La diputada de Adelante Andalucía y miembro de la comisión de Salud del Parlamento andaluz, María Gracia González, ha denunciado este jueves la "situación extrema" que padece la plantilla del servicio de Salud Responde del SAS, por lo que urge a la Junta a que "rescate el servicio lo más pronto posible", y vuelva a estar en manos de la administración andaluza como servicio público, "tal y como pedía Moreno cuando estaba en la oposición, y ahora no ha cumplido". Paralelamente, los trabajadores del servicio han ido este jueves a la huelga en la provincia de Jaén, algo que podría repetirse por toda Andalucía.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, donde ha preguntado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por Salud Responde, González ha recordado que "hace un año el consejero prometió que este servicio iba a pasar al SAS, sin embargo, se ha vuelto a privatizar en uno de los peores momentos sanitarios que tendremos en mucho tiempo", ya que "volvió a sacarse a licitación, cuando se trata, y así también lo ha reconocido el propio Gobierno andaluz, de un servicio esencial para la ciudadanía durante la pandemia".
"La situación es alarmante", ha subrayado, "ya que el servicio está colapsado y la plantilla no puede más". Por eso en la jornada de este jueves los trabajadores se han manifestado frente a la Delegación de Salud y Familias en Jaén, donde se encuentran las instalaciones del servicio. Igualmente, González también ha preguntado este jueves en el Parlamento al señor Aguirre sobre "las circunstancias insostenibles" del día a día de esta plantilla, que "está completamente desbordada"
Así, de los 110 contratos con los que se iba a reforzar la plantilla, "solo se han contratado a 69", y en unas condiciones "denigrantes", con contratos de 15 y 20 horas semanales, que suponen un sueldo entre 300 y 500 euros, para "profesionales que se encargan de asesorar a enfermos y personas con inquietudes sobre su salud, cuando estamos viviendo una pandemia a nivel mundial por el covid 19".
A pesar de esta "labor profesional y esencial, la plantilla está sujeta al convenio de telemarketing, ya que son considerados operadores, y no gestores, como tendría que ser". Actualmente, "no podemos olvidar el hecho de que atienden unos 1.000 casos de posible Covid, donde su labor es fundamental tanto para los propios contagiados como para no extender la enfermedad".
Ante estas condiciones de una "absoluta precariedad laboral y un estrés acuciante, quedándose por las tardes entre 20 y 30 empleados para atender las llamadas de toda Andalucía", la diputada de Adelante ha indicado que "hay trabajadores con más de 15 años de experiencia en el servicio, la cual no cuenta como experiencia en el SAS", otro punto que "hay que modificar".
Además, González ha apuntado que "tienen que trabajar sin medidas higiénico-sanitarias y sin posibilidad de teletrabajo", y que la plantilla "tiene que lidiar con colas de llamadas de 45 minutos y con más de 2.000 mensajes diarios que no pueden contestar", pero, "paradójicamente, la empresa va a tener un 15 por ciento más de beneficios" ha indicado, para insistir en que este es "un ejemplo sin paños calientes de lo que el Gobierno de la Junta quiere: privatizar los servicios más esenciales, a costa de la salud de su plantilla y de sus usuarios y pacientes".
Por su parte, el consejero de Salud y Familias ha aludido a la reunión de esta semana de la viceconsejera, Catalina García, y el gerentes del SAS, Miguel Ángel Guzmán, con los trabajadores de la empresa Ilunion que están dando servicio en Salud Responde, y ha destacado que ha habido "un aumento de contratación de 5.325 horas mensuales para mejorar el servicio" que "se ha visto sobredimensionado". Además, ha destacado que se contará una centro de llamadas adicionales con "30 agentes para apoyar a los rastreadores Covid".
Igualmente, ha explicado que "están inmersos en una auditoría para hacer una análisis exhaustivo de las entidades instrumentales de la Junta", de la que "saldrán conclusiones que queremos implementar para mejorar el servicio", y ha destacado que quieren "cambiar" el sistema de atención telefónica a videollamada para "mejorar la calidad".
Además, ha señalado que EPES ha licitado la prestación de servicio de teleoperación de Salud Responde "para poder darle continuidad". "En este nuevo contrato la licitación asciende a más de once millones, lo que supone un incremento de un 15% de presupuesto, con un aumento de un 4,4% dimensionando el servicio, entre ello el aumento de plantilla y las retribuciones". Además, "se incorporan mejoras en las condicione laborales de los operadores, de personal administrativo, y se incrementa un 33% el perfil de supervisión".
"El objetivo es estructurar el centro en unidades de operación integradas por un supervisor y 15 teleoperadores a su cargo", ha agregado Aguirre, quien ha destacado que esto "supondrá una mayor capacidad de autogestión con más eficiencia en Salud Responde". "Todo ello permitirá coordinador los teleoperadores con un importante incremento retributivo", ha subrayado Jesús Aguirre.
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