En Sevilla, el alcalde José Luis Sanz gobierna en minoría, pero tras una histórica moción de confianza, que perdió, conseguirá paradójicamente en un mes tener aprobado el presupuesto municipal de 2024. En otros ayuntamientos donde hay mayoría absoluta en el ejecutivo local, como en Cádiz, su alcalde Bruno García, pese al rechazo inicial de la oposición, prevé también aprobar en las próximas semanas las cuentas municipales para el presente ejercicio. San Fernando, con absoluta de la socialista Patricia Cavada, aprobó su presupuesto de 2024 en abril pasado, mientras que Algeciras, donde gobierna holgadamente José Ignacio Landaluce (PP), aprobó sus cuentas para este año el pasado 31 de mayo.
¿Y qué pasa en Jerez? Después de dos años desde la última aprobación presupuestaria, a finales de abril de 2022 y que curiosamente rechazaron en aquel pleno PP, Podemos y Cs, el gobierno municipal del PP cumple un año de mayoría absoluta gestionando con las cuentas prorrogadas del anterior ejecutivo de Mamen Sánchez, que dejó sin ejercicio presupuestario 2023 tras haber aprobado seis presupuestos en siete años —dos de ellos vieron la luz en cuatro años—. El problema de fondo de estas dificultades, que lógicamente condicionan las políticas del renovado gobierno municipal tras los últimos comicios locales, es la intervención del Ministerio de Hacienda que pesa sobre el Ayuntamiento de Jerez, el segundo más endeudado de España.
De hecho, como ha vuelto a recordar este martes el primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia, Agustín Muñoz, las negociaciones con Hacienda siguen abiertas con el objetivo de flexibilizar las amortizaciones de la deuda financiera contraída por el Consistorio, y que para este 2024 prevé una transferencia de cerca de 30 millones de euros en concepto de amortizaciones e intereses de la deuda financiera.
"Estamos intentando que que atiendan a las peticiones que hemos realizado, sobre todo para la flexibilización del pago de la deuda financiera, con el objetivo de que el presupuesto refleje esa flexibilización. Nosotros estamos continuamente insistiendo", ha dicho el responsable municipal, a preguntas de lavozdelsur.es. El gobierno municipal no quiere ni presentar borrador de esas nuevas cuentas, que no estarían en vigor en el mejor de los casos hasta final de año, ya que todo está sujeto a lo que Hacienda permita como margen de maniobra para esas previsiones de ingresos y gastos.
In extremis, a finales del pasado año el actual ejecutivo que preside la alcaldesa María José García-Pelayo logró que Hacienda destensara la soga al cuello de las cuentas municipales y rebajó de 30 millones a 9 millones de euros la amortización que el anterior gobierno del PSOE debió afrontar antes de junio de 2023, meses antes de las últimas municipales.
La patada adelante se la comió el nuevo ejecutivo que, sobre la bocina, alcanzó un acuerdo a cambio de recortes no traumáticos, como han sido la supresión de bonificaciones a los vehículos históricos o una leve subida del impuesto de construcciones y obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (aún pendiente de aprobación) a las grandes empresas.
El escenario de este año es incierto y el gobierno municipal, en público y privado, mantiene un hermetismo absoluto sobre cómo marchan las negociaciones o qué está exigiendo Hacienda para alcanzar una refinanciación (otra más) a largo plazo. Cuando se le ha preguntado por este asunto, la alcaldesa siempre ha mantenido lo mismo: la idea es establecer un acuerdo a largo plazo y no estar cada año que dure el mandato con la espada de Damocles de los recortes pendiendo sobre la gestión municipal.
Sea como fuere, Muñoz ha querido nuevamente mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que se llevarán a cabo "las modificaciones de crédito que sean necesarias (del presupuesto prorrogado de 2022) y no peligra para nada ni el pago de las nóminas, ni tampoco los servicios públicos que presta Ayuntamiento". "Vamos a seguir trabajando; y con la tranquilidad de que con unos presupuestos de 2022 llevaremos a cabo todas las gestiones, todas las acciones que sean necesarias para esta prestación de los servicios; y ya digo que no hay ningún problema".