La Unión Europea ha publicado esta semana un informe estadístico a través de su plataforma Eurostat en la que Andalucía se coloca como la primera región de Europa donde más inmuebles se alquilaron de forma temporal con un total de 7,1 millones de noche. El mercado de los alojamientos turísticos sigue aumentando en la comunidad mientras la Junta de Andalucía ultima su regulación. La situación, no obstante, no es exclusiva de Andalucía. De las 20 primeras regiones, siete están en España.
Aunque correlación no significa causalidad, resulta difícil separar el aumento de esta actividad con los problemas que existen en la comunidad para alquilar viviendas de forma estable. El parque de vivienda pública que existe en todo el país es escaso y ni siquiera llega a un 3% en el territorio. Por su parte, políticos de izquierdas señalan que la nueva ley de vivienda es un paso, pero que está muy lejos de solucionar un problema que afecta principalmente a los jóvenes, pero que, poco a poco, también se ha extendido a otros rangos de edad ante el incremento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. Además, la nueva normativa se ha encontrado con que la mayoría de comunidades autónomas que deben aplicarla están presididas por el Partido Popular, formación que ha mostrado su rechazo.
Uno de los grandes problemas que existen es que en España no hay estudios serios sobre el número de viviendas públicas ni de los precios. La mayoría de informes que se publican surgen de portales especializados como Idealista. Aun así, esta web publicaba hace unos días que España cerraba el año 2023 con el metro cuadrado por encima de 12 euros para el alquiler por primera vez en su historia. Un informe sobre la vivienda de CCOO Andalucía alertaba recientemente de que no existía "un registro de vivienda social en Andalucía por lo que no se conoce el número total de viviendas sociales que incluya las de la Junta más las de las corporaciones locales".
La complicada situación choca con el inmovilismo político que existe. Apenas se llevan a cabo decisiones legislativas y, en el caso de Andalucía, la regulación prevista para los alojamientos turísticos está más destinada a proteger el patrimonio de los centros históricos de las ciudades que a colaborar para frenar la expulsión de los vecinos de estos lugares por el incremento del alquiler al que muchas veces se enfrenta. Además, en el decreto que se prepara han tenido una gran influencia hoteleros, hosteleros y la patronal de este tipo de alojamientos.
La pregunta, ante la ausencia de decisiones para poner freno a esta escalada de precios y al problema generalizado que existe con el acceso a la vivienda y que reconocen la mayoría de políticos, es por qué. Una de las cosas que se observa analizando las declaraciones de bienes de los parlamentarios andaluces, por centrarnos en Andalucía, es que posiblemente el rechazo a legislar se debe a que supondría ir contra sus propios intereses.
Prácticamente, la mitad de los diputados que conforman el Parlamento de Andalucía tienen más de una vivienda, según la propia declaración de bienes que ellos mismos han presentado. En concreto son 48 de los 109 diputados, algo menos del 50%. Todos los partidos, salvo Adelante, tienen algún parlamentario que cumplen esta condición. Además, existen algunos que, aunque no tienen dos viviendas, sí tienen un local con alto valor junto a su vivienda habitual. Uno de los diputados que cuenta con una sola propiedad reconoce que es complicado hacer frente al problema cuando una parte importante de los que tienen poder de decisión estarían directamente afectados.
Políticos de Partido Popular y PSOE son los que acumulan la mayor parte de los inmuebles. Especialmente destacables son los casos de Esperanza Oña (PP), con ocho viviendas, de Daniel Castillo (PP), con cinco viviendas, de Juan José Salvador (PP), con cuatro viviendas y cuatro inmuebles rústicos, de Toni Martín (PP), Juan Espadas (PSOE), Manuel Andrés González (PP) y Javier Cortés (Vox), con cuatro viviendas o de José María Ayala (PP) con tres viviendas y cuatro locales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también tiene tres viviendas en propiedad, mientras que un viejo conocido de la política andaluza que ya está fuera del Parlamento, Elías Bendodo, tiene cuatro.
La situación de los jóvenes
La problemática ha afectado de lleno a la juventud independientemente de su formación. Una gran parte ve la emancipación como una utopía. El último informe del Observatorio de la Emancipación señala que los jóvenes logran independizarse en España a los 30,3 años de media, la cifra más alta de las últimas dos décadas.
El propio Consejo de la Juventud alertaba de "la falta de acción en política de vivienda en España y las consecuencias negativas que eso ha provocado en la población general y, especialmente, entre la juventud, que sigue viendo como año tras año disminuye el porcentaje de emancipación por una pérdida de poder adquisitivo, situación que se solapa con la subida ininterrumpida de los precios de alquiler y compra de vivienda". La tasa de emancipación de España queda por debajo del 16% mientras que la media de la Unión Europea se sitúa casi en el 32%, el doble.
Andalucía no es ajena a la situación y de hecho se encuentra en una posición peor a la de la media nacional según los datos del segundo semestre de 2022, los más recientes que existen sobre el tema. La tasa de emancipación para los mejores de 30 queda por debajo del 15%. Un menor de 30 años debe dedicar el 80% de su salario al alquiler, señalan los datos mencionados. La cifra tan sólo baja al 60% cuando nos referimos a los menores de 34 años. La recomendación es no destinar más del 30% al alquiler de la vivienda.
La Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven prepara una denuncia contra la Junta
Una de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente al problema fue el Bono Alquiler Joven. Esta iniciativa, no obstante, no deja de ser una transferencia de 250 euros por parte del Estado a los propietarios de los inmuebles. Una solución parcial que no cambia la situación estructural y termina favoreciendo al rentista.
En cualquier caso, Andalucía tampoco ha sido capaz de gestionar con acierto esta medida y la demora es mayúscula. Recientemente, Juanma Moreno anunciaba que la Consejería de Fomento y Vivienda había activado "el turbo". Hace un año de que se abriera el plazo para las solicitudes y más del 50% aún no ha cobrado lo que le corresponde.
La Plataforma de Afectados por el retraso en el Bono Alquiler Joven ha decidido dar un paso más y estudia poner una denuncia colectiva contra la Consejería de Fomento y Vivienda para pedir transparencia, celeridad y el pago de los intereses de demora. Desde hace semanas, los representantes mantienen contactos con varios abogados por los métodos usados por la administración para notificar las resoluciones, la desigualdad de oportunidades por los fallos del robot o la arbitrariedad en el orden seguido.
El Defensor del Pueblo Andaluz resolvió hace unas semanas varias quejas presentadas por afectados y en ella pegó un 'tirón de orejas' a la Junta de Andalucía calificando la situación como "errática". De hecho, el Defensor señala que "produce cierta extrañeza, el que no se hubieran previsto desde el inicio medidas como las adoptadas con posterioridad para paliar los incidentes descritos ante la previsible participación masiva para estas subvenciones, cuanto más si en esta Consejería, con la experiencia acumulada en convocatorias anteriores se podía prever la afluencia de un número considerable de solicitudes y un corto espacio de tiempo".