PSOE y Unidas Podemos han acordado este miércoles un documento conjunto con propuestas para la recién creada Comisión parlamentaria para la Reconstrucción social y económica de España en el que no concretan la creación de un nuevo impuesto que grave las grandes fortunas, como querían los de Pablo Iglesias. Ambos grupos sí apuestan por subir los impuestos para asimilar la carga fiscal en España a la media de los países de la UE, si bien evitan concretar cuáles en su acuerdo, que ahora compartirán con el resto de formaciones políticas en aras de buscar un consenso más amplio.
Y es que será la citada Comisión de la Reconstrucción la encargada de aprobar el documento definitivo que puede servir de base para la elaboración de unos próximos Presupuestos Generales del Estado, al fijar ya una serie de políticas prioritarias en las que centrar los recursos.
En el texto registrado a última hora de la tarde en el Congreso, los socios de la coalición defienden "avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad" del sistema fiscal español, "con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan" y apuestan por "desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, según las recomendaciones de la Unión Europea".
También apuestan por "fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional".
Ambas formaciones proponen potenciar los ERTE, dentro del diálogo social, para estudiar "un marco adecuado de regulación y cofinanciación para que los ERTE sean un instrumento de flexibilidad interna de las empresas y protección del empleo", y analizar la continuidad de ERTEs parciales primando ajustes en la reducción de la jornada.
El acuerdo no menciona la reforma laboral y llama a "luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social", apuesta por potenciar la formación profesional, reordenar y simplificar unas prestaciones por desempleo, asegurando "cuantías dignas", la revisión de las políticas activas de empleo, los incentivos a la contratación, y un "nuevo derecho a la formación continua".
El documento también alude al desarrollo de un plan de inversiones y reformas para reorientar el modelo productivo "hacia un crecimiento sostenible e inclusivo" que se concentre en los próximos dos años en proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador y refuerce la productividad y el crecimiento potencial de la economía, con atención especial a pymes, autónomos, economía social, y "sectores tractores en la industria y el sector primario".
En el acuerdo se incluyen diferentes planes, y a los ya aprobados de automoción y turismo, se les une uno para la hostelería, otro para rehabiliación de viviendas dirigido a mejorar la eficiencia energética, otro para digitalización y la sostenibilidad de la cadena logística para el transporte y distribución de mercancías y otro de refuerzo de la seguridad y conservación de las infraestructuras y servicios de transporte.
En la hostelería, proponen un plan de reactivación "que se alinee con los principios de sostenibilidad y digitalización", facilite una "capacitación permanente" de sus trabajadores y contempla estudiar la posibilidad de extender los ERTE específicamente en la hostelería, para permitir una reincorporación gradual de trabajadores, con incentivos a la formación y recualificación en sectores donde la actividad no se recuperará por completo.
En materia de digitalización, prevén planes para centros educativos, alumnado en situaciones de mayor vulnerabilidad, docentes, todas las etapas del sistema educativo, la Administración, la Sanidad, el pequeño comercio, una estrategia de despliegue del 5G, una estrategia de Inteligencia Artificial, también de ciberseguridad y la Carta de Derechos Digitales.
También plantean la digitalización en las políticas de reto demográfico, para asegurar la conectividad de banda ancha e Internet móvil en todos los municipios, el desarrollo de políticas de transporte para garantizar la cohesión territorial y la creación de empresas en zonas rurales "en las 20 comarcas rurales que requieren una intervención urgente".
En el sector financiero, el PSOE y Unidas Podemos plantean fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una nueva Ley del Mercado de Valores para "mejorar la percepción de la seguridad jurídica de los operadores del mercado" y acelerar la tramitación parlamentaria del nuevo sandbox financiero.
Para la industria, abogan por un Pacto de Estado hacia una nueva Ley de Industria, que impulse la reindustrialización a medio y largo plazo en el que ganen peso actividades de mayor valor añadido; en la cultura proponen también un Pacto de Estado, y también en la Ciencia, en la que piden una nueva estrategia, reforzar el papel de las universidades mejorar la gestión de los proyectos y fortalecer y multiplicar los instrumentos para la inversión privada en I+D+i.
En el sector primario, el compromiso es defender "una PAC más justa en Europa", que permita "proteger la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones" y promover en la Unión Europea la reforma de esta política común.
En el plano de las políticas europeas, PSOE y Podemos defienden eliminar el requisito de la unanimidad en la toma de decisiones sobre política fiscal europea y piden un ambicioso Marco Financiero Plurianual que tenga en cuenta los países y sectores más afectados y que refuerce la Política Agrícola Común y la política de cohesión.
También piden acelerar la ratificación y puesta en marcha de los instrumentos financieros promovidos desde el Eurogrupo como SURE para apoyar a los desempleados, la línea Covid-19 del MEDE para apoyar a los Estados y el Fondo de Garantías del BEI para apoyar a las empresas.
El acuerdo también contempla la apuesta un Fondo de Recuperación para financiar Planes de Inversiones y Reformas en los diferentes Estados Miembros, en línea con lo aprobado por el Gobierno y que serán puestas en valor en el Plan de Inversiones y Reformas que se envíe a Bruselas, así como identificar los sectores más golpeados por la crisis y proponer líneas de apoyo para ellos en el marco del fondo de
recuperación europeo.
También recoge, entre otras, la necesidad de coordinar con los socios europeos las medidas necesarias que permitan restaurar la libre circulación con garantías de seguridad en fronteras internas y externas Schengen, elaborar protocolos comunes de actuación para sectores como la hostelería, la restauración y otros relacionados con el ocio y el turismo o una defensa del equilibrio en los mercados, la sana y justa competencia y las normas de cohesión regional como elementos centrales del funcionamiento del mercado interior.
En materia socio-sanitaria, apuesta por una Unión Sanitaria europea para afrontar posibles rebrotes, con un sistema de pruebas de estrés en los sistemas públicos de salud, medidas para coordinar datos y recursos a nivel de la UE, dotar de medios al Mecanismo Europeo de Protección Civil, potenciar la inversión en investigación a escala europea y mejorar la coordinación, diversificar las cadenas de producción y distribución o promover en el corto plazo la relocalización de sectores esenciales en la respuesta a la epidemia.