La Fiscalía Superior de Andalucía ha mostrado este miércoles su respaldo al entender que "cuenta con una habilitación legal suficiente y resulta proporcionada ante la compleja situación de riesgo sanitario en la que aún nos encontramos" por la pandemia de la covid-19.
En un escrito que ahora será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Superior considera que debe ser ratificada la Orden, con fecha de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía por la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado COVID 19 o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento.
El fiscal encargado de valorar el asunto, Jesús García Calderón, entiende que esta medida restrictiva resulta, desde cualquier punto de vista y teniendo en cuenta sus condiciones normativas de aplicación, "totalmente proporcionada para la finalidad perseguida en defensa de la salud pública y el interés social".
Todo ello, agrega, "teniendo en cuenta el deber activo de garantizar la salud pública que compete a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, máxime en las fases más avanzadas del proceso masivo de vacunación y ante la aparición de nuevas cepas del virus con un mayor índice de transmisibilidad".
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