La administración autonómica que gestiona la tercera comunidad más pobre de España aseguró al Gobierno que no tenía proyectos para personas vulnerables. La pobreza afecta a más de 2 millones de andaluces a nivel severo, pero varios millones más tienen dificultades para llegar a fin de mes.
En cambio, la Junta de PP y Cs no se pone manos a la obra para revertir esta alarmante brecha social. Pero no solo eso, encima, en el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente Moreno Bonilla, que trazó una especie de discurso basado en una comunidad de las maravillas, muy lejos de la realidad social y económica, acusó a Juan Espadas, líder del PSOE-A, de no "decir ni pío" porque supuestamente el Gobierno había dejado fuera a España de ayudas para proyectos para colectivos vulnerables.
Sin embargo, no ha habido subvención porque, sencillamente, alguien no ha hecho la tarea. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró el pasado jueves que "resulta cuando menos sorprendente" que el presidente de la Junta "se queje de quedar excluida" del Real Decreto aprobado el pasado Consejo de Ministros que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, "cuando ha sido la propia administración autonómica andaluza la que, a diferencia de otras comunidades, ha decidido no adherirse a los convenios específicos para el desarrollo de actuaciones destinadas a colectivos vulnerables".
Fernández se ha pronunciado de este modo en un comunicado después de que Moreno, como se ha dicho, criticase durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad que el secretario general del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no es capaz de levantar la voz" y "no diga ni pío" ante lo que ha tachado de nuevo "maltrato" del Gobierno a la comunidad autónoma y, en este caso de forma particular a la ciudad de Sevilla, al quedar fuera del reparto de subvenciones concedidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según recuerda Fernández, la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempladas en dicho Real Decreto en el ámbito de la inclusión social, permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital en nueve comunidades que, "a diferencia de Andalucía", sí han solicitado su adhesión, como Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta, por un importe conjunto de 68 millones de euros.
"Andalucía ha manifestado que no tenía proyectos destinados a colectivos vulnerables, según ha expresado en las reuniones y comunicaciones celebradas entre el Ministerio y las comunidades autónomas", ha remarcado el delegado del Gobierno, que ha señalado que "si al presidente de la Junta de Andalucía le preocupa, como dice, que la comunidad andaluza sea una de las comunidades con mayor riesgo de exclusión social debería adherirse a estos fondos que el Gobierno de España dispone para ello, en lugar de dedicarse a difundir el relato de un supuesto agravio a Andalucía que no se corresponde en absoluto con la realidad".
Además de los nueve convenios que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rubricado con sendas comunidades autónomas, se realizarán otros dos junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes (del total de 16) se firmarán con entidades del Tercer Sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas), por un importe de 24 millones de euros.
De este modo, a través de comunidades y ciudades autónomas, de entidades locales y de entidades del tercer sector se firmarán convenios para desarrollar proyectos piloto en todo el territorio nacional, y llegar a uno de cada cuatro beneficiarios actuales del Ingreso Mínimo Vital.
En el desarrollo de estos proyectos piloto, el Ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-Pal y Cemfi.
En esta primera convocatoria se podrán desarrollar en Andalucía programas con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) con las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene líneas de colaboración en la comunidad andaluza.
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