CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reivindicado para los celadores y celadoras “un trato digno y en condiciones de igualdad al del resto de profesionales de la sanidad pública andaluza”, al tiempo que ha exigido mejoras en formación para este colectivo, formado en Andalucía por 5.200 profesionales, de los que 1.137 trabajan en la provincia de Cádiz, según los propios datos del SAS del segundo semestre de 2021.
La central sindical celebra este viernes, 5 de noviembre, el Día del Celador bajo el lema Invisibles por su trabajo, pero imprescindibles para ti y pide un reconocimiento de la labor que desarrolla este colectivo profesional, que ha tenido además un papel primordial durante la pandemia de la Covid-19. “Aún queda mucho por hacer desde la Administración sanitaria para que este colectivo sea valorado y reconocido como se merece”.
El responsable de Sanidad de CSIF Cádiz recuerda que ocho de cada diez celadores quieren ser considerados personal sanitario y siete de cada diez creen que deberían tener una formación específica que mejorara sus funciones y competencias, según un estudio realizado por el sindicato a través de más de 3.800 encuestas en toda España. En este sentido, el sindicato defiende la creación de un módulo de Grado Medio de Formación Profesional dentro de la Familia Profesional Sanitaria.
Desde CSIF se ha demandado que se actualicen las funciones de este colectivo, “que se encuentran reguladas por un estatuto que data de hace casi medio siglo y que ha quedado obsoleto”, así como la reclasificación y revisión de competencias a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), dotándoles de una competencia de Nivel 2, lo que llevaría a la creación del módulo de Grado Medio de FP.
Muchos contagiados durante la pandemia
Asimismo, el responsable sindical ha recordado que el colectivo de celadores ha sufrido un elevado porcentaje de contagios en la pandemia, al haber sido considerados inicialmente colectivo con exposición de bajo riesgo, con lo que se dejó a la arbitrariedad de los centros el dotarlos o no de medidas de protección colectiva en puntos de atención directa a las personas usuarias.
También es necesaria, según CSIF, la mejora en la evaluación de puestos de trabajo según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto por el incremento de las cargas, como por los riesgos de seguridad y biológicos, en una profesión con uno de las mayores tasas de lesiones músculo-esqueléticas.
Del mismo modo, se requiere una mayor atención a esta categoría en los planes de formación de los centros, con cursos específicos, tanto en PRL, movilización de cargas y atención al usuario.
Por último, Puyana pide “un mejor reparto de incentivos y complementos que reconozca la penosidad de la categoría”, así como “un salario digno y unos complementos menos discriminatorios, junto al acceso a la carrera profesional”.
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