Estamos en el año 2015. Ciudadanos firma un acuerdo de investidura con Susana Díaz para investirla como presidenta de la Junta de Andalucía. En el punto doce del apartado ‘Regeneración democrática de los partidos políticos’ que establece el documento se puede leer "eliminación de los aforamientos a nivel autonómicos".
Cuatro años después, en 2019, la jugada se repite. Esta vez Ciudadanos protagoniza un acuerdo de Gobierno, por lo que tendrá mayor responsabilidad, aunque su socio en esta ocasión es el Partido Popular. Juan Marín vuelve a estar al frente de la formación naranja y el punto tres de ‘Despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción’ es más extenso y ambicioso: "Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios".
Estamos en 2022 y una medida acordada por primera vez hace siete años aún no se ha cumplido. Ciudadanos llegó a la política española con la bandera de la regeneración democrática y la retirada de privilegios para los políticos. Su medida estrella ha sido durante todos estos años el fin de los aforamientos, pero el texto que lo regula en Andalucía – el Estatuto de Autonomía – se mantiene igual que hace una década.
No se puede decir que esta promesa haya estado olvidada porque durante las dos legislaturas hubo algunos movimientos para llevarla a cabo. Sin embargo, a la hora de la verdad sí ha faltado el impulso final de los partidos comprometidos para que el fin de los aforamientos en los políticos fuera una realidad.
Acabar con los aforamientos supone que parlamentarios y consejeros sean investigados y juzgados directamente por los tribunales ordinarios y no por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como está establecido en los artículos 101 del EEAA en el caso de los diputados, "correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", en el 122 en el caso de los consejeros, "para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", en el 118 afectando al presidente y en el apartado 1º del artículo 142 donde se reconoce la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para conocer estos casos.
En 2017, Susana Díaz se comprometió a llevar a cabo esta medida durante esa misma legislatura, cuya finalización estaba prevista para 2019. Un año más tarde, Marín anunció que retiraba el apoyo al PSOE por los incumplimientos. Todo aceleró la ruptura y provocó un adelanto electoral que arrojó unos resultados que permitían a Ciudadanos llevar a cabo su agenda legislativa desde el Ejecutivo. Sin depender de nadie.
No tardó en iniciar los trámites la Junta de Andalucía de PP y Cs. A los dos meses de tomar posesión el nuevo Gobierno, se anunciaba el comienzo de los procedimientos para modificar el EEAA. Las palabras de Marín fueron bastante ambiciosas, "conocemos los pasos y procedimientos para su eliminación y vamos a cumplirlo dentro de los 100 primeros días como nos comprometimos con los andaluces".
Hay que señalar que el procedimiento no es sencillo y que necesita una amplia mayoría. El compromiso de Marín fue para los primeros 100 días, por lo que la pandemia tampoco ha afectado demasiado. De hecho, en mayo de 2019 se aprueba en el Parlamento la Proposición de Ley presentada por PP y Cs con la abstención del PSOE.
A partir de aquí llega la situación que causa controversia. El siguiente paso comprendía las comparecencias en la Comisión de Desarrollo Estatutario para comenzar los trabajos de redacción del nuevo texto. Sin embargo, estas comparecencias nunca ocurrieron. ¿La culpa? Como todo en política, según a quién se le pregunte.
El entorno de vicepresidente defiende que el próximo paso no dependía del Gobierno porque la comisión mencionada la preside María José Sánchez Rubio, diputada del PSOE y que, por lo tanto, era ella la que tenía la potestad de convocarla para que se desarrollaran los trabajos de redacción de un nuevo texto que acabara con los aforamientos.
Esto es una verdad incompleta. La versión de los socialistas se opone a lo que defiende el equipo de Marín. Según fuentes del grupo el papel de la presidenta de la comisión es de gestión, por lo que no es ella la que debe acelerar las propuestas. "Los que no han movido ficha son los que la quieren y tienen que impulsar", afirman desde el entorno socialista. El PSOE, además, añade que considera el procedimiento porque "Vox ha intentado sacar rédito para abrir el canal el EEAA".
Por ello, lavozdelsur.es se ha puesto en contacto con el Parlamento de Andalucía para conocer cuál es la verdadera situación y por qué la medida estrella de Ciudadanos ha cumplido otra legislatura sin que se lleve a cabo. En la Cámara andaluza confirman ambas versiones: la presidenta tenía que ordenar las comparecencias, pero ninguno de los grupos proponentes ha instado a que se reúna la Mesa de la comisión.
La parálisis favoreció a una consejera de Moreno
Hace unos meses, durante unas horas, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo, fue declarada como investigada (imputada) en el caso sobre la presunta financiación irregular del PP en la provincia de Almería. Finalmente, este hecho se rectificó al poco tiempo no porque la Fiscalía no sospechara, sino porque la condición de consejera se traducía en un aforamiento que imposibilitaba la investigación por parte de un juzgado ordinario.
La situación provocaba que la Fiscalía tuviera que enviar un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que este decidiera si había indicios suficientes. Todo este procedimiento hubiera sido distinto en caso de que la promesa de acabar con los aforamientos se hubiera completado. En cualquier caso, Moreno no contempló el cese y Ciudadanos no lo solicitó.
La rectificación de la Fiscalía provocó que los populares sacaran pecho ante la situación. Políticos de otro signo, como es el caso de Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos, ha intentando señalar en varios plenos que la no investigación momentánea de Crespo se debe únicamente a su condición de aforada, aunque su insistencia no ha tenido demasiado éxito en el debate mediático.
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