El Gobierno de la Junta de Andalucía presentó este martes el cuarto decreto de simplificación administrativa. Una reforma con 600 páginas que el consejero Antonio Sanz definió directamente como una "revolución burocrática", ya que modifica 176 normas entre leyes, decretos y órdenes. La aprobación vía decreto hará que la entrada en vigor sea prácticamente inmediata y que tan solo tenga que pasar el trámite de ser convalidado en el Parlamento. Dicha convalidación espera la Junta que se dé este mismo mes de febrero.
Esta medida radical, con la que pretende la Junta agilizar la actividad económica de la comunidad, ya ha contado con el rechazo de los sindicatos porque no fueron informados de las intenciones que tenía en mente el Gobierno andaluz en lo que respecta al funcionamiento de la administración.
Ahora, la Junta se ha encontrado con otro contratiempo. La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha afirmado este miércoles que si el decreto no se tramita como proyecto de ley, debido al gran impacto que tendrá en la normativa andaluza, su espacio político lo llevará al Tribunal Constitucional. Nieto ha criticado el abuso del decreto ley "para evitar el debate y atribuirlo a la urgente y extraordinaria necesidad".
Más allá de las formas, la coalición progresista critica el camino tomado por la Junta respecto a la simplificación administrativa. Según Nieto, tan solo ha servido "para quitar controles" y "cuanto más grandes los proyectos empresariales más rápido van" mientras que falta eficacia en la tramitación del "Bono Joven Alquiler, la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los fondos europeos, la Renta Mínima de Inserción Social o la dependencia".
"No hemos visto un papel, hemos tenido alguna reunión informal con el señor Sanz o alguien de su equipo, aunque siempre se han negado a entregar un papel, dentro de su particularísimo concepto de diálogo", se ha quejado Nieto sobre la actitud del Gobierno andaluz, quien se ha reafirmado en que "ese Pleno (de convalidación) no le puede poner punto y final a su tramitación" y ha subrayado que "la falta de controles y de seguridad para la ciudadanía no es agilización administrativa", convencida de que "esto es lo que ha imperado en los decretos anteriores".
"Si la simplificación administrativa trae aparejado esos cientos de páginas y no se tramita como proyecto de ley para ver todo esto muy despacito, nos iremos al Tribunal Constitucional", ha afirmado Nieto.
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