Hace algunas semanas, el Parlamento de Andalucía daba luz verde al Instituto de Salud de Andalucía, un nuevo organismo donde se diluían dos instituciones andaluzas históricas: la Fundación Progreso y Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública. La oposición fue especialmente crítica con este último caso debido a su trayectoria y la relevancia internacional. Pese a todo, la mayoría absoluta del Partido Popular permitió que las modificaciones salieran adelante.
La Junta de Andalucía está preparando el decreto de los estatutos de este Instituto y, de hecho, ya ha sido presentado a los agentes sociales. Estos estatutos incluyen una novedad, la de permitir la presencia de las empresas farmacéuticas en el Consejo Rector del ISA. Este hecho permitiría que la industria farmacéutica tuviera influencia en el Plan Estratégico del nuevo organismo, en su Plan Anual de Actividades y en la creación o participación del ISA en sociedades. Todo ello en un ciclo político donde el gasto farmacéutico se ha disparado en Andalucía.
De momento, Comisiones Obreras ya se ha mostrado claramente en contra de esta posibilidad. El sindicato ha señalado que el decreto "no cumple con un mínimo aceptable como es mantener a la investigación pública y al resto de funciones de este instituto fuera de la influencia de la empresa privada, con intereses totalmente espurios".
"La decisión de la Administración de incluir a las empresas farmacéuticas en el Consejo Rector del ISA supone dar un papel que no le corresponde, dentro de una institución pública, a intereses privados en un tema tan sensible como la relación entre la investigación pública, la farmaindustria y el Sistema Sanitario Público de Andalucía", añaden en el sindicato, que también menciona la posibilidad de que exista conflicto de intereses.
Por otro lado, el Área Pública de CCOO de Andalucía considera que estos estatutos dejan a los trabajadores laborales de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Fundación Progreso y Salud "en una situación de indefensión" y establece un sistema de selección "totalmente subjetivo" que no se corresponde con un procedimiento de selección adecuado para puestos de funcionarios.
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