Paco Camas, actual teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, se ha acogido a su derecho a no declarar durante la breve comparecencia que ha protagonizado en la comisión de investigación de la Faffe, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que intenta esclarecer las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de posibles irregularidades realizadas en esta fundación.
"Estoy a la espera de conocer el análisis de la investigación iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una serie de documentos presentados por el SAE, por lo que reitero mi derecho a no declarar por estar inmerso en diligencias previas", ha dicho Camas. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga por qué el edil jerezano pasó del paro a ser contratado por la Faffe, donde acabaron muchos empleados del extinto Fondo de Promoción de Empleo, al que Camas no pertenecía desde hacía unos meses.
Paco Camas trabajó para el Fondo de Promoción de Empleo, adscrito a la Junta de Andalucía, entre 2001 y 2003, como él mismo ha contado en la comisión de investigación de la Faffe. Entre febrero y junio de 2003 estuvo percibiendo la prestación por desempleo, y a principios de julio fue contratado por la Faffe, donde trabajó hasta mayo de 2011, "donde desarrollé mi actividad profesional ininterrumpidamente, cotizando 2.863 días", ha relatado el propio Camas. "Actualmente constan en mi vida laboral 44 años, 5 meses y 8 días sin ninguna incidencia, de ahí mi sorpresa por el llamamiento ante esta comisión", ha agregado.
El Juzgado intenta dilucidar si la contratación de Camas se debe a su pertenencia al PSOE, como denunció el PP de Jerez en su momento. Eso es lo que investiga la UCO, sobre lo que todavía no hay sentencia judicial, hecho por el que se ha acogido a su derecho a no declarar. "Soy un convencido demócrata y acudo a esta comisión por respeto a la soberania de este Parlamento", ha asegurado Camas, "pero mi actual situación procesal me impide declarar en estos momentos".
Camas, tras relatar brevemente su experiencia laboral, pidió al presidente de la comisión dar por finalizada su comparecencia, aunque Enrique Moreno, diputado de Cs, le hizo escuchar las declaraciones de los portavoces del resto de grupos parlamentarios. "Esta presidencia respeta y acata su derecho a no declarar, pero como venimos haciendo en la comisión, se va a velar por el derecho de los diputados a pronunciarse sobre aquello que consideren oportuno".
Noelia Ruiz, portavoz del PSOE en esta comisión, no planteó ninguna cuestión a Camas. "Vamos a respetar su derecho a no declarar", dijo. Erik Domínguez, del PP, agradeció la presencia de Camas, y dejó varias cuestiones "en el aire". "¿Cuáles fueron los méritos para acceder a puestos en la Administración pública?", preguntó, ya que "no se relaciona el puesto con su cualificacion universitaria, que no tenía en ese momento". Domínguez no entiende "por qué lo rescatan antes que a muchos compañeros para la Faffe", por lo que "ese halo de nepotismo y enchufismo vuelve a caer sobre esta comsión sin poder esclarecerlo".
Juan de Dios Sánchez López, de Ciudadanos, da las gracias al compareciente por acudir, y entiende, aunque lamenta su silencio. "Hubiera sido interesante escucharle". "Me preocupa", agrega, esta situación, y espera que se esclarezca su contratación. Jesús Fernández, de Adelante, espera que "se pueda esclarecer todo aquello que ensombrece lo relacionado con la Faffe". Ángela Mulas, de Vox, ha apuntado que en la comisión "se dirimen responsabilidades políticas, que no tendrían por qué perjudicarle", aunque entiende su decisión.
Con las comparecencias de Paco Camas, y de Juan Carlos Carrillo Morillo, quien fuera chófer del director gerente de la Faffe, Fernando Villén, se cierra este 7 de mayo un primer bloque de 40 comparecientes. El segundo bloque, integrado por 22 propuestas, arrancará a partir del 21 de mayo y lo hará con los representantes de los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) y CSIF.
El presidente de la comisión, Enrique Moreno, calcula que en la segunda fase, sobre "mediados de otoño", está previsto que se cite a la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, y a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Las conclusiones de este órgano se reflejarán en un informe que puede estar listo a finales de año.