La Junta de Andalucía modificará los artículos del nuevo decreto de simplificación administrativa que modifica la Ley Forestal de Andalucía. Dichos artículos eran copiados de la ley que Partido Popular y Vox registraron en el Parlamento para legalizar regadíos en el Parque Nacional de Doñana. El PSOE alertó el pasado lunes de que se trataba de un intento de recuperar esta norma "por la puerta de atrás". Tras conocer la norma, la ministra Teresa Ribera paralizó todo el acuerdo de Doñana que suponían una inyección millonaría para catorce municipios de Doñana y su entorno.
Los consejeros andaluces Antonio Sanz, Carmen Crespo y Ramón Fernández-Pacheco han mantenido este miércoles, horas antes de que el 'macrodecreto' se debatiera en el Parlamento de Andalucía, una reunión telemática con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente de España, para negociar la nueva redacción del texto. El acuerdo, según fuentes de la Junta de Andalucía se ha alcanzado en "medio minuto".
Desde el entorno de Juanma Moreno explican que "el acuerdo estaba por encima de todo" por lo que apenas ha habido problemas para realizar la modificación. La intención del Gobierno andaluz es hacer las rectificaciones en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el próximo martes. La Consejería de Presidencia aprovechará otra norma para cambiar los artículos que han provocado la polémica.
En el nuevo texto se elimina la retroactividad que permitía recuperar para usos agrícolas terrenos que habían sido convertidos en forestales. Según la Junta de Andalucía, esto afectaba a 70 hectáreas en toda Andalucía. El PSOE lo cifra en más de 100.
Aunque el consejero Antonio Sanz, responsable del decreto, ha señalado durante el debate de la norma que se realizará una "modificación técnica y aclaratoria", los socialistas consideran que la nueva redacción es un "cambio radical" en el decreto y que, por lo tanto, se trata de una rectificación de la Junta en toda regla. El propio Juan Espadas ha señalado que "hemos conseguido evitar, por segunda vez, que el PP abra la puerta a una nueva amenaza a este espacio natural".
La convalidación de este miércoles en el Parlamento, con los votos favorables de PP y Vox, no modifica la aplicación del decreto ya que está en vigor desde el pasado sábado, día posterior a su publicación en el BOJA. El nuevo texto incluye una disposición que blinda los artículos negociados ya que establece sus efectos desde el 17 de febrero.
Con este añadido, la Junta pretende evitar los problemas que pueden provocar que alguno de los propietarios de los terrenos afectados haya registrado la solicitud de reconversión del suelo. Desde el PSOE aseguran que tienen constancia de que esta situación ya se ha producido. Fuentes de la Junta lo niegan y, además, explican que, en cualquier caso, es necesaria una autorización por parte de la administración por lo que no se hubiera llevado a cabo. En cualquier caso, desde el Gobierno andaluz insisten en que, ante las discrepancia en la interpretación, prefieren no dejar resquicios que puedan hacer peligrar las relaciones entre las administraciones tras el pacto de Doñana.
La mesa técnica con los ayuntamientos se reanudará en los próximos días a pesar de la advertencia de Ribera en relación a la publicación del nuevo texto. En Gobierno andaluz se muestran tranquilos después de haber cerrado el acuerdo y recuerdan que "nosotros no hemos incumplido ninguno de los acuerdos con el Gobierno".
El acuerdo no evitará que el 'macrodecreto' acabe en el Constitucional
Pese al acuerdo que a media tarde han alcanzado Junta de Andalucía y Ministerio para la Transición Ecológica, el 'macrodecreto' que ha aprobado la Junta de Andalucía y que este miércoles convalida el Parlamento de Andalucía acabará en el Tribunal Constitucional por un recurso del PSOE. La formación también ha solicitado que se tramite como proyecto de ley para mejorar un texto que modifica radicalmente el funcionamiento de la administración en sus 600 páginas.
Los socialistas, aunque han incidido en el tema de Doñana, señalan que esta cuestión es una pequeña parte de todo lo que incluye el decreto-ley que pretende revolucionar toda la burocracia de la administración andaluza reduciéndola al mínimo. La oposición ironiza señalando que si se trata del cuarto decreto de simplificación es porque los tres anteriores no han funcionado demasiado bien.
Tanto el PSOE como el resto de grupos de la izquierda no creen que esté justificado la urgente y extraordinaria necesidad de este tipo de procedimientos. Desde Presidencia, por su parte, aseguran que cada una de las consejerías implicadas en la redacción de este decreto ha justificado su urgente necesidad después de que lo solicitara el gabinete jurídico de la administración. En este sentido, Sanz ha apuntado durante el debate que no aparecen en el expediente porque no es necesario.
Fuentes socialistas explican que en el debe de este decreto-ley la falta del informe del Consejo de Gobiernos Locales, que "ni siquiera se había solicitado", como ha precisado, hecho al que ha sumado que "no se ha pronunciado el Consejo Consultivo", aun cuando ha precisado que su dictamen "no es vinculante", aunque sí ha invocado que su pronunciamiento fue contrario sobre una cláusula que se pretendió incluir en la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad Urbanística de Andalucía (Lista), como es el permiso para que entidades urbanísticas privadas puedan autorizar construcciones y que ahora incluye el Decreto-ley 3/2024, de manera que "el Consultivo advirtió de la ilegalidad" por cuanto propicia sustituir "el informe de un funcionario público por el de una entidad privada".
Pese a las intenciones del PSOE con el recurso, desde la Junta de Andalucía se muestran tranquilos ya que consideran que los socialistas han cometido un error al alegar que la inconstitucionalidad está en la ausencia de informes que no son preceptivos. "Reconocen que no son vinculantes, valiente inconstitucionalidad argumenta", ha comentado Sanz a modo de reproche. "Les molesta que Andalucía va a ser la comunidad con menos burocracia de España".
Adelante y Por Andalucía también han criticado de forma rotunda este decreto. "Intentan colar todo lo colable", ha denunciado Maribel Mora, quien también ha lamentado el poco tiempo que han tenido los grupos parlamentarios para estudiar el contenido desde que se publicara el pasado viernes. Los andalucistas temen que esta norma abra la puerta a diferentes privatizaciones, como la educativa, al eliminar el número de informes necesarios para poder abrir un centro educativo privado. "Están garantizando el chanchulleo", ha señalado Mora.
En la misma línea, Inmaculada Nieto ha acusado al Gobierno andaluz de "esconder muchas trampas" para intentar borrar el papel de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones. "No cuentan con ayuntamientos ni con el diálogo social". Según la portavoz de la coalición progresista los servicios jurídicos le han dado "fuerte y flojo" al decreto por no tener una visión de conjunto o no resolver problemas existente. "Se lo van a tumbar desde la puerta", ha expresado Nieto tras mostrar su confianza en los tribunales.