La Junta de Andalucía continúa allanando el camino para la sanidad privada. En esta ocasión, lo hace a través de un proyecto de decreto de la Consejería de Salud y Consumo cuyos objetivos son, según se especifica en la consulta pública abierta sobre el mismo, "simplificar y agilizar" los procedimientos comprendidos en el sistema de autorizaciones para abrir centros sanitarios y clínicas privadas en Andalucía, "hasta donde lo permita" la ley que establece las bases generales.
Así, según se puede leer en la consulta pública, "a tenor de las alternativas que ofrecen las previsiones y prescripciones de esta norma básica se plantea modificar el régimen jurídico actual", para lo cual consideran "conveniente" arbitrar determinadas medidas para la simplificación y mayor agilidad para obtener la autorización de apertura de dichos centros.
Entre los objetivos de esta futura norma está "suprimir la autorización sanitaria de instalación en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras". También establecen como objetivo la "unificación de los plazos de vigencia de las autorizaciones de los centros sanitarios, independientemente del régimen jurídico aplicable a la renovación, autorización o declaración responsable", pasando este plazo de cuatro a cinco años.
Asimismo, se modifica también el procedimiento de renovación de las autorizaciones en funcionamiento de determinadas tipologías de centros.
Sustituirían así, las autorizaciones por declaraciones responsables, argumentando lo siguiente en la consulta pública: "La tradición administrativa, basada en un control previo, debe dar paso a procesos que potencien el principio de buena fe de la ciudadanía en su relación con la Administración, sustituyéndose las autorizaciones por declaraciones responsables, a cambio de una mayor exigencia de compromiso y veracidad de las declaraciones de la persona interesada y, paralelamente, un control más riguroso y efectivo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento".
El régimen actual de autorización, según se argumenta en la consulta pública, "adolece del defecto de ser un sistema formalista y pasivo, en el sentido de que pone todo el énfasis en las formalidades previas, con un pretendido control, a priori, de los requisitos documentales".
El PSOE andaluz no ha tardado en reaccionar a este proyecto de decreto, a través de unas declaraciones de la portavoz socialista de Salud, María Ángeles Prieto, que ha calificado de "barbaridad y escándalo" que el Gobierno andaluz "quiera beneficiar aún más" a la sanidad privada "al eliminar los controles previos y las autorizaciones previas para la apertura de clínicas privadas".
Prieto ha criticado que a Moreno "no le baste con que Andalucía sea ya la cuarta comunidad autónoma en índices de privatización y haber entregado más de 2.500 millones de euros en los últimos años a la sanidad privada", sino que "ahora pretende favorecer aún más a la privada eliminando los controles y las autorizaciones previas que debe cumplir una clínica privada para poder abrir".
La portavoz socialista también ha animado a la ciudadanía a presentar alegaciones, que, según la consulta pública abierta, previa a la elaboración de la normativa, podrá hacerse hasta el próximo 14 de junio.
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