Los 38 trabajadores afectados de la empresa Zumosol Pernigotti han cumplido ya más de 100 días de protesta ante las actuaciones de dicha empresa. Acumulan más de tres meses durmiendo en los aparcamientos de la fábrica, situada en la localidad cordobesa de Palma del Río. Entre sus quejas está el impago de 10 nóminas, un ERTE declarado injustificado y la baja de todos ellos de la Seguridad Social.
Los trabajadores denuncian que en septiembre de 2020, la empresa recupera una fábrica que, hasta ese momento, tenía alquilada. Pero en lugar de retomar la actividad, impone un ERTE desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, un total de seis meses. Esto obligó a los afectados a consumir sus prestaciones por desempleo a la vez que la fábrica se arrendaba a otra empresa durante el primer semestre de 2021.
La finalización de este ERTE no fue la readmisión al trabajo, sino que Zumosol implantó un segundo ERTE entre abril y octubre. Los afectados señalan que la empresa no tenía intención de retomar la actividad de la fábrica, "mientras nosotros consumíamos nuestras prestaciones por desempleo". Esto último obligó a la propia Junta de Andalucía a impugnar el ERTE ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que se suspendió el pago de las prestaciones. El TSJA les reconoció el derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios y a recibir las nóminas que no habían sido abonadas.
En octubre, Zumosol anuncia dos subrogaciones a estos trabajadores. La primera no se produce, la segunda es a una empresa pequeña, "sin capacidad para asumir la explotación de la fábrica, y cuyos representantes, además, son de dudosa fiabilidad", según los propios denunciantes. Esta empresa, llamada Central Andaluza de Gestión y Suministros Plasticos, S.L. dio, en noviembre, la alta a los 38 afectados en la seguridad, pero apenas duró 20 días porque transcurrido este periodo de tiempo, la entidad volvió a cursar la baja y, además, lo hizo con efecto retroactivo a la fecha del alta.
La situación está en los juzgados, aunque los trabajadores se lamentan de la "lentitud de la justicia", algo que les ha obligado a realizar el encierro para conseguir que Zumosol asuma sus compromisos. Los 38 temen que la empresa quiera eximirse para "no abonar indemnizaciones por despido, ni pagar los salarios que desde el mes de abril de 2021 adeudan".
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