El PP, por boca de su líder en Jerez, Antonio Saldaña, ha vuelto a solicitar al gobierno municipal que suspenda el servicio de control de las zonas de aparcamiento regulado en el centro de la ciudad, la ORA. Esta demanda, según han asegurado fuentes municipales a este periódico digital, es lo mismo que pedir que el Ayuntamiento —es decir, todos los jerezanos— paguen una indemnización a la actual empresa concesionaria, Setex-Aparki, por las pérdidas que les va a ocasionar el estado de alarma decretado ante la epidemia de coronavirus.
Según el modelo de contrato que adjudicó el gobierno del PP en 2015, si el Consistorio suspende el servicio, casi sin actividad tras arrancar la cuarentena, la empresa reclamará lucro cesante y deberá percibir una indemnización con cargo a las arcas municipales por lo que deja de ingresar. En otros ayuntamientos, como el de Cádiz capital o Sevilla, este servicio se presta directamente desde el Ayuntamiento o vía empresas municipales, por lo que los ejecutivos locales tienen potestad para automáticamente suspenderlos.
El PP adjudicó a la referida empresa la concesión de la también conocida como zona azul por un plazo de diez años y le amplió las plazas en un 97%: de 1.854 a las 3.661 que hay en la actualidad. A cambio, el Ayuntamiento percibió un canon de 4,4 millones de euros que prácticamente se comió aquel ejecutivo antes de que entrara a funcionar la nueva concesionaria. Aquí hay que recordar, como ya publicó entonces este medio, que el propio gobierno del PP retrasó ese inicio hasta pasadas las municipales de 2015. Este pequeño resumen viene bien para contextualizar una polémica que no es tal, salvo para el PP de Saldaña, y aclarar, al tiempo, que el Ayuntamiento dejó de recaudar por este servicio desde hace cinco años.
"Ante el descontento generalizado de los jerezanos por la situación actual de la gestión del ORA en las calles de Jerez y la incertidumbre de los trabajadores del servicio que se ven obligados a desarrollar su labor en la vía pública a pesar del estado de alarma, desde el PP se ha vuelto a solicitar a Mamen Sánchez que suspenda de forma inmediata la aplicación de la ORA en todo el término municipal durante el período de vigencia del estado de alarma".
El gobierno local, a través de su delegado de Movilidad, Rubén Pérez, lo que negocia con la empresa es que sea ella la que solicite la suspensión, en aras de ahorrar un dinero a los jerezanos en un Ayuntamiento en una delicada situación financiera. "Quieren que sea el Ayuntamiento, es decir, los jerezanos, el que asuma las pérdidas, cuando esta situación sobrevenida está afectando a miles y miles de empresas y autónomos a los que tendrá que rescatar el Gobierno central. Es un chantaje en toda regla que pagarían los jerezanos", han asegurado las fuentes consultadas.
Con las calles desérticas y los residentes en las zonas reguladas por la ORA con tarjeta que les autoriza a aparcar, no tiene sentido que la empresa no pida la suspensión —"están expidiendo una media de 15 multas, por las 100 de un día laborable normal"— y haga un ERTE de los muchos que se están registrando para su plantilla. "Si el Ayuntamiento pide la suspensión tendrá que pagar una indemnización y encima dirán que es la alcaldesa la que ha despedido a los trabajadores, aunque sea temporalmente", mantienen las mismas fuentes.
En otras épocas, con Pedro Pacheco al frente de la Alcaldía, las concesionarias de la ORA funcionaban por una modalidad de contrato de servicio, mediante la cual los ingresos iban al Ayuntamiento y ésta le remitía facturas mes tras mes. Este es el caso por ejemplo de la empresa que actualmente presta los servicios de envejecimiento activo, cuyo contrato ha quedado en suspenso por la epidemia de Covid-19 y se reanudará cuando pase la epidemia. En cambio, el modelo de contrato de gestión que pergeñó el anterior ejecutivo del PP, donde Antonio Saldaña precisamente era el número 2 de la exalcaldesa Pelayo, dicta que si es la administración local la que suspende el servicio deberá abonar lucro cesante a la empresa.
En una nota, Saldaña explica que es posible suspender el servicio, algo que el gobierno local evidentemente ya sabe. Lo que no explica es el coste que declarar esa suspensión supone para las arcas del Consistorio, a menos que la solicite la empresa, que es una opción que ni siquiera contempla en su escrito. "Desde el PP se invita a Mamen Sánchez —remata Saldaña en su nota de prensa— a dejar de lado los enfrentamientos políticos en estos momentos tan convulsos y a que deje de verter información no ajustada a la verdad para menoscabar la imagen de un PP que está al lado del gobierno municipal para solventar cualquier problema que surja en estas circunstancias tan excepcionales".
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