Juan Carlos Ruiz Boix ya tiene gobierno en la Diputación de Cádiz para lo que resta de mandato, apenas once meses hasta las municipales de finales de mayo de 2023. Como era de esperar, no hay grandes novedades en cuanto a nombramientos tras la salida de Irene García. La suma de dos nuevas vicepresidencias a las ya existentes (cuatro en total) y la incorporación del actual alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, como relevo de la propia García, que ya ha oficializado su renuncia como diputada provincial tras renunciar la pasada semana a la presidencia de la institución provincial, son las nuevas bazas que ha elegido el también alcalde de San Roque para esta etapa.
En su primera comparecencia como nuevo presidente de Diputación, Ruiz Boix ha confirmado que a las vicepresidencias de José María Román y Javier Vidal (La Línea 100x100) se añaden una tercera, que recae en la responsable del Área de Igualdad, la jerezana Carmen Collado, y una cuarta que gestionará Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules, que lidera el Área de Cooperación y Asistencia a Municipios. “Este es el servicio primordial que mantiene las relaciones de esta casa con los ayuntamientos”, ha enfatizado Ruiz Boix, quien también ha avanzado que Ana Carrera será la portavoz del gobierno provincial, siendo Encarnación Niño la viceportavoz. Asimismo, el Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, que hasta ahora gestionaba el propio Ruiz Boix, estará en manos de Víctor Mora a partir del próximo 26 de julio.
Además de la primera línea política, Cristina Saucedo, chiclanera y con larga trayectoria en la Junta, será la nueva jefa de gabinete del presidente, en sustitución de la conileña Eva Leal. Asimismo, Javier Aguilera será el nuevo responsable del gabinete de comunicación de la institución provincial, en sustitución de Juan Ramón Aramburu. Por ahora, son los dos únicos nombramientos, “de mi confianza”, que se harán a corto plazo en el apartado de asesores, quedando vacantes otros 18 puestos, según el acuerdo de organización de julio de 2019.
“He estado valorando cada uno de los casos con los miembros del gobierno provincial; estamos en la constitución, estamos en ello; llevamos ejerciendo tres días laborables, un poco de paciencia”, se ha limitado a mantener ante la prensa Ruiz Boix, en relación al resto de nombramientos de personal de libre designación adscrito a su presidencia.
El dirigente sanroqueño, que no obvia la clave de la próxima gran contienda electoral —las municipales de la primavera del año que viene— y que ya ha encargado la redacción del Presupuesto de la Diputación para 2023, se ha reunido con los miembros del gobierno de Diputación, a los que ha encargado que vayan aportando las necesidades de cada área para empezar a conformar dichas cuentas. Sobre las previsiones económicas del próximo ejercicio ha asegurado que serán “expansivas”, con el firme propósito de encarar el actual escenario económico “con una inflación que ya supera los 10 puntos”. "Vamos a plantear programas nuevos que puedan con respaldo en los próximos presupuestos", ha mantenido.
Los pilares que sustentarán la acción del ejecutivo provincial serán consolidar la Diputación como “motor de generación de empleo, pese a no tener dicha competencia propia”; asistir, como ya se ha dicho, a los 45 municipios de la provincia de Cádiz en sus necesidades de infraestructuras y servicios públicos; y fortalecer las políticas sociales, como es el caso de los recursos destinados a la atención a la dependencia y a las familias más vulnerables. En este último ámbito “sabemos que tenemos un aliado en el Gobierno de España que ha confirmado ser un escudo de protección social”.
Ruiz Boix ha insistido en algunas señas de identidad que ya expuso en su discurso de investidura: “Será una Presidencia dialogante, con lealtad institucional y que buscará cómplices en defensa de los intereses del millón trescientos mil gaditanos y gaditanas”. Complicidades que procurará forjar “hacia arriba”, en referencia a los Gobiernos de España y de la Junta de Andalucía, “y en horizontal” con todos los grupos políticos representados en la institución provincial, así como con los agentes económicos y sociales.