Aunque las interrupciones voluntarias del embarazo nunca han dejado ser objeto de debate, en los últimos años su presencia en el debate político había disminuido. El Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta, no se atrevió a derogar la ley aprobada durante el Gobierno de Zapatero en 2010. Ahora, la ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere volver al texto original y acabar con las modificaciones que introdujo el Ejecutivo de Rajoy donde se condicionaba el aborto a los 16 y 17 años al permiso de los padres y, además, regular la objeción de conciencia.
En las últimas semanas, también se ha hecho pública la intención del Tribunal Constitucional de resolver el recurso que interpuso el propio Partido Popular sobre la ley hace una década. Además, en esta legislatura hay que sumar la aparición de Vox, que se muestra abiertamente en contra. Todo ello ha provocado que el debate también regrese a la Cámara autonómica.
En la última negociación para los presupuestos andaluces, Vox consiguió pactar con el Gobierno de PP y Ciudadanos ayudas de un millón de euros para algunas asociaciones antiabortistas, algo que fue duramente criticado por la oposición. En junio, Unidas Podemos por Andalucía presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno a “no volver a financiar con dinero público a asociaciones abiertamente contrarias al desarrollo de derechos y libertades de las mujeres y, en particular, contrarias al libre ejercicio del aborto seguro y gratuito”. Fue rechazada con los votos de los tres partidos que apoyaron los presupuestos. Pocos días más tarde, Vox presentaba otra PNL para instar a “proteger y apoyar de forma decidida el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” que actualmente se encuentra en tramitación.
A la actividad parlamentaria hay que sumarle determinadas imágenes que se han visto en los últimos meses. Personas acosando a las mujeres que se acogían libremente a su derecho de abortar, o lo contrario, políticos que acudían a esas clínicas para solidarizarse con estas mujeres. En definitiva, un tema que parecía haber agotado su recorrido pero que, tras algunos años, ha vuelto al debate político. Sin olvidar que, en el primer año de legislatura, hubo una fuerte polémica con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, por referirse a la situación de estas mujeres en términos como “lo fácil es llegar, y el chupetón”, en relación al procedimiento.
Los requisitos son bastante claros, por petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación o por determinadas causas médicas que pongan en riesgo al feto o a la mujer. En cualquier caso, los médicos se pueden acoger a la objeción de conciencia.
Financiación pública en centros privados
En Andalucía, las interrupciones voluntarias del embarazo “son financiadas por el Sistema Sanitario Público a través de centros acreditados públicos o concertados con el SAS. Sin embargo, en la práctica vemos que casi todos los embarazos realizados en Andalucía son en centros concertados por la Junta. Y no es una situación implantada por el Gobierno de PP y Ciudadanos, sino que también se daba en los gobiernos socialistas.
Con la actual ley nacional aprobada en 2010 por un gobierno socialista, nunca ha habido en Andalucía más de un centro público que haya notificado interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que los concertados han ido oscilando de los 18 a los 15 dell año 2020. Esto supone que, en el año 2019, último del que se disponen los datos completos, sólo 16 de las 19.082 interrupciones voluntarias de embarazos se realizasen en hospitales públicos. Otros 18 se llevaron a cabo en hospitales privados. El resto (19.048), fueron realizados en clínicas privadas.
Estos datos (0,8%), que ofrece el Ministerio de Sanidad en sus informes anuales, están muy por debajo del porcentaje total a nivel nacional, que en 2019 fue del 14,32% y en 2020 ha aumentado hasta el 15,49% siguiendo la línea ascendente de la última década. Desde 2011 se ha incrementado progresivamente la actuación de los centros públicos, ya que, al inicio de la década, no llegaban al 3% de las interrupciones voluntarias de embarazos. Aun así, las administraciones todavía derivan a centros privados 85 de cada 100 abortos.
En Andalucía esta progresión no se ha dado y tanto hospitales como, sobre todo, clínicas privadas, han monopolizado estas prácticas. En Andalucía, en el año 2011, sólo 16 de 23.281 tuvieron lugar en hospitales públicos, es decir, un 0,7%, un porcentaje que se mantiene en la actualidad. A pesar de esto, una inmensa mayoría de las mujeres – 17.046 – que realizaron la interrupción voluntaria del embarazo en 2019 tuvo su primer contacto informativo con el procedimiento en un centro público.
En España hay un total de siete comunidades autónomas en las que predominan los centros de titularidad privada, de todos los colores políticos. Destacan varias que en las que ni siquiera se realizaron abortos en hospitales o centros públicos durante 2020 como la Comunidad de Madrid (0 públicos/7 privados), Región de Murcia (0/5), Castilla-La Mancha (0/2) y Extremadura (0/1). A estas hay que sumar a Andalucía (1/15), Castilla y León (1/4), Aragón (1/2) y Cantabria (1/2). En el lado opuesto, con mayor peso de los centros públicos, la comunidad más destacada es Cataluña (61/15) junto a Navarra (6/1), Galicia (9/3) y Baleares (7/3). Aunque en el resto de comunidades no mencionadas también son mayoría los centros públicos que notificaron en 2020 este tipo de intervenciones.
En este sentido, parece que la pandemia ha tenido cierta repercusión en la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo durante el último año. A nivel nacional, el número de mujeres por cada 1.000 que ha abortado en 2.020 ha disminuido más de un punto, de las 11,53 de 2019 a las 10,33. En el caso andaluz la proporción es muy similar ya que se ha pasado de 11,98 de cada 1.000 a 10,85.