Con una nueva aplicación pretende el Gobierno de España restringir el acceso a contenidos para adultos a los menores de edad. A final de verano estará disponible la primera versión de Cartera Digital Beta, una app que incorporará un sistema de verificación de edad.
La directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, cuenta que se tratará de una credencial "totalmente anónima" que garantizará "de forma fehaciente" que uno es mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra, 'K', que le identificará como mayor de edad.
En esta primera versión es la Secretaría General de Administración Digital la que está proveyendo esta credencial. Para garantizar que la persona es mayor de edad, lo que hace el organismo es leer directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultar los registros administrativos que tiene a su disposición.
Así, el usuario se descargará la 'app' y solicitará que emita la credencial de que es mayor de edad y la aplicación autenticará al usuario mediante DNI electrónico, certificados cualificados o las claves concertadas del sistema Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve móvil o Cl@ve permanente). A partir de los datos recabados en esta autenticación, se realizará una verificación de la edad del ciudadano para finalmente emitir la credencial de mayoría de edad como un lote de 30 credenciales, un número configurable que se irá modificando según necesidades del sistema. Estas credenciales tendrán una caducidad de 30 días y desde Transformación Digital han determinado que como máximo se use tres veces la misma credencial en cada plataforma.
Una vez la tenga en su móvil, podrá entrar en una página de contenido para adultos, donde la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el móvil nuestra credencial de mayoría de edad.
El sistema incorpora una doble autenticación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos. Además, se ha diseñado una arquitectura de gobernanza basada en listas blancas de confianza que permite que los actores del sistema se identifiquen como tales. Así, habrá una lista blanca de plataformas para adultos gestionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, otra lista blanca de 'apps' de verificación gestionada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y una última de emisores de credenciales gestionada por la Secretaría General de Administración Digital.
En un primer momento los sujetos obligados a verificar la mayoría de edad serían las plataformas de intercambio de vídeos establecidas en España, pero Cabanillas ha recalcado que desde el ministerio son "mucho más ambiciosos". En este sentido, ha pedido la colaboración del resto del sector de la industria y ha recalcado la utilidad de este sistema para aplicaciones de mensajería y tiendas virtuales, entre otros.
Por esta parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionará, con la colaboración de otros actores, un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad antes de presentar sus contenidos.
Tal y como ha explicado Cabanillas, esta es "una primera aproximación a la cartera digital española" y está enmarcado en el estándar eIDAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde en octubre de 2027. Para desarrollarla, en el seno de Transformación Digital ha trabajado desde marzo de 2024 en Transformación Digital un grupo con profesionales de varios ministerios e instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros.
Por su parte, Escrivá ha subrayado que la puesta en marcha del sistema de acreditaciones de mayoría de edad forma parte del "más que necesario" gran acuerdo de país que el Gobierno está impulsando para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.