La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el cuarto decreto ley de simplificación administrativa desde que Juanma Moreno es presidente. El propio Moreno lo adelantó un día antes, aunque tras el Consejo de Gobierno, Antonio Sanz como consejero de Presidencia y Simplificación Administrativa ha dado más datos. Sanz, de hecho, no ha calificado esto como el cuarto decreto, sino como la primera "revolución" en la simplificación administrativa.
El objetivo de la Junta es reducir al mínimo la burocracia y para ello modificará 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) a través de 450 medidas y reducirá en un 90% del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100, con la intención de facilitar la comunicación interna.
"Jamás se ha hecho una norma tan amplia y potente", ha afirmado Sanz sobre los 600 folios que componen estas medidas y que afecta a la propia Junta de Andalucía, a los ciudadanos y a las empresas. En la elaboración han participado todas las Consejerías y está previsto en un futuro que haya una reforma dentro de la administración territorial de la Junta para adaptarla a la "realidad que hay 40 años después de que se crease".
Aunque la norma es compleja, se basa en dos cuestiones: la declaración responsable y el silencio administrativo, que deja de ser negativo para ser positivo en muchos trámites. Uno de los ejemplos que han esbozado desde la Junta de Andalucía es a la hora de construir residencias de mayores. Actualmente el tiempo que se tarda para lograr la apertura de estos centros es de dos meses. Ahora podría reducirse hasta los tres meses porque será suficiente una declaración responsable y, en caso de que la Junta no responda a la solicitud, el silencio administrativo será positivo.
Algo similar ocurrirá en materia educativa, donde se simplificará el procedimiento para la adminisión de alimnado tutelado y también la autorización para centros docentes con la eliminación de uno de los dos informes que eran necesarios. Según la Junta se favorecerá la apertura de escuelas infantiles y centros de Formación Profesional. No obstante, desde Adelante Andalucía ya han alertado de que con esta medida se eliminan la mitad de los informes que necesitaba un centro privado o concertado para ver la luz, por lo que la formación andalucista alerta del aumento de este tipo de centros educativos que puede provocar la nueva medida de la Junta de Andalucía.
A pesar de que el decreto, como anunció Juanma Moreno, reduce los trámites para lograr las autorizaciones ambientales, Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, ha asegurado que esto no mermerá el control por parte de la Junta de Andalucía, que mantiene todas sus competencias. Algo similar ocurrirá con lo que respecta al Patrimonio Histórico, cuyas Comisiones Provinciales sí van a perder funciones. La intención del Gobierno andaluz es que las obras menores en inmuebles cercanos a los Bienes de Interés Cultural, que hasta ahora tenían que pasar por Patrimonio, ahora no necesiten este informe y sea suficiente con una declaración responsable.
Aunque desde la Junta se ha dejado claro quecon esta "revolución" busca facilitar la inversión económica y 'mimar' a las empresas y empresarios para dinamizar la actividad económica, Antonio Sanz también ha señalado que la simplificación administrativa afectará a trámites de los ciudadanos que hasta ahora se podían hacer eterno. El principal ejemplo tiene que ver con la solicitud de la ayuda para la dependencia. La media de espera actualmente es de 555 días. Con esta nueva normativa, el Gobierno andaluz pretende reducirla en un año y dejarla en 180 días, como mucho.
También afectará a la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. Se mejoran tanto la solicitud como los anexos de la tramitación de la concesión. Del mismo modo se modifica el Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo, de manera que se agiliza evitando rellenar formularios en los que duplica la información y que ha de firmar varias veces.
Descontento en los sindicatos por no haber participado
Los sindicatos UGT y CCOO han lamentado que el nuevo plan de simplificación administrativa aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no haya sido sometido a un "diálogo" ni negociación en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en el que se recoge que las cuestiones relacionadas con la simplificación administrativa se encuentran "incluidas" y, por tanto, "deben ser negociadas por los firmantes, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido". Los sindicatos aseguran que no conocen el texto del Decreto y consideran "imprescindible que nos volvamos a sentar y reconducir el diálogo social".
De esta forma han valorado ambas formaciones sindicales el nuevo plan en sendas notas de prensa. En el caso de CCOO, éste ha advertido de que "quitar controles y garantías es también quitar derechos y eso, a medio y largo plazo, generará un perjuicio, incluso a las propias empresas". En este sentido, y sin haber podido entrar "en el fondo" del Decreto, CCOO de Andalucía le ha exigido al Gobierno andaluz que "cumpla con el Pacto y traslade todas las medidas previstas a la mesa de diálogo social.
Así, ha defendido el sindicato, se podrán "evitar nuevamente despropósitos en la norma final y que se puedan repetir efectos perjudiciales sobre el necesario desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con la protección del patrimonio, con el desarrollo urbanístico sostenible, con la sostenibilidad medioambiental, con la creación de empleo y con los derechos laborales de los trabajadores andaluces, dejando exclusivamente a la voluntad de los mercados el modelo económico y social en el que se va a convertir Andalucía en el futuro".
El sindicato ha recordado que "tenemos precedentes en las tres normas anteriores de simplificación administrativa en las que se realizaba un barrido normativo brutal cuyo objetivo único no era el desarrollo económico del territorio, sino establecer una absoluta desregulación de la inmensa mayoría de las materias y actividades que afectan a los andaluces".
En ese sentido, la central ha apuntado que "llama la atención que el presidente andaluz haya presentado en Madrid de la mano de un selecto grupo de empresas el 'Plan Andalucía Simplifica' como si fuera materia de ámbito nacional". "Se le olvida que gobierna para ocho millones y medio de andaluces que no estaban representados en ese escaparate que el Gobierno pretende proyectar en lugar de explicar las medidas en Andalucía y trabajar en beneficio de la mayoría social".
Si bien el sindicato ha puntualizado que hará una valoración "en profundidad" del Decreto cuando conozca el documento, "que no ha sido presentado a los sindicatos", ha adelantado que "las declaraciones del presidente andaluz parecen indicar que habrá muchas medidas que vuelvan a incidir en desregular sin control posterior los trámites que afecten al empresariado, olvidándose de nuevo de agilizar todos aquellos trámites que afectan a la ciudadanía y especialmente a las personas vulnerables".
En el caso de UGT, el sindicato ha valorado "el fondo de lo perseguido con esta regulación" pero, al igual que en los tres decretos leyes anteriores, "no compartimos las formas, ya que no hemos podido conocer con anterioridad el texto, ni siquiera el borrador con las medidas que incluye". En esta línea, UGT ha traslado su "malestar" a la Junta por sólo tener "una mera información" que "no un verdadero diálogo".
"Sin un texto o borrador al que poder hacer aportaciones y poder debatir en profundidad su contenido, nos resulta difícil respaldar una norma de este calibre, máxime cuando estamos hablando de reformas de calado con procedimientos administrativos que se van a simplificar o eliminar y que afectan a materias tales como el medioambiente, la salud pública, la dependencia y el urbanismo en Andalucía", ha argumentado.