Los 3.000 auxiliares para las playas andaluzas contratados por parte de la Junta, empleados con el propósito de controlar medidas como el distanciamiento social y aconsejar a los bañistas de cara a evitar contagios, siguen dando que hablar debido a un proceso de contratación que plantea muchas dudas a los grupos de la oposición. Pero si las formas no convencen a unos, las directrices a los trabajadores y otras cuestiones relativas al pago de la nómina o a la prevención de riesgos laborales, convierten esta iniciativa del Ejecutivo andaluz en una de sus principales debilidades políticas, que están aprovechando a PSOE-A y Adelante Andalucía.
Precisamente, el Partido Socialista ya anunció que tomará acciones judiciales contra esta contratación masiva. Y en la sesión plenaria de ayer jueves, Manuel Jiménez Barrios reconocía a este medio que se está estudiando todo al detalle por el gabinete jurídico del partido para que sean precisas y que están cerca de saber de qué tipo serán y contra qué representantes públicos irán.
En este sentido, también habrá que saber si solo se dirigen solo a los ‘vigilantes de playa’ o también abordará el tema de las distintas ofertas a funcionarios interinos, que pueden entrar en conflicto con el método de contratación exigido a la Administración pública, y que lavozdelsur.es dio en exclusiva el pasado 8 de julio. En las mencionadas ofertas, que cubren desde personal sanitario a técnicos de distinta índole como arquitectos o ingenieros, se impide la participación de embarazadas, lactantes, mayores de 60 años e hipertensos, a pesar de que se ofrecen plazas que no tengan vinculación con el sector sanitario.
En el caso de los auxiliares de playa, este medio ha podido contactar con una de las empleadas por la Junta para esta labor, que prefiere no dar su nombre ni ofrecer ningún tipo de dato debido al miedo generalizado entre los trabajadores a posibles represalias como el despido por parte de la delegación correspondiente. Respecto al conocimiento de la oferta, en su caso relata que se enteró a través de informativos, periódicos y por medio de una profesional de Comisiones Obreras. Y en cuanto al método, señala que “ya estaba registrada anteriormente en la bolsa única de la Junta de Andalucía, por lo tanto, solo tuve que irme a la oferta y seguir los pasos para echarla”.
La empleada reconoce que los requisitos para poder inscribirse no eran exigentes ni mucho menos. “Formación básica, preferiblemente tener formación relativa a vigilante de seguridad, pero no era requisito indispensable”. Al ser preguntada sobre si la Administración se interesó por algún aspecto suyo como la salud o su residencia habitual, contesta:” Sí, una vez inscrita en la oferta. Me llamaron de la Junta, me preguntaron si padecía alguna enfermedad incompatible con el puesto. También si había tenido el covid. Y tuve que personarme en la subdelegación para presentar la titulación básica y confirmar que aceptaba el puesto, aun sin saber las condiciones del mismo”.
Uno de los puntos de este proceso sobre el que más se ha hablado, ha sido el reducido espacio de tiempo en el que se hizo. “Desde que me inscribí en la oferta, tardaron uno o dos días en ponerse en contacto conmigo y fui a la subdelegación, que era la primera parte del proceso de selección. Para la segunda, tenía que presentarme personalmente en la capital de la provincia donde iba a trabajar. Para ir hasta la capital, me llamaron con muy poca antelación. Allí nos facilitaron una parte del uniforme porque no contaban con uniformes suficientes, mascarillas, protección solar, gel hidroalcohólico y un móvil de la Junta”. A este respecto, añade que “estamos pendientes de que nos faciliten nuevo material, como el gel desinfectante o la protección solar. También hay compañeros que siguen trabajando sin uniforme”.
Sobre si el proceso de selección le pareció el normal para optar a un puesto de trabajo, la auxiliar lo tiene claro. "Sí, aunque fue todo muy precipitado y con cierta desorganización”. Y aclara. “Tanto yo como mis compañeros, fuimos informados de que estábamos dados de alta unos 15-20 días después de empezar a trabajar. Aunque el alta tenía fecha del día que comenzamos”. Sobre si ha podido conocer a algún compañero cuyo proceso haya sido distinto, cuenta: “El único caso sospechoso es uno en el que dos familiares se incorporaron más tarde y pretendían hacer reajustes en los demás grupos para que siempre coincidiesen trabajando juntos en el mismo grupo y horario”.
El sueldo de los contratados y el pago de la primera nómina es otro de los asuntos que traen de cabeza, tanto a vigilantes como a los miembros de la oposición que denuncian irregularidades. La auxiliar aclara la situación en estos momentos. “Nunca nos han llegado a informar de cuánto íbamos a cobrar a ciencia cierta, ya que hablaban de 1.900 euros netos. Llevamos un mes y dos semanas trabajando y aún estamos sin cobrar, no sabemos hasta cuándo ni cuánto. A colación de esto, hay compañeros que se han desplazado desde diferentes provincias, por tanto, han tenido que alquilar viviendas sin ningún tipo de ingreso hasta la fecha”. Y da carpetazo a este asunto con unas palabras bastante sorprendentes. “Los contratos los hemos recibido al mes de estar trabajando, donde no hay información específica del salario, horario... solo se remiten a poner "según convenio”.
Otro de los temas más controvertidos en este asunto gira sobre las condiciones laborales. “La Junta no había dispuesto para nosotros ningún espacio de refrigerio y descanso a la sombra, cosa que posteriormente hemos conseguido que se subsane”. Uno de los objetivos de estos auxiliares, es identificar las conductas que puedan suponer un riesgo de contagio para quienes se encuentran en la playa en ese momento, y para eso ha facilitado un móvil con un aplicación, a la cual los ‘vigilantes’ deben subir fotos de estas situaciones y posteriormente irán a parar a manos de la policía local de cada municipio.
Preguntada si tienen repercusiones por no subir fotos, nuestra testimonio lo tiene claro: “Cuando nos dijeron que debíamos tomar fotos con la app y anotar las incidencias, preguntamos la legalidad de hacer fotos a los usuarios que incumplieran las normas. Nos dijeron que hacerle fotos a las personas sin ellos dar consentimiento de las mismas no sabían hasta qué punto era legal. Así que yo, por ejemplo, anoto incidencias pero no adjunto ninguna foto y la verdad es que no me han dicho nada al respecto”.
Sobre si tienen una figura o mando superior a quien dirigirse, señala que “no hay una cabeza visible a la que quejarse, ya que a todas las personas de la Junta con las que hemos contactado, dicen no tener conocimiento de lo que preguntamos”. Preguntada sobre si conoce a compañeros que hayan sido despedidos u otros que hayan abandonado el puesto por su voluntad, dice tener constancia “solo del chico peruano que ha salido en los medios” y no conocer “a ningún compañero que lo haya dejado”.
Las sospechas de Adelante y PSOE-A
Carmelo Gómez, diputado socialista por Sevilla, aclara que ven el proceso tan irregular, que están preparando la demanda. “Estamos dándole vueltas a si la tramitamos por lo penal o lo laboral, hay que darle forma”. Para Ismael Sánchez de Adelante Andalucía, “cuanto menos es irregular e inmoral”, y menciona “los engaños sistemáticos de la Junta”, que en un principio anunció que utilizaría la bolsa de contratación única. “Luego han utilizado una bolsa residual, cuya última actualización fue en octubre de 2019 en la que no había ni el suficiente número de personas para cubrir esas plazas y después anunciaron el famoso salario de los 1.900 euros al que ni de lejos se va a llegar”.
Ambos parlamentarios insisten en haber pedido al Ejecutivo autonómico toda la documentación referente a este proceso y los dos responden lo mismo: "No nos han contestado a nada”, a pesar de haberla exigido hace más de un mes. “Sospechamos que han sido finalmente los delegados de Gobierno los que han firmado los contratos y sobre quienes va a caer todo este asunto”, señala el Gómez.
El político de Adelante se pregunta “¿a qué viene tanta demora en facilitar esos documentos?”. Y exige: “De la misma forma que han preparado esta documentación exprés debido a la excepcionalidad del momento, nos la deben facilitar, y siguen sin hacerlo”. Y deja constancia de que debido a la nula información que ofrece el Gobierno andaluz, se han dirigido a la Cámara de Cuentas para que fiscalice todo este proceso.
“Cada provincia lanzó la convocatoria en un momento distinto y con unas normas específicas, todo como ya es sabido, en solo 24 horas. Algunos han accedido por la bolsa y en otros casos han tenido que enviar el correo electrónico, siempre que se hayan enterado de la oferta”, aclara Sánchez, que matiza que “al no cubrir ninguna provincia las plazas con los integrantes de la bolsa, fue cuando se abrió el dispar plazo de 24 horas online”.
Para el diputado del PSOE-A, “cuando inician un proceso de este tipo, es porque ya tienen acordado a quienes les iban a dar una parte de las plazas”, que tiene claro que establecen 24 horas de tiempo límite “para que se cierre lo antes posible”. “Si dan más tiempo, ya tienen que establecer un mérito y una capacidad”. Para el miembro de Adelante, hechos como el de Almería, última provincia en cerrar el proceso “para en 24 horas hacer una serie de contrataciones exprés y complementar lo que le faltaba de la bolsa” es “muy sospechoso, porque la gente no está en su casa pulsando F5 en el ordenador para ver si le salta una oferta de la Junta”, y añade que “los sindicatos no tenían ninguna información al respecto”.
Otro de los temas que chirría Gómez es la inexistencia en la oferta del 10% de las plazas reservadas para personas con discapacidad. “Hay muchas personas con necesidades especiales que perfectamente podrían llevar a cabo este trabajo y no les han dado la oportunidad, a pesar de que la Administración está obligada a ello”. El socialista no se explica la forma de lanzar la oferta. “Si tienen una bolsa pública de empleo, lo razonable es que se hubieran dirigido a todos los integrantes de esa bolsa pública”, y se pregunta: “¿Por qué no se ha hecho eso?”.
El diputado, además, pone el foco en la actitud del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, al ser preguntado por el tema. “Encima me dice que no escupa para arriba en este asunto porque hay trabajando concejales socialistas. ¿Qué me quiere decir que los he metido yo? Si el proceso lo ha hecho él”. Gómez ya dio siete nombres y apellidos en la comisión de personas que han accedido de forma sospechosa, aunque dice tener una lista más amplia.
El momento del alta, que tal y como la testigo ha contado a lavozdelsur.es, ha sido a las semanas de empezar a trabajar, también ha provocado que a algunos se les solape con subsidios y otras ayudas que ahora tendrán que devolver. Para el parlamentario de Adelante por Sevilla, “este es un perjuicio económico del que los trabajadores no son responsables”. E informa de que “no se les ha dado la formación que se les prometió y otros han tenido que darse de baja por quemaduras solares”.
Para Sánchez, tanto el sueldo anunciado en un principio por la Junta como las condiciones a las que tienen que someterse después los trabajadores, van a hacer que “haya gente a la que le cueste el dinero trabajar”. “Ha habido movilidad entre distintas provincias entendiendo que cobrarían 1.900 euros y veremos a ver lo que cobran, porque ya Bendodo está diciendo que según convenio”. El convenio de seguridad que es al que se acoge la Junta, es de 1.300 euros por 40 horas semanales, pero estos empleados trabajan seis horas y media al día, cinco días a la semana, por lo que presumiblemente será menos.
“Encima están obligados a cogerse las vacaciones. En un contrato de tres meses, donde las vacaciones se suelen pagar para cobrar un poco más, aquí están obligados a cogerlas por el convenio de la Junta, lo cual también hay que restarles del suelo”. El diputado echa en falta que no se esté haciendo público el número de personas que están renunciando al puesto. ”Nosotros tenemos decenas de casos controlados de personas que han renunciado porque las condiciones son extremas o no van a cobrar lo que se les dijo en un principio”.
Los uniformes de los auxiliares son otra de las cuestiones que han levantado suspicacias. La marca encargada de fabricarlos ha sido Álvaro Moreno, y para Gómez es inexplicable el procedimiento de urgencia con el que ha sido adjudicado, el cual “no justifica que no se hayan pedido dos o tres presupuestos”, lo cual ve como un descaro. “Tenemos fotos de Bendodo con Álvaro Moreno, que encima es quien les diseñó las famosas mascarillas con el logo”.
Mismo modus operandi para la contratación de los funcionarios interinos
“No contentos con lo de los auxiliares de playa, nos vamos a otra oferta pública donde se sigue el mismo método. Sin transparencia, sin publicidad… al menos que hubieran anunciado que estas contrataciones empezaban tal día con los mismos criterios para todos”, apunta Ismael Sánchez. “Esto visto a vuelapluma, pudiera parecer que hay malversación de fondos públicos”, y menciona las continuas evasivas de Bendodo, para no abordar el tema en comisión o en sede parlamentaria.
El diputado de Adelante tiene claro que “las candidatos que han entrado, no saben por qué lo han hecho. Y los que han sido excluidos, tampoco”. Y sobre la interinidad, apunta a que “ya tenemos varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que dicen que Andalucía abusa de la figura de la interinidad, lo cual debería ser algo excepcional”. Y apunta que “aunque entren interinos, deberá entrar el más capacitado o la persona con más méritos, pero no es así, entra el primero que llega”.
Gómez comparte este punto completamente. “A la Administración se debe entrar por mérito y capacidad, no el primero que llega. Esto no es vender unas entradas para una Final de Copa del Rey, que hasta ahí se establece un criterio como el número de socio”. Desde Adelante temen que “unos fondos destinados para el covid, no se estén utilizando de forma correcta”, y lo ven muy grave al ser dinero público.
“Se están aprovechando de la emergencia sanitaria para actuar con impunidad”, dice Sánchez, que aclara que este decreto está diseñado y pensado para combatir la pandemia. “Si a mí Bendodo me dice que va a contratar 1.000 sanitarios para que las urgencias funcionen por la tarde, no tengo nada que decir. Pero parece que se ha hecho para meter en la Administración a otro tipo de profesionales y no sabemos con qué intención, todo aprovechando la situación actual”.
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