El Parlamento de Andalucía debatirá el próximo miércoles el gran decreto aprobado por el Gobierno andaluz para simplificar todos los trámites de la administración. Previsiblemente logrará ser convalidado gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, formación que sustenta al Ejecutivo. Sin embargo, eso no ha evitado que el debate vaya a estar marcado por la polémica.
No es una norma cualquiera y desde la Junta de Andalucía se reconoce la complejidad que tiene. Antonio Sanz, el consejero responsable, ya dio cuenta de la trascendencia del decreto al anunciar que tenía unas 500 páginas. Además, modifica 176 normas. Es decir, no se trata de un decreto baladí, sino que de él depende el funcionamiento de toda la administración pública.
En su presentación, la Junta de Andalucía mostró sus intenciones para que el debate se celebrase en el último pleno del mes. Pese a las dudas que habían surgido, así será. La Junta de Portavoces lo ha aprobado, aunque con el rechazo de toda la izquierda. El motivo es organizativo. Hasta esta misma semana, el Gobierno andaluz no ha compartido la documentación del decreto, por lo que el resto de grupos prácticamente no tienen margen para estudiarlo.
La oposición deberá empaparse de este plan de simplificación en apenas una semana. Siete días para valorar 500 páginas se antojan escasos y así lo ha denunciado el resto de grupos. De hecho, el contenido no se ha publicado aún en el BOJA, aunque sí en el Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía para facilitar el trabajo. Este argumento ha sido el utilizado por Jesús Aguirre para defender la celeridad en la tramitación.
La Junta de Portavoz de este miércoles tuvo un tono bronco por este mismo motivo. Del "así no se puede trabajar" de Por Andalucía, a las acusaciones del PP de faltar el respeto a la separación de poderes "pedirle al presidente del Parlamento que pare la tramitación del decreto-ley".
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