas y con determinación".
La realidad, además, introduce un factor determinante para el encuentro: el rebrote de la conflictividad social en la comunidad, con concentraciones convocadas este miércoles por CSIF en todas las delegaciones del Gobierno de la Junta, dentro de un calendario de movilizaciones más amplio para pedir refuerzos de personal en los servicios básicos; y la manifestación del próximo 26N convocada en Sevilla por Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. Este mismo martes también hay prevista una concentración de la plantilla de Canal Sur, donde se prevé un "diciembre de movilizaciones", por el despido de 55 empleados públicos que han ido encadenando contratos fraudulentos.
"La actual situación económica y social que está atravesando España empieza a afectar en gran medida a las comunidades autónomas y a aquellos sectores más perjudicados que venían arrastrando las consecuencias derivadas de la pandemia de la Covid-19", ha señalado Moreno en un encuentro en el que también han estado presentes el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.
La inflación, la sequía... "Todo ello hace —ha insistido el presidente andaluz— que la CEA, UGT y CCOO estén llamados a participar en el Diálogo Social y también en la toma de medidas que pueden favorecer a Andalucía en la generación y gestión de este recurso que es esencial para la economía andaluza", ha defendido. Asimismo, ha destacado que Andalucía se sitúa "a la vanguardia de las sociedades más modernas y avanzadas de Europa" instalando el Diálogo Social como "eje fundamental" de sus políticas, "reforzando la eficacia y el apoyo de las actuaciones mediante la escucha y la participación".
"Ante las dificultades que estamos atravesando en la actualidad, el Ejecutivo andaluz considera necesario iniciar un nuevo impulso en la toma de medidas económicas y sociales que desgraven el impacto que éstas tienen en la ciudadanía y que ayuden a reducir el sufrimiento de los andaluces y es aquí donde, una vez más, los agentes económicos y sociales deben tener un papel destacado para poder llegar a acuerdos pensando siempre en el beneficio de la sociedad", ha indicado Moreno.
Tras esto, ha remarcado que compromiso del Gobierno andaluz "es firme" y así ha quedado demostrado en los dos acuerdos adoptados hasta el momento, el Acuerdo Marco Alianza por Andalucía y el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Recuperación, que "han tenido como objetivo llegar a puntos de encuentro y de consenso para trabajar en la recuperación de la economía, el mantenimiento del empleo y el apoyo a los andaluces que más han sido golpeados por la crisis".
"Un verdadero diálogo social"
Por su parte, los sindicatos CCOO-A y UGT-A han exigido este mismo lunes un "verdadero diálogo social" al presidente de la Junta, Juanma Morneo, tras ser convocados por primera vez en esta legislatura a la Mesa de Diálogo Social de Andalucía de la que forma parte UGT, CCOO, CEA y la Junta de Andalucía.
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha querido insistir en "la dificultad por la que está atravesando en la actualidad el conjunto de la ciudadanía andaluza". "Las consecuencias de la Guerra de Ucrania, la crisis económica y energética, la espiral inflacionista y ahora también, el alza de los tipos de interés y sus repercusiones sobre las cuotas hipotecarias están poniendo en jaque a unas economías domésticas que, aún sin haber superado plenamente las consecuencias, no ya de la crisis de la Covid-19, sino ni tan siquiera los de la de 2007/2008", ha asegurado.
Por ello, ha exigido "políticas para los más vulnerables, para los más desprotegidos". "Hay que hacer economía para los que de menos recursos económicos disponen. En definitiva, hay que apostar por los derechos sociales, laborales y económicos y, en este sentido, la labor a desempeñar, en su defensa, por los agentes sociales más representativos es fundamental", ha concluido.
Plan contra la inflación y control de los Next Generation
Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha destacado, en un audio remitido a los medios, que esta reunión llegue cuando el Presupuesto para 2023 ya está "prácticamente configurado", lo que da "poco margen" a propuestas que el sindicato considera "indispensables", entre las que ha citado el refuerzo de los servicios públicos o medidas para garantizar empleo estable y seguro.
Con todo, han podido presentar algunas propuestas "imprescindibles" para contrarrestar los efectos de la inflación, tales como un bono para las familias destinado a la cesta la compra, ayuda a combustibles y al transporte y también para afrontar el encarecimiento de las hipotecas o el alquiler. Como resultado, las partes han acordado que trabajarán "para acercar posturas y propuestas" sobre estas iniciativas.
El sindicato ha señalado a Moreno que UGT-A y CCOO-A han elaborado conjuntamente un documento con medidas para ayudar a familias y pymes a hacer frente a los efectos de la inflación, "que es necesario poner en marcha".
"No podemos olvidar que las políticas que pretenden elevar los niveles de crecimiento económico, sin medir las repercusiones sociales de las mismas o incluso generando pobreza, exclusión y desigualdades sociales están condenadas, irrevocablemente, al fracaso. En apenas dos años y medio, el nivel general de precios ha llegado a verse incrementado, de manera agregada, un 14,5%", ha defendido.
En este sentido, Castilla ha apuntado que "continuamos abogando por un cambio de modelo productivo asentado sobre el fomento de la industria, elevando su aportación al PIB y al empleo regional, la innovación, la excelencia empresarial, el absoluto respeto al medio ambiente, la justicia social, el refuerzo de los servicios públicos y la generación de empleo de calidad".
Sobre el refuerzo de esos servicios públicos, el sindicato ha vuelto a preguntar al Gobierno andaluz que "qué va a pasar con esos 12.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo contra la Covid-19, que terminan su relación laboral con la Junta el 31 de diciembre".
Otra de los asuntos en los que este sindicato ha querido incidir es "en la creación y constitución de un órgano", entre la Junta de Andalucía y los Agentes Sociales firmantes del Acuerdo Andaluz para la Reactivación Económica y Social en el que, "de manera transversal, se lleve a cabo el seguimiento de la aplicación de los Fondos Next Generation que reciba nuestra Comunidad Autónoma".
Por otro lado, UGT-A ha propuesto en que se elabore un Acuerdo Andaluz de Negoción Colectiva para, en nuestro ámbito competencial y de negociación, "con objeto de impulsar la negociación colectiva en los ámbitos sectoriales y de empresa".
"Considerando la diversidad de los sectores y de las empresas en las que se desarrolla la negociación colectiva, es necesario establecer incrementos mínimos de referencia en materia salarial. Finalmente, como garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, se incluirán cláusulas de revisión salarial que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo", ha remarcado.
Por último, el sindicato ha exigido crear "un fondo económico para las víctimas de accidentes graves y mortales", que incluya "a las familias de éstas y extender la excepcionalidad de la dotación del 100% de la subvención de la misma manera que la reciben los programas de Violencia de Género, a la Prevención de Riesgos Laborales para los Agentes Económicos y Sociales".