El Parlamento de Andalucía ha albergado este miércoles el debate a la totalidad sobre el Proyecto de Ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, un nuevo organismo que la Junta pretende crear para, según el Gobierno andaluz, evitar duplicidades y ganar eficiencia. En principio, no supondrá la salida de trabajadores públicos, aunque posiblemente sí provoque el traslado de muchos de ellos.
Partido Popular y Vox han rechazado con sus votos las enmiendas a la totalidad de PSOE y Por Andalucía por lo que la ley seguirá con su tramitación sin tener que ser devuelta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El principal punto de desencuentro es que la creación de este nuevo Instituto de Salud de Andalucía supone la disolución de la Fundación Progreso y Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta última con especial prestigio y una amplia trayectoria desde que se instaurase en Granada hace más de 35 años.
La medida ha sido especialmente criticada por la falta de diálogo y búsqueda de consenso con la oposición y los sindicatos. UGT, horas antes del debate, lamentaba en un comunicado que el Gobierno andaluz quiera "acabar pronto con los 37 años de historia de excelencia en investigación y divulgación de la salud".
UGT Servicios Públicos, sindicato mayoritario en el comité de empresa, ha defendido siempre un refuerzo del personal y de los medios de la EASP, a la que, según ha indicado, "la Consejería de Salud y Familias ha ido, progresivamente, retirando el apoyo, a pesar de la que la consejera, Catalina García, ha reiterado en sede parlamentaria que la idea del Gobierno andaluz" era mantenerla "activa y potenciar sus objetivos, tras la eficacia demostrada durante la pandemia de la covid", entre otros logros.
El nuevo Instituto de Salud de Andalucía tendrá su sede en Sevilla, por lo que Granada sólo contará con una especie de delegación. Pese a las críticas, Catalina García, consejera de Salud, y el Partido Popular, han defendido que es una iniciativa "magnífica" y que, incluso, se trata de un mandato constitucional para evitar duplicidades en el sector público. La oposición, no obstante, ha recordado que las auditorías encargadas por la Junta de Andalucía a empresas externas manifestarion la eficiencia de este organismo y, por lo tanto, descartaron que fuera uno de los entes instrumentales que debía ser suprimido dentro de la administración pública.
García ha incidido en que el nuevo Instituto, una especie de Carlos III andaluz, va a permitir a los investigadores desarrollar sus carreras ya que, hasta ahora, "no tenían forma de completar su tarea investigadora". Es decir, la creación de un organismo público de investigación "que reconozca a Andalucía en la investigación". Un Instituto que, además será una agencia administrativa.
Nada de ello ha convencido a los partidos de izquierdas que han comenzado rechazando que en la Escuela Andaluza de Salud Pública no se investigue. "El nuevo Instituto se basa en la investigación preclínica. No recoge las líneas de trabajo de salud pública y gestión sanitaria", ha afirmado María Ángeles Prieto, la portavoz socialista. La Escuela Andaluza de Salud Pública lleva trabajando desde 1985 y es uno de los diez centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud que existen en España. "Se va a perder el reconocimiento", han insistido desde el PSOE.
Por su parte, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, teme que este nuevo organismo tenga un futuro similar al de Trade, institución que PP y Ciudadanos pactaron con la oposición pero que, posteriormente, cuando el Partido Popular ya poseía la mayoría absoluta, sufrió modificaciones con la salida de Andalucía Emprende. Por todo ello, la oposición de izquierdas ha pedido a la Junta que busque fórmulas para que la creación del nuevo Instituto no suponga la disolución de la EASP, algo que, según José Ignacio García, de Adelante, "sí es marca Andalucía". "El Instituto con sede en Sevilla y centro de trabajo en Granada no va a jugar el papel social que jugaba en Granada para cohesionar el territorio", ha remarcado el andalucista antes de concluir su intervención acusando al Partido Popular de falta de coherencia por eliminar esta institución de Granada al mismo tiempo que exige la Agencia de Inteligencia Artificial.