El PSOE de Andalucía ha decidido pasar a la acción después de que varias sentencias del Tribunal Constitucional haya anulado varias condenas de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía en el caso ERE. En total son ya cinco consejeros y un director general los que han encontrado amparo en el TC. Uno de ellos, incluso, ya ha podido abandonar la cárcel.
Las resoluciones del Constitucional respaldan las principales tesis que habían mantenido durante todo este tiempo los socialistas. Sin embargo, el tema había sido enterrado una vez conocidos los fallos de la Audiencia Provincial de Sevilla y de Tribunal Supremo. La situación ahora es radicalmente distinta. Los socialistas vuelven a hablar del caso ERE y lo hacen sin esconderse para reivindicar la "inocencia" de estos ex altos cargos.
Los socialistas vienen advirtiendo durante toda la semana que no dejarán que se hable de "robo" a los andaluces por el caso de los ERE y, de hecho, ya han anunciado la primera denuncia contra Elías Bendodo, uno de los dirigentes del Partido Popular que ha mantenido que se utilizó el dinero de los parados andaluces en cocaína y prostitutas.
Ahora, el PSOE ha ofrecido más detalles sobre una estrategia que no es un farol. Desde que se han comenzado a conocer las sentencia del Constitucional, los servicios jurídicos del partido están recopilando los mensajes de dirigentes del PP y Vox para tomar acciones legales por delitos de "injurias y calumnias". También por delitos de odio en el caso de algunos miembros de Vox.
La voluntad con estas acciones legales es la de ir a los tribunales para "defender la dignidad y la imagen del partido", que se vieron perjudicadas tras las sentencias condenatorias a exaltos cargos socialistas en la causa de los ERE por parte de la Audiencia de Sevilla y confirmadas después por el Tribunal Supremo.
Juan Espadas, desde Madrid, ha dejado claro que "e.l Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud y con estas declaraciones, intentando ejercer nuestros derechos y ante los tribunales, en los que confiamos plenamente". Ángeles Férriz, por su parte, ha señalado en el Parlamento de Andalucía que el PP "llegó al poder a lomos de la extrema derecha y de una cacería política", en referencia al caso ERE. "Hicieron un montaje para que pareciera que en Andalucía el PSOE, sus presidentes y la mayoría del Gobierno habían robado dinero a los andaluces, lo cual es falso, como ha dicho el Tribunal Constitucional".
El Partido Popular, no obstante, mantiene su crítica al Constitucional y al caso ERE. "Es el caso de corrupción más grande de la historia de la democracia de España", ha sostenido Toni Martín, portavoz del PP. "Aquello llegó a los tribunales, fue investigado, juzgado, condenado, y por fin parecía un capítulo cerrado, que dejaba de hacer daño, de ensuciar el nombre de Andalucía y ahora contemplamos que lo que no le interesa al PSOE hay que decir que no ha pasado", ha sostenido Martín, quien en su relato de los hechos ha remarcado que "680 millones se utilizaron al margen de cualquier control administrativo o legal, que retorcieron el sistema para adecuarlo a sus intereses políticos y le quitaron el dinero a los parados de Andalucía".
Desde Vox tampoco han rehuido del tema que está protagonizando la semana, pero la formación que dirige Manuel Gavira ha implicado también al PP. "Vivimos en un Estado corrupto controlado por el bipartidismo", ha señalado el portavoz. Gavira ha asegurado que el Constitucional está "controlado por los socialistas, gracias al Partido Popular".