Salud contempla derivar pacientes de la Atención Primaria a la privada en "coyunturas de mayor demanda"

La Junta ha publicado este jueves un BOJA extraordinario en el que 'rectifica' la orden privatizadora inicial con algunas notas aclaratorias en el preámbulo, pero sin tocar el articulado

La consejera Catalina García, en el centro de salud de San Benito.
La consejera Catalina García, en el centro de salud de San Benito. CANDELA NÚÑEZ

Hace tan sólo una semana, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba lo que era un auténtico cambio de las reglas del juego en la sanidad andaluza. La orden por la que se actualizaba y desarrollaba el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios incluía por primera vez precios para concertar la Atención Primaria.

Tan sólo una semana después y tras el revuelo provocado por esta norma, la consejería de Salud que dirige Catalina García se ha visto obligada a publicar un BOJA extraordinario aclarando algunas cuestiones en un intento de que la polémica no siga extendiendose.

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Estas aclaraciones están en el preámbulo, por lo que no tienen efectos normativos. La norma en sí no cambia. No obstante, ahora, la consejería deja por escrito los supuestos en los que hará uso de esta orden y, por lo tanto, derivará pacientes de la Atención Primaria a empresas privadas que, incluso, podrán usar las infraestructuras públicas.

El nuevo Boletín explica que la Junta acudirá a la sanidad privada, "sólo, en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias". Una descripción que sigue dejando bastante margen a la interpretación.

La orden original, fechada el pasado 23 de febrero, actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos que suscriba el SAS para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios y entró en vigor el pasado 3 de marzo. El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de Atención Primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de "alta resolución".

La orden precisa que "estas tarifas máximas se corresponden con consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias", de forma que, en el caso "de no realizarse la prestación del servicio en dichas instalaciones, la tarifa máxima se verá reducida al 35%".

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), la "inmediata retirada de la orden de conciertos sanitarios, que abre la puerta a la privatización de la sanidad pública en la región", porque la corrección de errores "realizada por la puerta de atrás" es "insuficiente", al mantener "elementos que ponen en riesgo la prestación del servicio público sanitario para los andaluces".

Así lo ha trasladado Juan Espadas en un comunicado después de que el BOJA haya publicado una corrección de errores de la orden de la Consejería de Salud y Consumo sobre la tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios para precisar que la administración sólo recurrirá a la colaboración privada "en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias".

"Es claramente un error poner precio a la atención primaria en Andalucía para derivar pacientes a la sanidad privada", ha sentenciado Juan Espadas, para quien "se constata cómo Moreno Bonilla y la consejera del área", Catalina García, "mintieron, tanto a la ciudadanía como al Parlamento, al negar una apertura a la privatización que hoy abordan con la corrección de esta orden".

Sobre el autor:

Emilio Cabrera.

E. C.

Periodista.

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