El PSOE de Andalucía no ha encontrado el respaldo en el resto del Parlamento para sacar adelante una iniciativa con medidas muy similares a las anunciadas por Pedro Sánchez tras los últimos episodios ocurridos en la política nacional con informaciones sobre Begoña Gómez, su esposa. El presidente del Gobierno abrió la puerta a legislar contra lo que calificó como "digitales y pseudomedios" que publicaban bulos y desinformación sobre él y su entorno. De hecho, fue una de las cosas que mencionó en su carta a la ciudadanía con la que suspendió su agenda durante cinco días.
Los socialistas andaluces han repetido la jugada con una moción relativa a la lucha contra la desinformación y de impulso democrático y buen gobierno. En la iniciativa, el PSOE-A ha incluido medidas que tienen que ver con la actuación de los periodistas, pero también con medidas de transparencia por parte de la Junta de Andalucía en cuestiones como la publicidad institucional.
No obstante, el grueso de la propuesta socialista está basado en episodios recientes vividos por políticos socialistas en el Congreso de los Diputados como Patxi López u Óscar Puente. Ambos han tenido choques en los últimos meses con las actuaciones de Alvise Pérez o Vito Quiles, este último acreditado en el propio Congreso como periodista de EDA tv, medio que dirige Javier Negre. Además, Quiles ha participado recientemente en la campaña de 'Se acabó la fiesta' yendo el número 57 en sus listas para las elecciones europeas. Este hecho ha impedido que las asociaciones periodísticas le dieran amparo en su conflicto con el ministro Puente.
Los socialistas han pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía estudiar una legislación "antibulos" que esté destinada a "combatir aquellos bulos que son difundidos masivamente y de forma deliberada con el ánimo de alterar la paz pública, a excepción de los supuestos de contenido de opinión que tienen que ver con el derecho fundamental a la libertad de expresión". Hace unas semanas, el propio Juan Espadas afeaba a Juanma Moreno que el portal contra este tipo de informaciones que puso en marcha el Gobierno andaluz esté sin actualizar desde 2021.
El diputado Josele Aguilar ha reprochado a los populares que no hayan respaldado la iniciativa a pesar de que varios de sus párrafos estaban presentes en los programas electorales del PP. Los socialistas han pedido poner medidas "contra los agitadores" para intentar hacer compatible "la libertad de expresión con una información veraz". Al igual que hiciera Sánchez, el diputado del PSOE ha arremetido contra "los medios digitales que no tienen periodistas y están condenados" y ha acusado a PP y Vox de ser "propagadores de bulos".
El texto no ha sido bien recibido por parte de PP y Vox. Las formaciones han criticado la intención de crear códigos éticos más allá de las normas existentes y han acusado a los socialistas de difundir bulos. "Se van a aplicar a sí mismo la persecución", ha respondido el portavoz de Vox, quien también ha ironizado sobre la posibilidad de que Ana Pastor o el Gran Wyoming sean "los censores de las noticias falsas". El Partido Popular, por su parte, ha recurrido a Begoña Gómez y Pedro Sánchez con sus recurrentes cambios de opinión para ridiculizar la iniciativa socialista.
En el debate tampoco ha faltado el episodio reciente ocurrido en Canal Sur con la cancelación de un reportaje de Los Reporteros sobre la monarquía o el caso ERE. "El TC ha desmontado la gran mentira que les ha servido para desprestigiar al PSOE", ha señalado Aguilar en su segunda intervención.
La moción socialista también incluía que la Junta elabore un código ético para el comportamiento ejemplar de los altos cargos, la reducción del uso de la forma de los decretos leyes, cambios normativos para que se cumplan las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, la publicación de los microdatos de las encuestas del Centra en cinco días, el desarrollo de una regulación para las comitivas en los viajes oficiales, una nueva ley de publicidad institucional o la publicación de todas las subvenciones que reciben los medios de comunicación en este tipo de campañas.
Además, el texto contiene la petición de "no conceder ayudas, subvenciones o contratar publicidad institucional con aquellos medios de comunicación y periodistas condenados por sentencia judicial por mentir o difamar, por no cumplir los códigos deontológicos de la profesión o por no respetar e incumplir los derechos laborales y económicos de los trabajadores".