La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha manifestado este lunes que no puede "ayudar ni asesorar ni colaborar" con el Gobierno autonómico sobre las posibles medidas que se podrían adoptar para hacer frente a la pandemia del coronavirus por parte de la administración andaluza tras decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, la fiscal superior ha recalcado que "no tiene competencias para asesorar a la Junta" sobre las posibles medidas, motivo por el que era "imposible" la reunión que anunció para este lunes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tanto con ella como con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que finalmente ha quedado suspendida.
Tárrago ha indicado que son los letrados de la administración de justicia de la Junta los que tienen la competencia para asesorar al Gobierno autonómico, pero no la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya función es estudiar y resolver sobre asuntos concretos que le vayan llegando.
Esa falta de competencia para asesorar a la Junta, según la fiscal superior, hacía "imposible" la celebración de la reunión, y se ha mostrado convencida de que la intención de la administración autonómica no era otra que "ganas de colaboración y de dar seguridad a los ciudadanos". "Pero ante ese ánimo tan positivo, no puedo ayudar ni colaborar ni asesorar a la Junta", ha apuntado.
"No me puedo comprometer a ningún acuerdo ni medida para que pueda dar seguridad a los ciudadanos", según ha señalado Tárrago, quien ha indicado además que en este momento no sabemos con qué situación legal nos vamos a encontrar a partir del 9 de mayo.
Asimismo, ha indicado que la Fiscalía Superior de Andalucía no actuará "de oficio" ante las posibles medidas de la Junta, sino que lo hará si le llega algún escrito solicitando su impugnación. "Si no se impugnan las medidas, seguirán adelante", ha señalado.
Tárrago ha manifestado, en cualquier caso, que están a la espera de si la Fiscalía General del Estado da algunas "directrices concretas" a las fiscalías de las comunidades para que los pronunciamientos ante determinadas medidas sean los mismos.
Ha recordado que cuando no hubo estado de alarma, las comunidades pudieron adoptar decisiones que, en unos casos fueron ratificadas y en otros no.
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