Las legislaturas y los círculos suelen cerrarse del mismo modo que se abren. Era de esperar que el círculo de la nueva Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que Juan Manuel Moreno Bonilla decidió poner en manos de Patricia del Pozo —ahora número 1 en la lista del PP sevillano al Parlamento el próximo 19J—, lo hiciese con un escándalo a la altura de aquel Juego de Tronos que sirvió para abrir el primer curso político del PP al frente del Gobierno andaluz.
En aquellos primeros momentos la disputa interna tuvo como protagonistas a la propia consejera y a Mar Sánchez Estrella —secretaria general de Innovación Cultural y Museos— a cuenta de la convocatoria para la dirección del Instituto Andaluz del Flamenco. En aquel primer asalto, como ya se publicó en su día, fue Sánchez Estrella la que se llevó el gato al agua, dejando en el camino los cadáveres de los veteranos Fernando Francés y Ricardo Pachón, en su empeño por colocar al mando del IAF a Cristóbal Ortega, tras la convocatoria de dos concursos y muchos supuestos líos administrativos que hicieron correr ríos de tinta durante meses.
Después de aquello vendría el escándalo de la convocatoria del concurso para la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía (BAF), en el que el trianero Antonio Canales también salió por la puerta de atrás de un proceso que volvió a dejar en evidencia la falta de transparencia del nuevo equipo de Gobierno a la hora de convocar y adjudicar este tipo de plazas públicas. O lo que es lo mismo, disfrazar de libre concurrencia competitiva lo que antaño se llamaba dedazo puro y duro.
Pero como no hay dos sin tres, el equipo de Patricia del Pozo no podía cerrar el círculo sin volver a montar un nuevo escándalo con el procedimiento abierto para la adjudicación del Festival Lorca y Granada en los Jardines del Generalife 2022. Un expediente que se abrió a concurso público durante el pasado mes de marzo y que fue resuelto el pasado 12 de abril a favor de la empresa Danza Liñán SLU, del coreógrafo y bailaor granadino Manuel Liñán.
Sin embargo, tras ser impugnado ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía por la empresa Servicios Administrativos de Distribución Escénica SL, SEDA, una potente distribuidora madrileña, dicho tribunal, según ha podido saber lavozdelsur.es, ha dado la razón a la demandante y ha obligado a la Consejería de Cultura a rectificar la adjudicación a favor de SEDA. Dicha empresa sostenía que la adjudicataria había incurrido en varios errores en la presentación de la oferta por los que debía haber sido descalificada del proceso, tales como haber incluido en el sobre 2 información que se incluía en el sobre 3, o no haber justificado correctamente poseer la solvencia económica y financiera necesaria para poder concurrir a dicho concurso público.
Con dicho fallo, el tribunal vuelve a dejar en evidencia la falta de transparencia de los actuales responsables de Cultura. Y no solo eso, sino que, según consta en el recurso al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, desde Cultura se “pusieron todos los impedimentos posibles, telemáticos y físicos, para que la empresa reclamante y su gabinete jurídico pudiesen acceder a la documentación que solicitaban poder revisar para ejercer su derecho a reclamar e impugnar la resolución de dicho procedimiento dentro del plazo establecido por la ley de contratos de las administraciones públicas a este respecto”. Razón por la cual no les quedó más remedio que acudir a los tribunales para solicitar la nulidad de la adjudicación y la correspondiente revisión de la resolución del citado expediente.
Es importante señalar que el consolidado ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife es pieza clave no solo para el sector de la cultura, sino también para el del turismo y la hostelería que, desde hace décadas, se apoya en este atractivo programa artístico que sirve como reclamo para que miles de turistas pasen durante los meses de julio y agosto por la capital nazarí.
La casa de los líos en la que se ha convertido la Consejería de Cultura se completa en este mandato con la victoria judicial de María Ángeles Carrasco, antigua directora del Instituto Andaluz del Flamenco, que ha vuelto a recurrir a los tribunales el incumplimiento de la sentencia que obligaba a ser devuelta a su plaza en el IAF, o el concurso fallido y nombramiento a dedo al frente de Artes Visuales de la Junta, tal y como también publicó este periódico en su momento.