La actual legislación española para luchar contra la pandemia de coronavirus cuenta con una variedad amplia de posibles restricciones. Por un lado, hay un estado de alarma. Por otro, no da tanto poder a las administraciones como en marzo. Estos días atrás, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha indicado que este viernes se reunirían para decidir, justo el día en el que decaerán las normas del toque de queda ampliado y el confinamiento perimetral en muchos municipios andaluces.
En vista de todo esto, ¿qué sabemos a esta hora, a mediodía del sábado, antes de que se pronuncie la Junta oficialmente?
Primero, que los colegios no cerrarán. No, al menos, en toda Andalucía. El objetivo es mantener la actividad académica. La Junta entiende que no ha sido el foco de contagio temido y otros países que están imponiendo confinamientos domiciliarios están manteniendo las clases.
Segundo, que el cierre de la hostelería, o su limitación, se va a producir. Lo dijo Moreno Bonilla. Vino a decir que era una decisión dolorosa pero necesaria. No se sabe si será completo, como en Cataluña, pero la Junta puede hacerlo. Incluso puede cerrar el comercio de productos que no sean primera necesidad. Es sin duda el conjunto de medidas que más se parecen al confinamiento domiciliario de marzo, sin llegar a serlo.
Tercero, que las restricciones no serán las mismas para toda Andalucía. ¿Por qué? Porque hay zonas con muy malas cifras y otras que aguantan. Málaga, curiosamente la zona con más brotes en verano, presenta muy buenas cifras en comparación con Granada. Ya lo hizo la Junta con las restricciones de movilidad entre municipios. Parece acertado pensar en que Huelva, una de las provincias de España con mejores números desde el inicio de la pandemia, continuará con su actividad como hasta ahora, aunque desde una perspectiva preventiva podría también sufrir restricciones.
Cuarto, que se mantendrán o ampliarán las restricciones de movilidad impuestas hasta el momento. La Junta diseñó un plan de cuatro niveles. El más restrictivo, en provincia de Sevilla, Granada o distrito sanitario de Jerez. El distrito de Bahía-La Janda se encuentra aún en nivel tres. Pero parece prudente pensar que, ante el aumento de casos en algunas localidades, que han alcanzado cifras similares o superiores a las de Jerez cuando la Junta confinó perimetralmente, podrían obligar a la Junta a imponer ese nivel cuatro en toda la provincia de Cádiz, al completo.
Quinto, ampliar el toque de queda. La Junta puede adelantarlo a las diez de la noche. Pero es que hay más, porque Moreno Bonilla ha indicado que quiere adelantarlo a la tarde para salvar las horas de mayor actividad comercial, las mañanas. Llegó a dejar caer que podría empezar a las tres de la tarde. ¿Cuál es el problema? Que el estado de alarma estatal no le faculta para ello, en principio. Este es ya un terreno gris, que existe porque existen pocos precedentes de aplicación de medidas de este estilo, y casi todas son de marzo, y los que hay son difíciles de entender, como que se aprueben restricciones de movilidad entre municipios en Andalucía pero en Madrid, su tribunal superior lo eche para atrás.
Sexto, el Gobierno habla de confinamientos domiciliarios estrictos (los de marzo) en algunas localidades. Señala que las autonomías tienen competencias para aplicarlos. Entiende Pedro Sánchez que al no ser general para toda la población, las leyes de salud pública lo permiten. Pero está en un gris y varios juristas ya advierten que para limitar un derecho fundamental de tan gran calado, es necesario el instrumento propio que le faculta por razones extraordinarias, como es un estado de alarma. Si la Junta lo impusiera, la puerta está abierta para que cualquier ciudadano afectado pudiera ir a los tribunales a que estos decidieran.
Séptimo, seguir recortando aforos. La Junta puede hacer como otras comunidades y ser más estricta en todo el territorio con el número de personas que asistan a comercios o eventos. Puede imponer algunas cancelaciones, una por una, si considera que no se aplica la distancia mínima de seguridad (teatros, conciertos...).
Dicho esto, ¿qué puede pasar?
Es difícil de advertir, pero solo la aplicación de un estado de alarma más restrictivo daría posibilidad a la Junta para confinar el domicilio con la mayor seguridad jurídica, o cerrar hoteles, o medicalizarlos por ley, o imponer que laboratorios privados se dediquen a hacer PCR, o tomar el control de la sanidad privada... Es decir, puede que el país camine, o no, hacia un confinamiento como el de marzo. Pero Andalucía no puede hacerlo sin un estado de alarma, salvo que una interpretación legal que causara sorpresa entre los juristas acabara siendo convalidada por los tribunales.
Además, el Gobierno dice que va a seguir esperando a ver si las restricciones actuales dan sus frutos para que desciendan los contagios y, a consecuencia de ello, los ingresos y las muertes. El balón está en el tejado de las comunidades. Pero quizás, si no pueden ser tan restrictivos como quisieran (véase el caso de Asturias, que pidió el cierre completo de todo y se le denegó, estando gobernanda por socialistas, a la vez que el Ejecutivo anima que sean las comunidades las que decidan confinar en casa), ese balón en su tejado parece estar pinchado.