El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, serán investigados por la Justicia de Andorra por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
La conocida como 'operación Cataluña' deriva en la investigación de Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, así como también el ex secretario de Estado Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó, y los ex mandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
Los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantage desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
Los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso. La justicia andorrana ha ampliado la querella interpuesta por dos entidades, Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (Idha), a la que posteriormente se adherieron el presidente de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco i Noguer, y el ceo de la entidad, Joan Pau Miquel.
En 2020 Andorra admitió una segunda ampliación de la querella inicial: investiga a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz por un supuesto delito de falsedad de documentos por remitir información falsa a autoridades estadounidenses para perjudicar a la BPA; y a Rajoy y a Montoro por un supuesto delito contra los órganos constitucionales por supuestamente intimidar al jefe del Gobierno andorrano y sus ministros para que liquidasen la entidad financiera.
En un primer momento, la querella se dirigía contra el inspector jefe de la Policía Nacional que fue agregado en la Embajada española de Andorra, Celestino Barroso Sánchez, y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas, quienes presuntamente coaccionaron y extorsionaron a los dirigentes de la BPA para conseguir datos de supuestas cuentas bancarias andorranas a titularidad de los Mas, Pujol y su familia y Junqueras.