El Servicio Andaluz de Salud (SAS) quiere incorporar un régimen sancionador administrativo interno para sancionar económicamente cualquier agresión, física o verbal, que se produzca dentro del sistema sanitario, independientemente de la pena que pueda llegar por vía judicial.
La medida, anunciada durante la celebración de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, tiene que ser establecida con rango de Ley, por lo que se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su aprobación.
Entre las novedades en la lucha contra esta lacra, está la creación del Observatorio de Agresiones de Andalucía y la consideración del personal del sistema sanitario como autoridad pública, con la protección que esta condición garantiza.
El Hospital Universitario de Jerez ha sido el lugar elegido para acoger la tercera reunión de coordinación del año de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios; este instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entró en vigor hace dos años, pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.
La comisión, presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, cuenta con la participación del interlocutor sanitario, el interlocutor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como de Algeciras, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.
La reunión ha contado en esta ocasión con la presencia de representantes de los colegios oficiales de Médicos y Enfermería de Cádiz, ya que ambas instituciones forman parte del recién creado Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, un instrumento de la Junta, contemplado en el Plan de Prevención de Agresiones, cuyo objetivo es proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra esta lacra.
El secretario general del Colegio de Médicos, Gaspar Garrote, que acudió acompañado por la asesora jurídica de la entidad, Carmen Miranda, hizo una exposición sobre la situación actual de la violencia contra los profesionales de la Medicina; en esta línea, su homólogo en el Colegio de Enfermería, Manuel Cano, informó de esta lacra desde el punto de vista enfermero.
Por su parte, los integrantes de la comisión hicieron balance de los últimos meses de este año, tanto en cuanto a intervenciones en episodios de violencia, como en actividades formativas, de difusión sobre la prevención de las agresiones en el entorno sanitario y de otras medidas adoptadas para proteger a los profesionales.
Como en otras ocasiones, los presentes coincidieron en la necesidad de concienciar a los profesionales víctimas de un episodio de violencia a que lo comuniquen y denuncien, tanto las agresiones físicas, como las amenazas y coacciones. Asimismo, han puesto sobre la mesa que a los insultos y vejaciones, que no son delito, hay que darle la importancia que merecen, ya que también afectan a la víctima y se corre el peligro de normalizarlos.
En este sentido, la delegada territorial ha destacado que gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios de la comunidad, en el desempeño de las funciones que tengan asignadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.
El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones se puso en marcha en 2020 tras el acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución del total de estos ataques verbales o físicos.
En virtud de este plan se ha creado la figura del ‘profesional guía’, que tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión; también habilita canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, ha venido a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales; este es el sentido de las reuniones de la comisión provincial que ha permitido abordar cuestiones prácticas que afectan a los profesionales, y resolver dudas y problemas que surgen en el manejo de este tipo de situaciones.
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