Ambas sesiones plenarias han ocurrido este viernes, una en cada lado de España. En la capital andaluza, presentada por el Partido Popular; en Cataluña por la CUP. Ambas hablan sobre la monarquía y sobre el Reino de España: la primera en su defensa, la segunda en condena. Ambas son de dudosa utilidad, no sé sabe con exactitud para qué sirven y a dónde van a llegar. Los plenos municipales elaboran cada mes, en cada sesión plenaria, numerosas mociones, proposiciones, ruegos y declaraciones institucionales que no trascienden más allá de lo meramente institucional.
En Sevilla ha sido el Grupo Popular el que ha presentado una moción en defensa de los símbolos nacionales y de la monarquía así como del español como "lengua vehicular y común" y su enseñanza en todas las comunidades autónomas. La propuesta hace explícito su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña "con la amplitud y la duración que se requiera". El texto, que aprovecha la efeméride que este año tiene lugar con el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española afirma que "España ha vivido sus mejores años de progreso, desarrollo social y económico" y toma a la Transición como base de la democracia actual, para rechazar "cualquier tipo de revisionismo de esta época decisiva". Y en un alegato de patriotismo, llama a defender la monarquía parlamentaria como "símbolo de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España". La moción del PP, que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, que gobierna la ciudad, ha sido aprobada, pese a los votos en contra de Participa Sevilla e Izquierda Unida.
De esa forma, el pleno municipal de Sevilla aprueba "defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas, respetando siempre las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas", así como "apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán".
Por su parte, al otro lado de la Península, en la capital catalana la CUP hacia algo parecido. O más bien todo lo contrario. En el pleno municipal de la ciudad de Barcelona se ha aprobado "rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre". La declaración institucional, promovida por la CUP, ha sido firmada por el gobierno de los 'comunes' de Ada Colau, PDeCAT, ERC y los concejales no adscritos de la corporación municipal -Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé-, mientras que se han posicionado en contra Ciudadanos, el PSC y el PP.
La declaración recalca el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con los valores republicanos, apuesta por la abolición de "una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía" y critica la judicialización de la política y violencia que sostiene que se ha ejercido contra los derechos fundamentales. Al mismo tiempo reprueba "los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes". Y en esa línea, habla de que el Rey emitió "un discurso amenazador contra parte de la población que dice representar para acabar con la movilización popular y preservar la unidad de España a cualquier precio", y que lo hizo ejerciendo "una de las funciones por las cuales la dictadura franquista le otorgó privilegios".
Más de mil mociones para reprobar la monarquía
Izquierda Unida, que a través de su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha calificado la proposición del PP en este pleno de "competición del PP con Ciudadanos y Vox para ver qué partido es más de ultraderecha" y ha recordado al PP que "España no tiene mil años de historia como nación". En esa línea ha llamado a no "dulcificar la transición", a calificar también a la monarquía de "institución anacrónica y corrupta" y a "no golpear" a los independentistas.
Su líder nacional, Alberto Garzón, ha anunciado el inicio de una campaña para todos los ayuntamientos donde la coalición tiene presencia —más de mil en toda España—, donde presentará un modelo de moción sobre la reprobación de la monarquía, forzando dice un debate y asegurando que "en no pocos de ellos saldrá adelante". La intención del Coordinador Federal de IU también es investigar los posibles delitos cometidos por Juan Carlos de Borbón y condena la actitud del gobierno de Sánchez que tacha de "profundamente antidemocrática" al recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación de la monarquía aprobada también en Parlamento de Cataluña por los grupos políticos.
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