El grupo parlamentario de Vox pondrá la lupa en la publicidad institucional de la Junta de Andalucía. Quiere un desnudo integral sobre cuánto, cómo y dónde se reparten estos cuantiosos fondos públicos dentro de un descontrol histórico que ha respondido al capricho del gobierno de turno. Son muchos millones de euros anuales para estar tan bien ocultos bajo las alfombras. El socio clave para la estabilidad del Gobierno andaluz de PP y Cs va a instar esta semana al Consejo de Gobierno “a mejorar el apartado del portal de transparencia referente a la publicidad institucional, acabando con la opacidad imperante hasta ahora, de forma que se haga fácilmente accesible y entendible a los ciudadanos, permitiendo conocer qué personas físicas o jurídicas (medios, aplicaciones y entidades de cualquier tipo) están recibiendo fondos públicos, independientemente de su cuantía”.
La propaganda de la Administración autonómica, cuya cantidad total no está determinada, pero que se mueve en millones y millones de euros de presupuesto anual, se destinan de forma opaca y arbitraria a los diferentes grupos mediáticos consolidados y sociedades que en muchos casos bordean lo que podría considerarse medio de comunicación social y periodístico. Como sucediera en el anterior gobierno socialista, pocos conocen realmente el dato de propaganda que cada año destinan las diferentes consejerías y agencias de la Junta de Andalucía a los diferentes medios de comunicación y portales digitales.
Tampoco se conocen los motivos —aunque pueden intuirse— sobre por qué se discrimina y veta a unos medios sobre otros, en un claro ejercicio de competencia desleal espoleado desde el Ejecutivo de PP y Cs que, por si fuera poco, cuenta con jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la ilegalidad manifiesta que representa la discriminación de medios en este reparto de dinero público por línea editorial. Ni los requerimientos del Colegio de Periodistas de Andalucía han servido para modificar una situación que viene de lejos y que, de un tiempo a esta parte, con la contratación de agencias de medios, aún ha agravado más el oscurantismo y la tiniebla que rodea a estos repartos.
Ahora Vox quiere arrojar un cañonazo de luz sobre cantidades que en muchos casos son desorbitadas, sin justificación de audiencia o criterio profesional, o que se han repartido en estos años, en algún casos, el mismo día en el que se constituyó la empresa. “Se deberá conocer el recorrido de dichos fondos, pasando por los intermediarios hasta conocer el destino final. También deberán detallarse cuáles han sido las campañas, actuaciones o similar que se han realizado con los fondos públicos y en qué medio o formato se han realizado”, expone Vox en una moción, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, que ha registrado para que sea debatida este próximo jueves en el Parlamento andaluz. La moción de Vox es muy clara: “Cada trimestre deberá elaborarse en el portal de transparencia un informe en el que se detalle concretamente estos datos de forma unificada para todas las consejerías y entes de la Junta de Andalucía”.
Del mismo modo, advierten en su moción, el Parlamento de Andalucía debe instar al Consejo de Gobierno a que “las campañas de publicidad institucional atiendan siempre a criterios de racionalidad y eficiencia del gasto público, garantizándose su utilidad y servicio público, así como su neutralidad política, además, en ningún caso serán una herramienta de publicidad de la acción del propio Gobierno. Debe quedar claro que el beneficiario de la información debe ser siempre el ciudadano y no el gobierno de turno”. Un panorama ideal el que pinta Vox por el que sindicatos y colegios profesionales, y diferentes medios de comunicación vienen peleando desde hace años, caso de lavozdelsur.es.
A falta de esta regulación, y con muchas dudas de que una moción así pueda prosperar —no ya solo en la Junta, sino en la inmensa mayoría de las administraciones públicas—, la formación política también plantea que el Consejo de Gobierno “paralice” las actuaciones con fondos públicos en materia de lucha contra la desinformación con todas aquellas empresas y entidades “cuya objetividad e imparcialidad estén en cuestión, especialmente aquellas que han tenido una actuación negligente durante la pandemia”. Del mismo modo, Vox reclama que se garantice que “todas las campañas de publicidad institucional referentes a la celebración del 28 de febrero tengan la misma repercusión y dotación económica a las realizadas con motivo del día 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, y del 6 de diciembre, día de la Constitución”.
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