Había expectación hoy en el Parlamento andaluz después de dos asuntos que se han encadenado sobre la gestión de la Junta, relacionados pero independientes.
Primero, que la intervención dependiente de la Consejería de Hacienda ha señalado el fraccionamiento de contratos menores como un posible "fraude de ley" en favor de empresas que recibían hasta una treintena de adjudicaciones concatenadas a dedo. En total, 458 millones empleados por el SAS en cuatro provincias en 2021 sin concurso ni publicidad en el proceso.
Y en segundo lugar, porque el juzgado ha admitido a trámite la denuncia del PSOE andaluz sobre los contratos con la sanidad llevados a cabo por el Servicio Andaluz de Salud a cuenta de la crisis sanitaria, pero que continuaron hasta 2023, cuando no habría ya respaldo legal para actuar dentro de la emergencia que se derivó de la covid.
Con esa presión llegaba el PP al Parlamento andaluz, a la sesión de control, donde aguardaban la consejera de Salud, Rocío Hernández, que se estrena con este asunto en su plaza tras su nombramiento en verano, y especialmente Juanma Moreno, que comparecía preparado con datos. Primero, despejando balones; luego, en el turno que le enfrentaba a Juan Espadas, al contraataque.
En la mañana, antes del encuentro parlamentario, Espadas daba detalles en rueda de prensa sobre la denuncia realizada y ahora admitida a trámite. Ha anunciado que va a incorporar a la denuncia el posible fraccionamiento fraudulento de los contratos durante 2021 de los que habla la Intervención. Ha explicado que su partido se va a personar en el procedimiento judicial y que llevan trabajando recopilando información desde marzo de 2023. Sobre todo, ha hablado de un "modus operandi" del Gobierno andaluz, que se normalizara esta práctica de "contratación pública a dedo", al "margen de la legalidad decidiendo quién iba a trabajar y quién no", eligiendo farmacéuticas, empresas para obras o hasta taxis para traslados de sanitarios.
Pero esa denuncia de lo que habla por el momento es de que la Junta decidió seguir prorrogando los contratos con la privada, principalmente derivada de las listas de espera a cuenta de la crisis del covid, que centró la actividad de los hospitales y dejando a un lado lo que no se podía asumir. Por ello, se tiró de clínicas privadas en 2021 para solventar la situación, algo que se acabó ampliando en tiempos en los que ya no existía amparo legal a la emergencia sanitaria.
La consejera de Salud ha dicho que es "rotundamente falso" y que siempre se ha trabajado "con informes jurídicos". Ha insistido en que los contratos menores son perfectamente legales, hasta un total de 295.000 en las provincias de Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba, a los que se refieren los informes de los interventores de 2021. "Estábamos en plena pandemia y había que dar solución urgente a esta situación excepcional", ha argumentado Díaz, que lleva dos décadas en la directiva del SAS. Ha reconocido que "algunos procedimientos administrativos, con más tiempo, podrían mejorarse" pero ahora existen "más herramientas de control".
Moreno responde a los grupos políticos
El presidente andaluz ha hecho uso de la pericia parlamentaria para ir respondiendo a los grupos políticos. A Adelante y Por Andalucía les respondía que están haciendo seguimiento de lo que dice "el hermano mayor", el PSOE. A José Ignacio García le acusaba de "copiar al mayor", de "enfangar" y de estar "en lo que no interesa al ciudadano". "Es falso", ha dicho sobre la fragmentación de contratos. Al contrario, ha defendido que su administración entregó 68 informes a la oposición sobre el funcionamiento del SAS en materias como los contratos, porque "no tenemos nada que ocultar". Por su parte, a Inmaculada Nieto le recriminaba "no hablar de la Faffe". "Qué credibilidad tiene si no puede hacer ni una leve crítica" al PSOE y a Pedro Sánchez: "No lo hace porque está en la pasarela para entrar en el Partido Socialista". A Vox le ha dicho Moreno que "no se abone a la alegría de la huerta que es hoy el Parlamento".
Pero el mayor cara a cara era con Espadas. El socialista le recordaba que cuando avisaron de que llevarían el asunto de los contratos con la privada si no había comisión de investigación "decían que denunciáramos. Pues se depurarán responsabilidades. Han abusado y contratado a dedo haciendo lo que les daba la gana. El problema es el fraccionamiento de los contratos, en fraude de ley".
A ello, Moreno respondía que "lleva dos años a ver cuándo me puede clavar el colmillo. Los contratos menores existen en las centrales provinciales, pero es falso, como ha dicho, que se dieran 458 millones a dedo, sabe que no es cierto. ¿Quién gobernaba en 2018? En ese año, las ocho centrales del SAS adjudicaron 791 millones en contratos menores. Si no era entonces pandemia, ¿era lo habitual?". Un contraataque en toda regla. "¿Va a denunciar a la señora Díaz y a sus compañeros? Debería hacerlo por coherencia. La ansiedad le llevan a tomar decisiones que no son propias de uno. No se una al bloque del fango. Y si habla de corrupción, puede ser refractario a su propio grupo. No es el mejor camino faltar a la verdad".
Espadas tenía más munición: "¿Viene a decir que lo sabía y no denunció? Todos los contratos menores no son ilegales". Al afirmarlo, el PP ha aplaudido, reído y abucheado. Sin llamar al orden la presidencia, ha tenido que esperar que acabara esa reacción desde la bancada de enfrente para insistir: "Lo ilegal es fraccionar los contratos en fraude de ley, no confunda a la ciudadanía. Ha sido un funcionamiento claramente irregular".
Moreno volvía a tomar la palabra para dar la última réplica recordando las etapas de Espadas en la Consejería de Vivienda y en la Alcaldía de Sevilla. "El 96% de los contratos en su Consejería en 2009 fueron menores. Cuando fue alcalde de Sevilla, 9 de cada 10 contratos eran menores. Los incrementó un 4.000%. ¿Por qué no los licitaba?".
Un rifirrafe que será el primero de muchos, mientras el PSOE y la oposición parece que seguirán preguntando las propias semanas, sobre todo si ahora empieza una instrucción en los juzgados que se alargue, algo relativamente habitual debido a la enorme cantidad de contratos involucrados, primero con la sanidad privada, y luego si se incorporan los contratos menores a los que se refiere la intervención solo de 2021.
Además, Espadas recordaba que los documentos de los interventores los ha logrado "por el portal de transparencia, no porque nos los hayan dado. Usted ha torpedeado la investigación que hemos realizado. Y usted miente o no le informan bien. Si no lo explican aquí, tendrá que hacerlo ustedes en los juzgados".
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