Un total de seis centros terapéuticos componen la red pública de atención a las adicciones de la Junta de Andalucía. Estas comunidades están situadas en Almonte, Cartaya, La Línea, Tarifa, Mijas y Los Palacios. Sin embargo, varios de estos centros no pasan por su mejor momento, algo que está repercutiendo en la atención que se les da a los pacientes que acuden para sus procesos de desintoxicación.
Uno de los más afectados es el de Tarifa, que actualmente, según trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía está trabajando con la mitad de su capacidad debido a que hace tres años se produjeron derrumbes en el edificio y salieron grietas que obligaron a reorganizar a los pacientes. Para ello se desalojaron algunos módulos y se improvisaron algunas instancias como habitaciones. Además, se tuvo que recurrir a los cuartos de baño un polideportivo anexo que llevaban años sin usarse, por lo que las goteras hicieron acto de presencia pronto. Todo esto ha provocado que desde entonces en un centro de 54 plazas sólo haya ocupadas 20. A ello, según las fuentes consultadas, hay que sumar varias plagas de chinches.
A pocos kilómetros, en la Comunidad de La Línea no están exentos de problemas. La caja frigorífica lleva un año rota, lo que supone que se desperdicien kilos de comida. La Junta insiste en que se ha licitado el contrato, pero ha quedado desierto.
Pese a ello, el centro del Campo de Gibraltar es uno de los que puede continuar con su funcionamiento sin mayores incidencias ya que desde Sevilla acude un médico dos veces a la semana. Esto mismo no lo pueden decir ni en Mijas ni en Tarifa, donde trabajadores aseguran que acumulan un año sin que se cubra la plaza de facultativo. El hecho afecta directamente ya que "el médico tiene que evaluar los ingresos". "Hacen falta condiciones dignas porque el proceso de desintoxicación es de siete u ocho meses", asegura uno de los representantes sindicales. Este trabajador de la Agencia, además, señala que en el centro malagueño acumulan un mes sin vehículo, lo que impide que en verano puedan hacer actividades en la playa o que sean los propios trabajadores los que tengan que poner sus coches para atender a los pacientes.
Un conflicto entre dos consejerías
Desde 2019, las adicciones son competencia de la Consejería de Salud y Consumo. Así lo estableció el BOJA y así ha quedado desde la pasada legislatura. Sin embargo, la mencionada Agencia, además, está adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad. Esta doble adscripción es una de las cuestiones que, según los centros, complica la resolución de los problemas.
Fuentes de la Agencia explican que la consejería de Loles López mantiene las competencias de personal, sin embargo, el resto forman parte de Salud por lo que todas las actuaciones dependen de la nueva consejera, Rosario Hernández, y hasta hace un mes han sido responsabilidad de Catalina García. "Salud da las órdenes directas a la Agencia en materia de adicciones, pero no se ha materializado en nada. No se ha incorporado a nadie de la Consejería".
Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud, desde donde aseguran que los centros "dependen orgánicamente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, siendo ellos los encargados de la gestión, contrataciones, cobertura de profesionales, compra y sustitución de instalaciones".
Los trabajadores reivindican que la atención a las adicciones debería ser un intento por "estar a la vanguardia en nuevas sustancias adictivas" como el fentanilo o las nuevas tecnologías. Sin embargo, denuncian que los centros están "en modo supervivencia y no pueden desarrollar las terapias necesarias para que se produzca la reinserción".
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