Un informe de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) concluye que el Gobierno de la Junta de Juanma Moreno abusó en 2021 del sistema de contratación de emergencia ya con la pandemia "muy atemperada" y con el marco legal excepcional del covid derogado, adjudicando a dedo unos 300 millones de euros en contratos a empresas privadas.
Según ha publicado elDiario.es, esta práctica, que vulneró la Ley de Contratos Públicos, se prorrogó hasta 2023, según el informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021 con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.
El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso "indebido" de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, subraya que esa decisión no tiene "justificación alguna" porque, en mayo de 2021, "la pandemia ya estaba muy atemperada", y porque era más previsible que en 2020, por tanto, ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este martes que "todos los expedientes de contratación" del Servicio Andaluz de Salud realizados por el procedimiento de emergencia durante los primeros años de la pandemia de covid "han sido sometidos al riguroso control de legalidad", y ha defendido que en aquel momento "lo importante" para la administración autonómica era "salvar vidas".
Así se ha pronunciado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el 'Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021' elaborado por auditores del SAS.
Carolina España ha sostenido que "en Andalucía todos los contratos se han sometido a los controles de legalidad, tanto internos por parte de la Intervención como externos por parte de la Cámara de Cuentas", órgano que "hizo un informe favorable con alguna salvedad" sobre esta cuestión, según ha apuntado.
Dicho esto, la consejera ha defendido que "estas contrataciones de emergencia se producen por una necesidad imperiosa de dar una asistencia a los andaluces" en un año como 2021 en el que "todavía había mucha covid", según ha subrayado antes de incidir en aseverar que "desde el SAS siempre se ha obrado con informes jurídicos a la hora de estos contratos de emergencias".
En esa línea, la portavoz del Gobierno andaluz ha mantenido que la "transparencia se ha garantizado en todo momento" por parte de la Junta, "porque se han publicado las resoluciones del órgano de contratación, los contratos, las adendas".
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