La rebaja fiscal en Andalucía impulsada a través de una proposición de Ley suscrita por PP-A, Ciudadanos y Vox contempla deducciones por gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática tanto en centros públicos como privados y en academias.
Así lo ha manifestado este pasado miércoles el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, tras ser preguntado sobre el hecho de que, en un borrador inicial de la reforma fiscal, se contemplara la deducción de hasta 300 euros por hijo que cursara bachiller en un centro privado. En concreto, ya se ha reconocido que la segunda reforma fiscal de la Junta prevé una pérdida recaudatoria de 31 millones solo en el IRPF, que estima se compensará con un aumento del número de contribuyentes.
Nieto ha indicado que eso ha quedado "subsumido" en un único artículo de la proposición de Ley, concretamente, el número 15, donde se indica, bajo el epígrafe Deducción autonómica por gastos educativos, que los contribuyentes tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática, o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.
Nieto ha querido dejar claro que esto afecta tanto a los centros públicos como privados y también a academias. "Esta deducción se aplicará respecto de aquellos descendientes por los que se tenga derecho al mínimo por descendiente regulado en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas", según se añade en el artículo.
Asimismo, se señala que "tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en caso de tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación conjunta".
"Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en este artículo, su importe se distribuirá por partes iguales", según se apunta en el artículo.
En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que mantiene un "respeto absoluto" a las competencias propias que pertenecen a las comunidades autónomas y que no va a entrar sobre "cómo y de qué manera se ejercen esas competencias", sobre todo las fiscales, aunque ha advertido de que "hay que ser consecuente y coherente y, si uno considera que tiene capacidad económica para tener unos menores recursos o recaudación, lo que no puede ocurrir a continuación es que solicite dinero al Gobierno de España".
Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha sostenido, ante el anuncio de la reforma fiscal que anuncia el Gobierno andaluz que tendrá como beneficiarios a más de 4 millones de andaluces y comportará un ahorro de 329 millones de euros, que "es dar más privilegios a las grandes fortunas" tras estimar que "pretenden beneficiar al 0,1% de la población andaluza".
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