La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, aseguró hace menos de dos semanas en el Parlamento que los 11.000 profesionales de la sanidad pública andaluza que resisten desde que fuesen incorporados en 2020 como refuerzo covid seguirán "dentro del sistema" a partir del próximo 30 de junio, cuando vencen nuevamente sus contratos.
Sin embargo, también ha dejado claro que, cuando en el año 2020 fueron contratados 20.000 sanitarios, se encontraban ingresados 5.000 andaluces por covid en los hospitales de Andalucía —a día de hoy, Andalucía supera los 300 ingresados—; y que dichos contratos se produjeron gracias a una ayuda del Gobierno de España, que después de un año dejó que cayera y que fueran las comunidades autónomas las que asumieran ese coste". "Nosotros hemos seguido apostando por ese mayor número de profesionales dentro del sistema sanitario", ha dicho, tras el recorte de 9.000 de estos profesionales desde octubre de 2021.
Sobre qué pasará con los 11.000 contratos que siguen activos desde el pasado diciembre, García insistió en que cuando llegue el 30 de junio "ya tendremos una decisión y una planificación", aunque ha abundado en que los profesionales "seguirán trabajando dentro del sistema sanitario público andaluz".
No lo ven claro ni muchos de los sindicatos, que ya alertan en diferentes municipios del desierto que espera a muchos centros de salud a partir de junio —especialmente por la tardes—, ni dirigentes políticos como la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto (IU), que viene alzando la voz sobre el limbo que se abre otra vez para estos profesionales que deberían, ya superado lo peor de la pandemia, reforzar un sistema que por el lado de la Primaria o las listas de espera hace aguas.
Este pasado viernes Nieto ha advertido de la posible coincidencia este año en la sanidad andaluza: "Puede producirse el despido de 11.000 sanitarios que tiene previsto el Gobierno del PP-A con el plan de verano, que tradicionalmente se pone en marcha cada año al hilo de las vacaciones del personal sanitario".
En el municipio serrano de Arcos, en un encuentro de candidatos y cargos públicos de IU en la Sierra de Cádiz junto al coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, y el candidato de IU a la Alcaldía de Arcos, Miguel Ángel Ortega, la dirigente de IU ha remarcado que su formación "viene desplegando una labor muy intensa" en dicha comarca de Cádiz "para corregir, mitigar los problemas" existentes, que "en algunos casos" están "cronificados" y son "estructurales", y en otros los "ha generado el Gobierno de la Junta, o que los viene agravando por su gestión tan negligente".
Al respecto, ha comentado que "estamos viendo que a la Junta se le va a juntar el plan de verano, que es el momento en el que, con toda lógica, el personal sanitario comienza a disfrutar de sus merecidas vacaciones, con el despido de 11.000 sanitarios cuyos contratos vencen en junio". En este punto, ha remarcado que desde su coalición ya le han preguntado tanto a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, como al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre "si va a dar continuidad a esos contratos, y la respuesta ha sido evasivas, mirar a otro sitio y hablar de otra cosa", lo cual, según ha continuado Nieto, "unido a las denuncias que ya están haciendo algunos representantes sindicales de rescisiones de contratos que ya se están haciendo, nos hace ponernos en lo peor".
En esa línea, la representante de IU ha advertido sobre "cómo" vaya a ser la situación este verano en la Sierra de Cádiz si en esa zona "ya hay problemas en la atención primaria, en las urgencias extrahospitalarias y en la atención hospitalaria", y si a eso se le suman "las vacaciones del escaso personal que está a disposición de la atención sanitaria de nuestra gente" y "los despidos que tiene previstos la Junta".
En este contexto, y ya en clave abiertamente de precampaña de elecciones municipales, ha considerado que "hace falta una malla de ayuntamientos comprometidos con su gente, que no baje el tono de sus reivindicaciones en función de quien gobierna en la Junta o en el Estado, sino que mantengan una hoja de ruta firme que sea fiel al compromiso que se contrae con nuestra gente, que es buscar desde los ayuntamientos las políticas, los proyectos, los recursos que hagan que mejore la calidad de vida y trabajo de la gente de los municipios".
Marea Blanca de más de 3.500 personas este sábado 29 de abril en Osuna
Más de 3.500 personas, según fuentes de la organización, han acudido a la manifestación convocada este pasado sábado por la Marea Blanca del Área Sanitaria de Osuna, que ha transcurrido desde la plaza del Ayuntamiento a la puerta del hospital contra el "deterioro progresivo" del sistema sanitario público andaluz, que "es un clamor tanto entre la ciudadanía como entre los profesionales".
"La expresión que prueba de forma irrefutable este hecho es la asistencia masiva a esta manifestación", señala en una nota de prensa Marea Blanca, que apunta que política sanitaria llevada a cabo por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y la Gerencia del Área de Osuna "ha propiciado que la sanidad pública de nuestra área esté en grave peligro".
Así, lamentan "los continuos e indiscriminados recortes, la falta de previsión, la gestión opaca que toma su máximo esplendor en el proceso de integración del Hospital de Écija en el área, una gestión sometida al partidismo y a la manipulación informativa que intenta ocultar a los ciudadanos el progresivo deterioro y desmantelamiento del Servicio Público de Salud en todo el área, y especialmente en el medio rural donde vamos perdiendo progresivamente capacidad diagnostica, profesionales y servicios".
Ante la situación sanitaria del Área Sanitaria de Osuna, Marea Blanca exige la derogación de la orden de privatización, que, a su juicio, "supone el ataque más grave que se ha infringido a nuestro servicio andaluz de salud, ya que abre la puerta a la privatización de la atención primaria y a la utilización de los centros sanitarios públicos por las empresas privadas".
Reivindica, además, la cobertura de todas las plazas vacantes y bajas de médicos y pediatras; atención presencial en 48 horas y de diez minutos en centros de salud y consultorios; el desdoblamiento de las urgencias para garantizar atención urgente en 15 minutos; y un plan para reducir las listas de espera. Asimismo, piden transparencia total en las listas de espera y recuperación de los consejos de participación ciudadana.