El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante, que ha contado con la abstención de PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que los diputados no adscritos que antes formaban parte de este último grupo también se han abstenido.
Esta norma impedirá que ocupen cargos públicos personas encausadas o condenadas por corrupción o que tengan cuentas bancarias en 'paraísos fiscales'. Establece un régimen de protección y lucha contra el fraude y la corrupción en la actuación de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales e instituciones (Defensor del Pueblo Andaluz, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía).
La Ley contempla la creación de una Oficina contra el Fraude, un instrumento específico para prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción, y proteger a las personas que se dirijan a ella para denunciar. Sus funciones serán realizar las actuaciones de investigación e inspección, colaborar en la formación en materia de prevención, tramitar las denuncias, tutelar los derechos de los denunciantes y el inicio, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores.
El director de la Oficina, que el vicepresidente Juan Marín lleva reclamando desde la pasada legislatura —lo que a la postre supuso dinamitar los puentes que mantenían en San Telmo al PSOE-A de Susana Díaz— deberá ser nombrado en el plazo de tres meses desde que se aprueba la Ley. La dirección de la Oficina elaborará y aprobará una memoria anual de actuaciones desarrolladas durante al año anterior.
Garantizará la confidencialidad y protección de la persona denunciante, que conocerá el estado de tramitación de la investigación y recibirá información de los actos y resoluciones dictadas. La norma contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica.
Pedir perdón a los andaluces por los ERE y el partido de Bárcenas
Antes de la votación de la norma, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha tomado la palabra ante el Pleno para expresar que estamos ante una magnífica" ley y ha agradecido a todos los grupos sus enmiendas, opiniones y el debate desde posicionamientos legítimos que tenemos que respetar.
Ha tenido un agradecimiento concreto para Vox y el PP-A y ha recordado que en la anterior legislatura, no fue posible sacar adelante esta norma cuando Cs tenía un pacto con el PSOE-A. En cambio, según ha dicho, ha sido este nuevo Gobierno andaluz el que la ha traído al Parlamento porque una ley contra la corrupción política en Andalucía "es pedirle perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante años". Para Marín, sería necesario que toda la Cámara apostara por acabar definitivamente contra la corrupción con hechos y no con palabras.
En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Manuel Jiménez Barrios ha manifestado que su partido no está en contra de una ley de este tipo, pero la que ha planteado el actual Gobierno es "muy mala y una chapuza legislativa", y ha lamentado que se hayan rechazado las enmiendas socialistas cuando "estaban muy bien enfocadas desde el punto de vista jurídico". Ha denunciado que no se ha buscado el conseno, sino correr con una ley de este tipo, porque hay un objetivo político de contar con ella antes de las elecciones autonómicas, para volver a "hablar del pasado".
Ha señalado que durante este debate se han sacado a la luz casos "muy del pasado", porque en los últimos diez años de gobiernos del PSOE-A en la Junta, en los que hubo sendos pactos con Izquierda Unida y con Ciudadanos, no hubo "ni un sólo caso de corrupción" que afectara a ningún miembro del Grupo Socialista. Asimismo, ha querido defender a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que son "honrados" y han dado lo mejor por Andalucía.
Por su parte, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha indicado que el hecho de que esta ley se haya tramitado en tan solo cuatro meses en la Cámara evidencia el "gran interés" en que Andalucía cuente con un importante instrumento para luchar contra la corrupción y pone de manifiesto también que el pacto de gobierno de PP y Cs se está cumpliendo. "Evidencia que este Parlamento y el Gobierno del cambio están dando la espalda de verdad a la corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga", según Espinosa, quien ha denunciado que esto no fue capaz de hacerlo el PSOE-A durante casi cuatro décadas en el Ejecutivo autonómico.
Ha manifestado que estamos ante una buena ley y un buen comienzo para la lucha contra la corrupción y ha apelado al principio de responsabilidad de los diputados para que apoyen todos juntos esta norma, y ha opinado que el PSOE-A tendría muy difícil de explicar un rechazo a esta nueva norma.
El diputado de Ciudadanos Raúl González ha manifestado que es necesario enviar a los ciudadanos el mensaje de que es posible acabar con el fraude y la corrupción y que es nuestro deber como representantes públicos, lo que requiere de voluntad política y dotar al sistema de los instrumentos necesarios para que los corruptos no puedan llevarse el dinero público.
Ha manifestado que acabar con la corrupción ha sido uno de los principales objetivos de Cs desde que se creó y ha lamentado que Andalucía haya sido ejemplo de graves casos de corrupción, lo que ha llevado a los ciudadanos a perder la confianza en sus representantes políticos. Ha indicado que el Parlamento aprobará hoy una ley histórica que se ha intentado negociar con todos los grupos.
El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha manifestado que su grupo está muy de acuerdo con una parte sustancial de la ley, que es una herramienta necesaria de la que se debe dotar la comunidad para erradicar de raíz la corrupción. No obstante, ha indicado que el mismo Gobierno que impulsa esta ley debería "avergonzarse de mantener a Javier Arenas como senador por la comunidad cuando es el único cargo que sigue estando directamente implicado en uno de los mayores casos de corrupción de España, como es el caso de los papeles de Bárcenas".
Asimismo, ha dicho que si esta norma tuviera carácter retroactivo, el actual Gobierno debería ser investigado por las contrataciones "express" en la Junta, de "bendodas maneras", que han recibido hasta tres sentencias judiciales en contra.
El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha señalado que nadie puede entender que alguien no vote a favor de esta ley con todos los casos de corrupción que se han producido en Andalucía. Ha indicado que esta ley no es fruto de la actividad de un único partido, en referencia a Cs, sino que ha sido mejorada por las aportaciones de todos los grupos.
Ha manifestado que Vox siempre ha estado con acabar definitivamente con el fraude y la corrupción en Andalucía, y ha destacado que ha incorporado al texto una enmienda sobre la denuncia anónima, que es algo que a través de una directiva europea se exigirá al ordenamiento jurídico español.
La diputada no adscrita Teresa Rodríguez ha denunciado que la corrupción sigue siendo "consustancial al sistema" y ha indicado que el propio Gobierno que ha planteado esta norma incurre en algunas contradicciones, porque la "corrupción también es un alcalde de Granada atornillado en el poder" o darle la mellada de honor de Andalucía a una monarquía "corrupta con su rey emérito fugado" por evasión fiscal. A su juicio, corrupción también es no acabar con las dietas si justificar de esta Cámara o aumentar los precios de comedores y aulas matinales cuando se hacen regalos fiscales a las familias de la educación privada. Ha dicho que los delitos de corrupción tienen que ser "imprescriptibles".
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