En 2021 se realizaron en Andalucía un total de 17.487 abortos. Sin embargo, tan sólo diez de ellos fueron en centros sanitarios de titularidad pública. Así lo desvela el Ministerio de Sanidad en la publicación de los datos definitivos del 'Informe anual de Interrupción Voluntaria del Embarazo'. Este documento desvela que, a pesar de la red de hospitales públicos existente en Andalucía, casi el 100% de los casos se deriva a clínicas privadas.
Aunque se trata de una forma de proceder habitual en todo el país (tan sólo Cantabria, Baleares y Cataluña tienen más interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos que en privados), lo cierto es que las cifras en Andalucía son ínfimas. Los diez abortos practicados en clínicas u hospitales públicos tan sólo representan el 0,06% del total de casos que hubo en Andalucía durante el año 2021.
Tan sólo uno de ls 17 centros que han practicado abortos el pasado año es de titularidad pública. Por su parte, el número de concertados asciende hasta 16, uno más que en el año 2020. Un desequilibrio que sólo se observa en Madrid — siete privados y ninguno público —, Región de Murcia — cinco y cero —, Extremadura — uno y cero —, Castilla-La Mancha y Aragón — dos y cero —, o Castilla y León — uno y cuatro —. En el resto de comunidades o hay un número igual o mayor de centros públicos que privados o directamente no existen privados que realicen estas prácticas.
Esta situación no es nueva. El Servicio Andaluz de Salud lleva años derivando a las pacientes hacia clínicas privadas. No obstante, el porcentaje de interrupciones realizadas en el sistema público de 2021 es incluso inferior al de 2020 cuando se realizaron 18 de los 17.121 abortos que se produjeron en la comunidad. De los diez del curso, nuevo fueron en centros hospitalarios y uno en un centro extrahospitalario. Una proporción muy diferente al ámbito privado ya que en estos casos, 15 fueron en centros hospitalarios concertados y 17.462 en clínicas extrahospitalarias.
Lo cierto es que la Junta de Andalucía no esconde su modo de proceder. En la propia web anuncia que "en Andalucía la IVE es financiada por el sistema sanitario a todas las mujeres que lo soliciten y tengan derecho a la asistencia sanitaria pública. La mujer será derivada a un centro acreditado a través del documento de derivación. Recibirá información de las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo". Pese a ello, el 99% de Andalucía supera con creces el 84% de la media nacional.
Si bien la intervención se termina realizando casi en todos los casos en los centros concertados, lo cierto es que un alto porcentaje de mujeres acuden a la sanidad pública para informarse sobre el proceso. En concreto, el porcentaje que se informa acudiendo a un centro público es del 88%. Sin embargo, acaban siendo derivadas a centros privados.
Las medidas del Gobierno de España
El asunto fue realmente polémico en Andalucía ya que Vox consiguió que la Junta subvencionara a organizaciones que acudían a las puertas de las clínicas que realizaban interrupciones voluntarias del embarazo para acusar a las mujeres que decidían abortar. Una partida que, por otro lado, el Gobierno andaluz ha mantenido a pesar de no depender ya de Vox.
No obstante, el Congreso de los Diputados, para penalizar estas prácticas, modificó el Codigo Penal este mismo año. Esta modificación implica penas de tres meses a un año de prisión para "el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".
Recientemente, el pasado 15 de diciembre, el Congreso de los Diputados también dio luz verde a la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. En febrero, antes de pasar siquiera por el Consejo de Ministros, Montero aseguró que abortar iba "a estar garantizado en todos los hospitales públicos".
Sin embargo, la redacción final de la ley avala las actuaciones de la Junta con las derivaciones a centros concertados. En su artículo 19.2, la norma establece que "la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, según lo establecido en el artículo 18". Un artículo 18 que, por otro lado, únicamente señala que "las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva. Los servicios de salud que no puedan ofrecer dicho procedimiento en su ámbito geográfico remitirán a las usuarias al centro o servicio autorizado para este procedimiento, en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio, garantizando la accesibilidad y calidad de la intervención y la seguridad de las usuarias".