No es la primera ELA que denuncia una situación similar. También ocurre en otras localidades de la provincia. Tampoco parece que vaya a ser la última, a la vista de los problemas acusados que sufre la Atención Primaria en Andalucía. Lo cierto y lo fijo es que en la ELA jerezana de Torrecera están sin pediatra y el pueblo se ha echado a la calle para reclamar a la Junta de Andalucía que actúe.
"En caso de que algún niño de Torrecera necesite ser visto por un pediatra, lo mandan de urgencias a La Barca o a San Jose Del Valle, a kilómetros de distancia, yendo con los niños a otros pueblos para que los pueda ver un médico", lamentan desde la antigua pedanía jerezana. "Si tú tienes cita para que te vea el pediatra y vas a La Barca, no te ve el pediatra, te ve un médico de familia. Es mucha la preocupación que hay entre los padres y madres de Torrecera", añade Francis Ardila (PSOE), responsable del Ayuntamiento de esta ELA, una de las siete del Jerez rural.
La situación se remonta a más de un mes, según denuncian. Pero, a su vez, también se reclama que, cuando llegue el esperado facultativo, no le hagan coincidir la hora de las citas de los adultos con las del pediatra, "dado que se juntan niños y mayores en unos metros cuadrados de un consultorio rural muy pequeño".
Quejas desde Jerez
La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, ha manifestado esta semana su indignación ante la nueva Orden publicada por la Junta de Andalucía, que fija el precio de cada consulta de Atención Primaria. La delegada y diputada provincial, a las puertas del centro de salud Jerez Centro, ha denunciado que “estamos ante una orden que va a desmantelar nuestra atención primaria, que va a privatizarla, y le exigimos a Moreno Bonilla que la retire de forma inmediata”.
"Estamos aquí, en un centro de salud público, construido con los impuestos de los jerezanos y las jerezanas, para lamentar esta orden de la vergüenza, que va a posibilitar el desmantelamiento de la Sanidad Pública en nuestra ciudad y en toda Andalucía”. Collado ha cuestionado: "¿Qué significa esto? Significa que se le pone precio a cada una de las consultas médicas que van a ser atendidas, bien derivadas por parte de la Atención Primaria, o bien, tal como contempla esta orden, pueden incluso alquilarles o venir a este centro de salud público, a pasar consulta privada".
Igualmente, señala que “ninguna empresa privada tiene un fin altruista, tienen un fin comercial. Podemos poner como ejemplo los mil millones de euros que el Gobierno de Moreno Bonilla le ha entregado a la empresa Pascual, con 771 millones para esas derivaciones a la privada. Ya sabemos que 47 millones son para beneficio de la empresa de Pascual”.
La delegada de Acción Social ha reivindicado que “la salud pública no se vende, la salud es universal, tal como recoge nuestra Constitución, y, cuando tú pones precio a algo, es porque tienes intención de venderlo”.
Carmen Collado ha lamentado que “Moreno Bonilla dice que esto es para mejorar una orden del año 2005 que ya hizo el gobierno del partido socialista, pero es falso; esa orden lo que regulaba era el ‘turismo sanitario’, como lo llamábamos de forma común, para las personas que venían a Andalucía o que no estaban adscritas al Servicio Andaluz de salud y venían a usarlo, para eso se hizo esa orden, y se le puso precio a esos servicios”. La delegada reitera que “esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello, no hay nada parecido en ninguna comunidad de este país”.
La delegada reivindica que “yo espero que el Gobierno de Pedro Sánchez haga algo para impedir que esto se lleve a cabo, porque ¿qué hará un servicio privado cuando vea consultas que van a cobrar a 65 euros, 150 por la primera consulta, ¿qué van a hacer? Van a intentar facturar lo mas posible, ¿no?“, denunciando que “también tenemos que ver esas derivaciones que van a hacer esos médicos, también los van a derivar a los servicios privados”.
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