Un gran número de técnicos superiores del Servicio Andaluz de Salud -casi 600 técnicos superiores- ha decidido denunciar de forma conjunta las presuntas "irregularidades" de la administración andaluza "tanto en el llamamiento como el nombramiento de este personal, infringiendo de forma consciente y sistémica la normativa".
La mayoría de los denunciantes posee la "categoría de personal estatutario temporal" y asegura que la situación de violación "sistemática" de la reglamentación provoca "una precarización continuada" en el sector y daña los servicios de salud pública que reciben los ciudadanos.
El objetivo de esta denuncia colectiva, según sus representantes legales, es conseguir "dignidad en sus condiciones laborales y que el SAS acate la normativa vigente en la contratación pública sanitaria: el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad".
Uno de los representantes de estos técnicos superiores, procedentes de provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla y Cádiz, es Pedro Castilla Vidal. El abogado asegura que la situación actual permite "perpetuar la precarización laboral de miles de técnicos que velan por la salud de los ciudadanos de Andalucía".
En su situación actual, la posible mala praxis del SAS impide que los usuarios reciban "los debidos cuidados y, mucho menos, un servicio sanitario público de calidad. Esta continua y flagrante ilegalidad que comete la Consejería de Salud forma parte de la tendencia del Gobierno andaluz por el progresivo desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos", añade.
Los técnicos superiores afectados que denuncian su situación de precariedad pertenecen a departamentos tan esenciales en el sistema público de salud como laboratorios, radiodiagnóstico, nutrición, anatomía patológica o medicina nuclear entre otros.
"Los flagrantes incumplimientos laborales cometidos a diario por el SAS se han normalizado, sin resolver las múltiples quejas interpuestas por el personal estatutario, institucionalizando un fraude sistémico en la contratación".
Entre las posibles irregularidades constantes, los afectados citan "contratos de interinidad o sustitución sin justa causa, personal trabajando sin alta en Seguridad Social y sin contrato, contratos anulados después de haber empezado la prestación de servicios e impago de la liquidaciones salariales o las horas complementarias".
La lista de reproches administrativos se amplía con "la absoluta opacidad de la administración sobre el método para realizar llamamientos del personal temporal de la bolsa del SAS, la elaboración de la lista única de personal estatutario, que sigue sin actualizarse, o el tipo de porcentaje aprobado anualmente de reservas de plazas para promoción interna".
Como conclusión, Castilla Vidal entiende que la situación de este medio millar de trabajadores denunciantes ilustra una "quiebra sistémica de los principios de transparencia y participación que impone la legislación actual, abandonando a este personal una situación de inseguridad jurídica y desamparo".
Los técnicos superiores del SAS afirman que su denuncia pretende la sensibilización de la ciudadanía sobre la precarización de su situación laboral y del servicio público, "provocada por este conjunto de grotescas vulneraciones legales, ya que el conocimiento nos hace a todos responsables de la ilegalidad y más cuando estamos ante un bien común".
La primera medida adoptada por los afectados es la interposición de una queja al Defensor del Pueblo, una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la solicitud de elaboración de informes por la Mesa de la Sanidad. Del mismo modo, los técnicos reunidos este lunes han acordado adoptar las legales oportunas frente a la administración sanitaria.
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