No hace tanto, el debate en Andalucía siempre llevaba asociadas las palabras "enchufados" o "administración paralela" para hablar de forma despectiva de los entes instrumentales que gestiona la Junta de Andalucía más allá de las propias consejerías que directamente dependen del Gobierno autonómico. Los 37 años del PSOE al frente de la comunidad dieron para mucho y alimentaron el discurso de los puestos a dedo y de la administración como 'agencia de colocación'.
La motosierra que Javier Milei ha hecho famosa en Argentina para recortar en gasto público era uno de los principales argumentos de la oposición para desgastar a los socialistas. Ante tantas críticas (y promesas electorales) lo normal era pensar que, una vez llegado el Partido Popular al poder, la administración andaluza pegaría un cambio de 180 grados. Una revolución interna que podría haber supuesto la salida de miles de trabajadores de la principal que tiene Andalucía, la Junta. En los más de 230 entes instrumentales hay alrededor de 30.000 trabajadores.
Y hay que decir podría porque cuando se cumplen cinco años de la llegada de los populares al Palacio de San Telmo, la organización interna de la administración pública apenas ha variado. Los nuevos gobiernos, tanto el de la primera legislatura de PP y Ciudadanos como el actual con sólo la presencia del PP han chocado con la realidad: la dificultad que hay para despedir trabajadores públicos con derechos adquiridos (la Junta ha tenido que readmitir e indemnizar tras sentencias judiciales a algunos de ellos) y lo complicado que es gobernar una comunidad tan extensa y con tanta población sin esos entes instrumentales.
La palabra "enchufado" sigue pronunciándose frecuentemente en el Parlamento de Andalucía, aunque ahora tan sólo lo hace Vox. Esta misma semana, la formación de extrema derecha reprochaba a Juanma Moreno que mantuviera a altos cargos de las etapas socialistas. El PP, por su parte, ya no habla de enchufes, aunque insiste en que ahora sólo se necesita el DNI para trabajar en la Junta y no el carnet del Partido Socialista. El PP tampoco ha vuelto a mencionar lo que hasta antes de la llegada de Juanma Moreno era la "administración paralela".
Durante la primera legislatura de PP y Ciudadanos, la Junta de Andalucía elaboró un plan para acabar con duplicidades y mejorar la eficiencia de la administración pública. Eficiencia es una palabra a la que los miembros del Gobierno se han apuntado a la hora de realizar cualquier modificación en el organigrama autonómico. El plan se elaboró después de recibir las auditorías que se habían encargado a varias empresas externas.
Las 54 auditorías con más de 6.000 páginas concluyeron que había duplicidades y mala gestión. Pese a ello, algunos de los consorcios señalados ya estaban en proceso de liquidación antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno. Aquellos documentos definieron a los entes instrumentales como "una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios".
Por ello, el Gobierno andaluz puso en marcha un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental. En aquel momento, el responsable de todos estos movimientos era Juan Marín, quien habló de un plazo de dos años para poder concluir todas las actuaciones necesarias. Esas palabras fueron pronunciadas en verano de 2021. Las cuentas son fáciles: ya ha pasado el plazo.
Los cambios, sin embargo, no han sido revolucionarios. No ha habido fin de esa 'administración paralela' y sí algunas fusiones para reorganizar el sector público. Algo muy lejos del plan inicial y de las promesas de campaña antes de alcanzar el poder. Algunos de estos movimientos han sido la integración de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias ― Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir ― en el SAS o la fusión de fundaciones públicas como las Barenboim-Said, con Tres Culturas del Mediterráneo y el Legado Andalus. En todas estas decisiones la Junta dejó clarao que no peligraban los puestos de trabajo.
La Agencia Trade
El caso más significativo en todo este periodo ha sido el de la Agencia Trade, un macroorganismo que pretendía agrupar a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y a la Fundación Andalucía Emprende para evitar duplicidades y ganar eficiencia en la gestión. El objetivo era dar respuesta a una la demanda del sector productivo de la comunidad.
Lo cierto es que la Junta de Andalucía, en minoría con el Gobierno de PP y Cs, tuvo que negociar para sacarla adelante en el Parlamento de Andalucía y finalmente lo logró junto a PSOE y Unidas Podemos. El socio habitual de la legislatura, Vox, rechazó este nuevo organismo al creer que no iba en la línea de acabar con los entes instrumentales.
La sorpresa llegó ya en la actual legislatura, cuando el Partido Popular, a la hora de presentar los estatutos de esta macroagencia dejó fuera a Emprende, el organismo más amplio de todos los que la conformaban. Según la oposición, el que lo dotaba de significado por ser "el único instrumento de la Junta de Andalucía para llevar las políticas de promoción económica y empresas a todo el territorio Andaluz, tanto por sus competencias como por su capilaridad en el territorio, con más de 250 centros de trabajo (CADEs) y más de 50 puntos de información en toda Andalucía". Esta modificación contó con el rechazo del resto de grupos. Finalmente, Trade se puso en marcha este mismo año con apenas 120 trabajadores, aunque la previsión inicial, contando a Emprende, era cercana a los 1.400.
En la última semana se ha producido un movimiento, relacionado con Trade y más concretamente con la Agencia IDEA, que muestra claramente que el 'adelgazamiento' de la administración se ha quedado en tierra de nadie. Por primera vez, la Junta se ha involucrado en la gestión del Circuito de Jerez nombrando consejeros en el Consejo de Administración de dicho circuito. IDEA tiene el 32% de las acciones del trazado. Pues bien, uno de ellos será el director general del ente instrumental de la Junta, Miguel Ángel Figueroa.
La jugada se repite, esta vez en el apartado sanitario
Esta semana, el Parlamento de Andalucía ha sido testigo de otro movimiento para "reorganizar" el sector público andaluz fusionando varias instituciones y creando otro 'macroorganismo'. El Instituto de Salud de Andalucía verá la luz en los próximos meses después de que PP y Vox rechazaran las enmiendas a la totalidad. Con los votos de los populares sería suficiente.
El nacimiento de este organismo supondrá de facto la eliminación de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Fundaicón Progreso y Salud. El argumento de la Junta de Andalucía vuelve a ser la eficiencia y el fin de duplicidades. Sin embargo, el finde la Escuela Andaluza de Salud Pública ha provocado grandes críticas tanto en la oposición como entre su personal tras más de 35 años de funcionamiento. Era uno de los 10 centros colaboradores de la OMS que hay en España.
Nuevamente, los trabajadores de los distintos entes quedarán integrados en el de nueva creación. El Gobierno andaluz garantiza que no se perderán puestos de trabajo. No obstante, habrá movimientos. La sede de la EASP está en Granada; la del nuevo Instituto de Salud de Andalucía estará en Sevilla. La capital nazarí, por su parte, sólo contará con una secretaría general. Este hecho obligará a traslados ya que el grueso del trabajo que el Instituto llevará a cabo será en Sevilla.